Entre el periodo del tercer al último año del sexenio de Enrique Peña Nieto y del primero al segundo de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Estados Unidos registró y confirmó el origen de venta y de manufacturación de 2 millones 475 mil armas recuperadas en escenarios de crímenes en México.
Antilavadodedinero / Diariodecoahuila
“El resultado del rastreo de armas de fuego se sustenta en la identificación de los proveedores a petición de México”, indica un documento del gobierno de Estados Unidos obtenido por Proceso.
En contraste, un expediente del gobierno de López Obrador, obtenido también por este semanario, establece que en un periodo de siete años las autoridades del país aseguraron 40 mil 438 armas de fuego.
Las estadísticas oficiales de ambos gobiernos son un indicador irrevocable del torrente imparable y creciente del trasiego ilegal de armas de fuego de gran calibre procedente de Estados Unidos, de las cuales la mayoría son de manufacturación estadounidense.
Seguimiento dudoso
El Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió el documento titulado Data del rastreo de armas: México-2015-2020, donde revela el número de armas usadas en delitos en ese periodo.
El ATF aclara en la desclasificación de las cifras que “no constituyen un ejemplo aleatorio y no deben ser consideradas como representativo del gran universo de todas las armas usadas (en México) por criminales”.
En otra aclaración, el ATF explica que el rastreo que llevó a cabo empezó en la armería en la que se vendió la pistola, el rifle o la escopeta, pero que las fuentes para la búsqueda no necesariamente representan los métodos generales de adquisición del armamento utilizado en un crimen.
La dependencia estadunidense, a pedido de las autoridades mexicanas, determina por medio del Centro Nacional de Rastreo (NTC) el origen de venta y manufacturación de las 2 millones 475 mil armas recuperadas en escenarios de crimen.
En el año fiscal 2015 el ATF “rastreó en México más de 364 mil armas de fuego; en 2016, más de 364 mil; en 2017, más de 400 mil; en 2018, más de 425 mil; en 2019, más de 438 mil y en 2020, más de 484 mil”.
Los folios del ATF marcan anualmente en el periodo de 2015 a 2020 una clara tendencia de incremento en el rastreo de armas de fuego, que abarca solamente el arsenal recuperado en escenas de crimen, lo cual excluye a otros armamentos que no fueron ni asegurados ni confiscados.
Respecto al origen y manufacturación de las armas, lo cual se obtiene por medio del NTC con el número de registro de la pistola, rifle o escopeta, el ATF en este informe se refiere únicamente al periodo que va del año fiscal de 2015 a 2018.
Del total de armas rastreadas e identificadas por el ATF, “51% son de manufactura estadunidense, las utilizadas en escenarios de crimen durante 2015, 50.2% en 2016, 50.6% en 2017 y 50.7% en el año fiscal 2018”.
La dependencia del Departamento del Tesoro aclara que los porcentajes restantes durante ese periodo corresponden a armas de fuego de las que no pudo rastrear el origen de venta ni de su manufacturación, no obstante que se trata de arsenal de importación “ilícita” en México.
De todas las armas rastreadas por el ATF en el ciclo de seis años, en el año fiscal 2015 el 46.5% correspondió a pistolas, 13.6% a revólveres, 31.5% a rifles, 5.7% a escopetas y 2.7% a otros tipos de armamento. En los años posteriores las variaciones son menores.
“La categoría de otros armamentos se refiere a ametralladoras, dispositivos destructivos, pistolas de calibre pequeño, lanzadores de bombas de gas lacrimógeno, silenciadores, pistolas de señalamiento y otros armamentos”, aclara el documento del ATF.
La información de México indica cifras mucho menores de armas aseguradas. Tomando como fuentes a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la de Marina y a la Guardia Nacional, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señala que entre 2016 y 2021 se aseguraron más de 41 mil armas.
El documento, actualizado al 20 de diciembre de 2021, precisa: en 2016 el aseguramiento por parte de las autoridades mexicanas fue de “3919; en 2017 de 5505; del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018 de 4987; del 1 al 31 de diciembre de 2018, 695; en 2019, 9664; 2020 fue de 9646, y del 1 de enero al 20 de diciembre del año pasado, 7022”.
Más incautaciones
Indica que hasta el pasado 20 de diciembre y en lo que va de la presidencia de López Obrador se aseguraron 26 mil 27 armas de fuego, de las cuales 18 mil 218 proceden de Estados Unidos y 70% fueron manufacturadas también de ese país.
El SESNSP agrega que en 2016 se aseguraron 381 granadas, 535 en 2017, 366 en 2018, 469 en 2019, 599 en 2020 y 663 hasta el 20 de diciembre pasado; lo que hace un total de 3 mil 13.
Sobre el aseguramiento de cartuchos las cifras son: 575 mil 238 en 2016, 737 mil 98 en 2017, 737 mil 868 del 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2018; 123 mil 222 del 1 al 31 de diciembre de 2018, 106 mil 758 en 2019, 1 millón 605 mil 751 en 209 y en 2021, 791 mil 60.
Los datos que ofrecen las dependencias federales del gobierno de Estados Unidos y de México evidencian que el epicentro de la problemática del trasiego ilegal de armas que corre de norte a sur entre las dos naciones se ubica en armerías y fábricas de la Unión Americana.
Otro documento elaborado por el ATF y actualizado hasta junio de 2021 reporta que “entre las 50 entidades federativas, distritos y territorios de Estados Unidos hay 133 mil 716 armerías y/o distribuidores de armas de fuego y municiones”.
De entre los estados, distritos y territorios con mayor número de armerías y/o distribuidores de armas de fuego y municiones están “Texas, que cuenta con 11 mil 164; California, 8 mil 878; Florida, 7 mil 285; Pensilvania, 6 mil 279 y Virginia con 4 mil 107”, según el ATF.
En el documento sobre el número de armerías y/o distribuidores de armas de fuego y municiones en Estados Unidos, arroja otros dos datos que ayudan a entender la creciente dimensión de la cultura de las armas entre la sociedad de ese país.
Entre el año fiscal 2005 a 2020, el ATF manifiesta una tendencia anual a la alza del procesamiento de solicitudes de personas sin licencia federal que piden modificar armas de fuego por medio de las formas conocidas como NFA.
