EE.UU. asegura que “la corrupción fue un problema en España” en 2018

EE.UU. afirmó hoy que “la corrupción fue un problema” en España en 2018 y “creó la impresión de impunidad” para los políticos implicados, además de citar la preocupación de algunos grupos sobre la libertad de expresión y el tratamiento a inmigrantes, sin pronunciarse al respecto.

El informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado relativo a 2018 destaca en el caso de España que “no hubo informes de violaciones atroces de derechos humanos” y que el Gobierno español garantizó “en general” las libertades. “En algunas instancias, los funcionarios se implicaron en corrupción y crearon una impresión de impunidad”, indica el documento.

El texto concluye que “la corrupción fue un problema en el país” en 2018 y destaca que en mayo pasado la Audiencia Nacional condenó al entonces gubernamental Partido Popular (PP, centroderecha) por lucrarse a través de una trama corrupta de empresarios y cargos públicos pertenecientes a esa formación.

“Aunque no estuvo directamente implicado, el entonces presidente Mariano Rajoy testificó en el juicio (…). Los lazos con la corrupción y las dudas en cuanto al testimonio de Rajoy llevaron a un voto de no confianza en el Congreso en junio, que culminó en la salida del poder del Gobierno de Rajoy”, señala.

También subraya la condena a algunos políticos del PP en la región de Valencia en junio, incluidos el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa y el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, por “un caso de financiación ilegal del partido”.

En su edición relativa a 2017, el documento indicaba que no existían “informes sobre la existencia de presos o detenidos políticos”, pero este año sí refleja que algunos partidos soberanistas “denunciaron” que algunos de los políticos detenidos -y ahora sujetos al juicio del procés- son “presos políticos”.

“Ni el Gobierno ni ninguna organización no gubernamental de derechos humanos respaldaron esa alegación”, señala el documento, que recuerda, sin embargo, que Amnistía Internacional (AI) ha denunciado “el uso de la prisión preventiva”.

ALD/VAN

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