El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (EUA), en su último informe de país, hace graves señalamientos en temas de corrupción y acceso a la información pública en El Salvador y advierte que las investigaciones penales sobre malversación de fondos y de negociación con pandillas que hizo la Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción (CICIES) siguen estancadas. «La ley establece sanciones penales para la corrupción, pero su implementación generalmente se percibe como ineficaz», dice institución.
«Si bien El Salvador cuenta con leyes, regulaciones y sanciones para combatir la corrupción, su efectividad en ocasiones es cuestionable», añade el informe.
Sostiene que las investigaciones penales sobre malversación de fondos y de negociación de pandillas que hizo la CICIES se estancaron cuando la Fiscalía General de la República (FGR) terminó el acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), que avaló el funcionamiento de la CICIES.
“Hemos visto una restricción de información muy fuerte, sobre todo desde la aplicación del régimen, por parte de las instituciones de seguridad y de justicia, que antes sí se compartía a las organizaciones”.
Verónica Reyna, del SSPAS.
Otro punto que destacan es que los escándalos del Estado «son comunes» y que han registrado acusaciones «creíbles de corrupción judicial». En este apartado, habla de las acusaciones contra tres expresidentes, un exfiscal, entre otros exfuncionarios de gobiernos anteriores. Y aunque dice que hay leyes que establecen sanciones penales para la corrupción, «su implementación generalmente se percibe como ineficaz».
Sobre estos señalamientos de corrupción hacia El Salvador, Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), dijo que el informe del Departamento de Estado está alineado a las sanciones que han impuesto a funcionarios de El Salvador en temas de corrupción, donde aún sigue «rampante».
«En cuanto a la ineficacia, es como lo hemos sostenido desde la Funde en nuestro último informe sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y es que no existe una política integral para combatir la corrupción. En ese sentido, las acciones se vuelven ineficaces, no son sistemáticas, no tienen sustento, no tiene proyección para desmontar la corrupción, sino que únicamente son esporádicas, aisladas», aseveró Sandoval.
Sobre la CICIES, dijo que es cierto que las investigaciones no muestran «avances concretos tangibles por parte de la Fiscalía» y que lo último que supieron, de acuerdo con una solicitud de información pública que hicieron sobre las denuncias de la CICIES, es que pudieron constatar que eran denuncias relacionadas al delito de negociaciones ilícitas. Después de eso ya no ha existido ninguna novedad.
Por su parte, Verónica Reyna del Servicio Social Pasionista (SSPAS), dice que cuando el gobierno anunció la creación de la CCIES fue un hecho que llamó la atención de las organizaciones de sociedad civil porque era un proceso que generaba «esperanza de combate a la corrupción, donde se veía una necesidad de profundizar sobre los elementos de corrupción que había en el país y en particular con este tipo de casos no solo del pasado, sino que permitiera prevenir la corrupción en la administración actual».
