La secretaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU), Janet Yellen, presionará a sus homónimos del G20 durante la reunión que se celebrará esta semana para que establezcan una tasa impositiva mínima global por encima del piso de 15% acordado por 130 países la semana pasada; no obstante, no se espera una decisión hasta las fases futuras de las negociaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señalaron funcionarios del Tesoro estadounidense el martes.
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Yellen está trabajando con el Comité de Finanzas del Senado y con el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara para incluir disposiciones en la ley de conciliación presupuestaria para implementar acuerdos fiscales internacionales, incluida una reasignación de derechos impositivos para grandes multinacionales, dijeron los funcionarios en una rueda de prensa.
A pesar de que 130 países llegaron a un acuerdo la semana pasada, se espera un camino sembrado de riesgos políticos para los países que buscan sellar la iniciativa para elevar los impuestos corporativos globales.
Con la tinta aún fresca en el documento, políticos jubilosos en países con impuestos más altos declararon que lo que el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, denominó como “el acuerdo fiscal internacional más importante en un siglo” pondría fin a la competencia por recaudación fiscal entre los gobiernos.
Por otro lado, se espera que los ministros de Finanzas del G20 respalden el acuerdo en sus reuniones que se llevarán a cabo el viernes y sábado en Venecia, lo que da impulso a una iniciativa global que en junio llevó a los ministros del G7 a apoyar medidas contra los paraísos fiscales.
Las nuevas reglas que surgen del pacto de la OCDE están programadas tentativamente para entrar en vigor en el 2023, sin embargo, para que eso suceda, los países deben elaborar los detalles restantes para octubre a fin de que los códigos tributarios puedan revisarse el próximo año, y algunos signatarios, incluidos India y Suiza, ya expresaron reservas.
Lo anterior sugiere que la expectativa de una implementación en el 2023 podría ser demasiado optimista, dado que muchos países tardaron años en ratificar una enmienda anterior de menor alcance a los tratados fiscales internacionales.
Legislación en la UE
En la Unión Europea (UE), el bloque comercial más grande del mundo en términos de riqueza del consumidor, el mejor vehículo para hacer cumplir las reglas sería mediante una legislación conjunta.
No obstante, como todas las decisiones fiscales en la UE, esto requeriría el respaldo unánime de los estados miembros, y ninguno de los países con bajos impuestos —como Estonia, Hungría e Irlanda— apoyó el acuerdo de la OCDE.
“Habrá presión sobre los tres países restantes para que cambien de posición”, dijo una fuente cercana a las negociaciones fiscales.
G20 dará respaldo
Por su parte, el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, señaló que sus pares del G20 se encaminan a dar un respaldo político a una propuesta de reforma sobre cómo se gravan los impuestos a las empresas multinacionales durante la próxima reunión.
“Ahora debemos llegar a un acuerdo político basado en el acuerdo técnico alcanzado por el grupo directivo de la OCDE”, comentó Le Maire a periodistas.
Los detalles clave sobre una tasa impositiva corporativa mínima global propuesta y las exenciones del acuerdo tendrán que ser aclarados antes de octubre, fecha en la que se llevará a cabo la reunión de otoño del G20, agregó el funcionario galo.
Además de los aspectos técnicos que quedan por resolver, existe una serie de posibles escollos políticos antes de que la revisión pueda entrar en vigor según lo planeado en el 2023.
Ya que uno de esos problemas es la idea de la Comisión Europea (CE) para proponer este mes un impuesto al servicio digital que crea el riesgo de un posible enfrentamiento con Washington, que ya considera que un impuesto nacional al servicio digital existente en algunos países europeos discrimina a las empresas estadounidenses de Silicon Valley.
