La compañía de telecomunicaciones ZTE lleva a cabo en la provincia argentina de Jujuy lo que el gobierno local describe como un proyecto para prevenir la delincuencia y aumentar la seguridad de sus ciudadanos, un programa que ahora es objeto de señalamientos por parte de EE.UU.
En marzo, las autoridades habían sellado con esa empresa china un contrato de 30 millones de dólares para la colocación de unas 600 cámaras de vigilancia en la ciudad de San Salvador, pero Washington manifiesta «preocupación» por que esa tecnología sea usada por Pekín con objetivos de espionaje.
«China recopila y explota datos en una escala incomparable y utiliza la información para promover la corrupción, apoyar la vigilancia arbitraria y silenciar a la disidencia«, aseveró una portavoz de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU., citada por Reuters.
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A finales de mayo, el ministro de Seguridad provincial, Ekel Meyer, calificó como un «importante hito histórico en materia de prevención y seguridad» la instalación de las cámaras y la tecnología asociada, que comprende 300 kilómetros de fibra óptica.
Las autoridades locales prevén que la implementación finalice para el 30 de agosto de 2020, y anticiparon un aumento futuro de la inversión china en Jujuy —una de las provincias más pobres del país sudamericano—, donde además se llevan a cabo otros proyectos de gran escala en colaboración con Pekín.
Al respecto, el periodista Andrés Thomas Conteris considera que este tipo de proyectos violenta la privacidad de los habitantes. «Los gobiernos no tienen el derecho de meterse en la vida política de las personas, en las vidas privadas, monitoreándolos con estas tecnologías que son muy, muy avanzadas», señala el analista.
ALD/RT
