El expresidente Alejandro Toledo continuará afrontando el proceso de extradición en su contra por el caso Odebrecht, luego de que el juez Thomas Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, en Estados Unidos, rechazara su petición para denegar dicho procedimiento a causa de un tecnicismo legal.
Antilavadodedinero / RPP
La defensa del exmandatario sostuvo que los artículos I y IV del tratado exigen que Perú haya presentado cargos de manera formal para poder pedir la extradición de un acusado, y que eso no había ocurrido.
Sin embargo, el magistrado determinó en su resolución que “el lenguaje simple del tratado (de extradición entre Perú y Estados Unidos) no parece que imponga límites técnicos a la manera cómo el estado presenta cargos contra una persona”.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html
En esa línea, el juez indicó sostuvo que la Corte encontró que sí se presentaron cargos contra Toledo y que esos documentos fueron incluidos en la petición de extradición. También dijo que esta es la misma interpretación que los tribunales en ese país siguieron en casos similares de extradición.
Postura del juez ante la defensa
Durante la vista de la solicitud, que se realizó de forma virtual, Hixson ya se había mostrado escéptico sobre los argumentos del abogado del exmandatario, Graham Archer, y puso en duda tanto su interpretación del tratado de extradición, además de la validez de los precedentes a los que este recurrió para justificar su postura.
«La jurisprudencia indica que la Justicia de EE.UU. no debe entrar en valoraciones sobre los sistemas judiciales de otros países«, dijo Hixson a Archer cuando este le pedía que determinara si Perú presentó formalmente o no cargos contra el exmandatario.
Pese al aparente rechazo del magistrado durante la audiencia, Archer se mostró muy beligerante en este campo e insistió en que «en los últimos tres años, todo lo que hubo (contra Toledo) es una investigación» y que las autoridades peruanas «emitieron una petición de extradición prematura». Vistas las reticencias del juez con estos argumentos, el abogado llegó a adelantar que si este no les daba la razón -como finalmente ha ocurrido-, apelarían la decisión.
Investigación
Toledo es investigado por presuntamente haber recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña con proyectos. Según la Fiscalía, el dinero lo recibía mediante el empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien luego habría ingresado ese dinero en cuentas en Costa Rica, entre ellas de la empresa Ecoteva, fundada por la suegra del expresidente.
Maiman, quien reside en Israel, aceptó a fines del año pasado ser colaborador eficaz de la Fiscalía peruana, tras haber declarado que prestó las cuentas de sus empresas para recibir unos 35 millones de dólares de Odebrecht para Toledo.
Por ese motivo, el expresidente está imputado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, y desde febrero de 2017 tiene una orden de captura internacional y un mandato de 18 meses de prisión preventiva.
