Un informe del Departamento de Estado de EE. UU. señala que Panamá carece de fuertes controles y equilibrios sistémicos que incentiven la rendición de cuentas.
Antilavadodedinero / Telemetro
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el clima de inversión en Panamá señala que, aunque el país tiene una de las economías con mayor crecimiento en la región, las deficiencias estructurales lastran su clima de inversión con altos niveles de corrupción, una reputación de falta de pago por parte del Gobierno, un sistema judicial débil y malestar laboral.
El informe también señala que la presencia de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde junio de 2019 por deficiencias sistemáticas en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo aumenta el riesgo de invertir en el país, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para aumentar la transparencia financiera.
“La corrupción es uno de los desafíos más importantes de Panamá. Ocupó el puesto 105 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional 2021. Supuestas irregularidades de adquisiciones de alto perfil en 2020, incluidas varias relacionadas con la respuesta a la pandemia, contribuyeron al escepticismo público sobre la transparencia del gobierno”, sostuvo el Departamento de Estado de Estados Unidos.
De acuerdo con el reporte, el gobierno panameño carece de fuertes controles y equilibrios sistémicos que incentiven la rendición de cuentas.
“Todos los ciudadanos están obligados por las leyes anticorrupción; sin embargo, según la ley panameña, solo la Asamblea Nacional puede iniciar investigaciones de corrupción contra los jueces de la Corte Suprema, y solo la Corte Suprema puede iniciar investigaciones contra los miembros de la Asamblea Nacional, lo que ha dado lugar a acusaciones de un “pacto de no agresión” de facto entre las ramas”, resaltó el Departamento de Estado.
Además, sostiene que el sistema judicial panameño sufre importantes déficits presupuestarios que continúan afectando todas las áreas del sistema, “el poder judicial todavía lucha por la falta de independencia, un legado de un sistema a menudo politizado para nombrar jueces, fiscales y otros funcionarios”.
Recordó que la constructora brasileña Odebrecht admitió haber pagado B/.59 millones en sobornos para ganar contratos panameños por un valor de al menos B/.175 millones entre 2010 y 2014.
“Panamá cuenta con mecanismos anticorrupción, incluidos programas de protección de testigos y denunciantes y reglas de conflicto de intereses. Sin embargo, el público percibe que las leyes anticorrupción son débiles y no se aplican con rigor, y que los órganos gubernamentales encargados de hacer cumplir la ley y los tribunales no son efectivos para perseguir y enjuiciar a los acusados de corrupción”, dice el informe.
Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció que el Gobierno panameño ha tomado algunas medidas para mejorar el clima de negocios y fomentar la transparencia, como la aprobación de la ley de asociación público-privada (APP) y la ley de contratación pública que se aprobó en mayo de 2020 tiene como objetivo mejorar los procesos de licitación.
