Centroamérica. Un grupo de legisladores demócratas en el Congreso de Estados Unidos demandó este martes que el Departamento de Estado investigue la decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para ciudadanos de El Salvador, Haití y Honduras.
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El pedido de investigación lo encabezaron el senador Bob Menéndez, de Nueva Jersey y el demócrata de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, y el representante Joaquín Castro, demócrata de Texas y presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC) de Estados Unidos.
El TPS ampara a cientos de miles de extranjeros, en su mayoría centroamericanos, que abandonaron sus países como resultado de desastres naturales u otras emergencias.
Mientras estén en un programa TPS, los extranjeros pueden vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos y no son deportados si ingresaron ilegalmente al país.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional hay en el país más de 310.000 extranjeros amparados por TPS y los contingentes mayores son casi 200.000 salvadoreños, 57.000 hondureños y 46.000 haitianos.
En enero de 2019, el Gobierno de Trump anunció que daría por terminado el TPS para salvadoreños, hondureños y haitianos, pero en octubre indicó que extendería el programa hasta enero de 2021, misma fecha que para los ciudadanos de Nicaragua, Nepal y Sudán.
De esta forma, el Ejecutivo dio cumplimiento a fallos judiciales que dieron marcha atrás a la intención de la Casa Blanca de acabar con este beneficio.
Durante décadas, los distintos Gobiernos estadounidenses fueron renovando de manera automática el TPS, pero Trump había decidido acabar con algunos de esos permisos, como parte de su estrategia de endurecer las políticas migratorias.
Un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, divulgado en noviembre, encontró evidencias de que funcionarios con nombramientos políticos del gobierno de Trump, ignoraron intencionalmente las advertencias de que la terminación del TPS para El Salvador, Honduras y Haití representaba un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos y el bienestar de los beneficiarios.
En una carta enviada hoy al Inspector General del Departamento de Estado, Steve Linick, los legisladores demócratas pidieron que se investigue «en qué medida los oficiales con nombramiento político de la Administración Trump en el Departamento de Estado inyectaron consideraciones electorales en el proceso de toma de decisiones del TPS»,
Entre los documentos revelados por el informe del comité senatorial, se encuentran casos específicos funcionarios con nombramientos políticos «que hacen referencia explícita a las elecciones presidenciales de 2020 en sus recomendaciones al Secretario de Estado», agregó la carta.
«La recomendación de estos funcionarios políticos demuestra cómo la Administración Trump favoreció una decisión política predeterminada por encima de la experiencia colectiva del Departamento de Estado, sin tener en cuenta la orientación proporcionada por cualquier otra oficina relevante», concluyeron los legisladores.
