En Estados Unidos continúa el decomiso de millonarias sumas de dinero a exfuncionarios ecuatorianos, sin embargo, en Ecuador aún se debate sobre la necesidad de contar con una normativa que permita la recuperación de activos.
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En Ecuador la cantidad dinero recuperada de los diferentes casos de corrupción es mínima frente a la que ha logrado obtener el país norteamericano. El exprocurador íñigo Slavador calificaba como ‘migajas’ al dinero recuperado, que se ha desviado de los múltiples casos de corrupción en el país.
Durante su administración se creó una unidad específica para recuperar estas millonarias sumas de dinero, pero por diferentes procesos legales este proceso dentro y fuera del país era más difícil de lo que se esperaba.
Su sucesor Juan Carlos Larrea reveló en la exposición de su plan de trabajo, en octubre del 2022, que lo recuperado, hasta ese periodo, era de 2.5 millones de dólares. «Esa cantidad frente a los montos enormes de los perjuicios por la corrupción es absurda», señalaba.
No obstante, en Estados Unidos donde se investigan casos de corrupción relacionados al Ecuador se logran decomisos millonarios. El último fue a Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, detenido en este país por lavado de activos. A él se le incautaron 13.5 millones de dólares en bienes.
Este decomiso es seis veces mayor a lo que el Estado ecuatoriano había recuperado hasta el año pasado. Por ello, Andrés Ormaza, del Observatorio del Crimen Organizado, cree importante implementar un memorándum macro de decomisos sin condena entre países que tienen un mismo manejo jurídico para seguir activos sin una condena penal.
De igual manera, el especialista en auditoria Mario Andrade considera indispensable crear redes internacionales de seguimiento de dinero para realizar el proceso de forma correcta pues, en muchos casos, los activos no están a nombre de quienes son investigados.
El Procurador del Ecuador prevé trabajar con la normativa existente y buscar más convenios internacionales que permitan recuperar una parte del dinero que la corrupción ha desviado.
Sin embargo, esto se ve truncado por los cuestionados fallos judiciales. En estas sentencias se ha ordenado la devolución de lo decomisado, la reapertura de cuentas congeladas e incluso el pago retroactivo de beneficios, como en el caso Norero, Salcedo y Glas.
