El gobierno de Estados Unidos le pidió a una jueza de California que rechace el pedido de habeas corpus que presentó el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) para frenar su extradición a Perú, donde es requerido por acusaciones de corrupción relacionadas con la constructora brasileña Odebrecht.
Antilavado de Dinero / AP News.
A través del habeas corpus, una persona alega que permanece detenida ilegalmente en busca una nueva oportunidad para presentarse ante un juez o un tribunal.
“Toledo ahora busca volver a litigar tres argumentos que la corte de extradición ya consideró cuidadosamente y rechazó”, expresó la fiscal Stephanie Hinds en un documento de 50 páginas que presentó a la magistrada Laurel Beeler. “Estos argumentos tienen menos mérito aún que antes”, consideró.
Toledo, que permanece en detención domiciliaria, tiene ahora plazo hasta el 16 de diciembre para responder a lo que alegan los fiscales.
Otro juez federal del norte de California, Thomas Hixon, certificó a finales de septiembre la extradición de Toledo, pero el Departamento de Estado tiene la última palabra. Por ahora no se ha pronunciado, y mientras tanto el expresidente presentó el recurso de hábeas corpus para obstaculizar su repatriación.
Este recurso no frena de manera automática la expatriación: el secretario de Estado Antony Blinken podría decidir devolverlo a su país antes de que la justicia termine el proceso, ya que la extradición ya ha sido certificada y no es posible apelarla. Expertos consultados por la AP, sin embargo, han dicho que es probable que eso no suceda.
El habeas corpus extiende los tiempos y hasta podría suceder que un juez diferente al que determinó la extradición considere correcto el alegato de que quien lo ha solicitado, de que ha sido detenido de manera ilegal.
Perú busca la extradición de Toledo desde 2018. El expresidente fue detenido en 2019 en Estados Unidos por ese pedido.
En su pedido de habeas corpus del 28 de octubre, el último de los recursos que interpuso el expresidente para poner en tela de juicio su extradición, Toledo alega que fue detenido ilegalmente y que Perú nunca lo ha acusado formalmente de ningún delito. Según el expresidente, las autoridades peruanas se quedaron en la fase preliminar de la investigación del caso. Además, alega, el acuerdo vigente entre Estados Unidos y Perú prohíbe la extradición de personas que no han sido acusadas formalmente.
Toledo asegura que Perú tampoco ha presentando una Orden de Enjuiciamiento, otro de los documentos requeridos para la extradición. En el hábeas corpus sus abogados aseguran que el expresidente es inocente y que no fue él quien aceptó sobornos de la compañía brasileña Odebrecht sino el fallecido ciudadano israelí Josef Maiman, quien habría recibido el dinero actuando falsamente en nombre de Toledo.
Para los fiscales, Toledo no ha podido justificar su pedido de habeas corpus.
“Toledo no ha podido demostrar que ha sido detenido de manera contraria a la constitución, a las leyes o a los tratados de Estados Unidos”, dijeron los fiscales. “En consecuencia, no tiene derecho a un alivio por habeas corpus”.
Además, sostienen los fiscales, la corte que certificó la extradición encontró que el expresidente sí ha sido acusado de las ofensas por las que se busca su extradición y que están incluidas en el tratado de extradición vigente; Perú ha cumplido con el requisito del documento de acusaciones requerido en el tratado; y las pruebas presentadas por Perú cumplen con los estándares de revisión de evidencias.
Odebrecht admitió a fines de diciembre de 2016 haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África para acceder a más de un centenar de obras multimillonarias, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
