En un comunicado, Blinken de EE.UU., reaccionó a la reforma aprobada el pasado martes por la Asamblea Legislativa, que dicta penas de 10 a 15 años de cárcel por «cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las diferentes agrupaciones o asociaciones criminales terroristas de maras o pandillas».
Antilavadodedinero / 100noticias
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, expresó este domingo su preocupación por la reforma al Código Penal aprobada esta semana en El Salvador, y denunció que abre la puerta a la «criminalización» y «censura» del periodismo en el país.
En un comunicado, Blinken reaccionó a la reforma aprobada el pasado martes por la Asamblea Legislativa, que dicta penas de 10 a 15 años de cárcel por «cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las diferentes agrupaciones o asociaciones criminales terroristas de maras o pandillas».
El titular de Exteriores estadounidense aseguró que dicha enmienda «criminaliza el periodismo sobre ciertas actividades de las pandillas» y «da pie a intentos de censurar a los medios y prevenir las informaciones sobre corrupción y otros asuntos de interés público».
«Los periodistas deben tener la libertad de hacer sus trabajos sin miedo a la violencia, las amenazas o las detenciones injustas», dijo Blinken, quien expresó también su temor de que la reforma se utilice para «silenciar a críticos del Gobierno salvadoreño».
El jefe de la diplomacia estadounidense se mostró preocupado por el «repunte de violencia cometida por las pandillas MS-13 y Barrio 18 en El Salvador» a finales de marzo, que llevó a la Asamblea Nacional a imponer un régimen de excepción en el país.
Esa ola de asesinatos cobró la vida de más de 80 personas y colocó el 26 de marzo como el día más sangriento de la historia reciente del país centroamericano.
«Urgimos a El Salvador a hacer frente a esta amenaza al tiempo que protege las libertades civiles, incluida la libertad de prensa, el debido proceso y la libertad de expresión», recalcó Blinken.
Como consecuencia del régimen de excepción, adoptado a petición del presidente Nayib Bukele, se han suspendido varios derechos constitucionales, entre ellos el de la defensa durante un proceso judicial y la inviolabilidad de las telecomunicaciones para los salvadoreños.
Estados Unidos espera que El Salvador «rescinda ese estado de excepción tan pronto como lo permita la situación», y le preocupa particularmente el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas, aseguró a Efe el pasado miércoles un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
En su comunicado, Blinken subrayó que las pandillas salvadoreñas también amenazan la «seguridad nacional» de EE.UU. y concluyó: «Ahora más que nunca, es esencial extraditar a los líderes pandilleros para que enfrenten la justicia en los Estados Unidos».
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, negó el viernes en una entrevista con la cadena estadounidense Voz de América que una reforma al Código Penal sea una censura a la prensa, y alegó que lo que busca es combatir la «promoción y apología del delito».
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones y generado picos de violencia a través de los años.
