El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este lunes la designación de cuatro ciudadanos costarricenses y dos entidades con sede en Costa Rica por supuesta participación en el tráfico internacional de drogas y en operaciones de lavado de dinero.
La medida, resultado de una investigación conjunta con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Fiscalía General de Costa Rica, implica el bloqueo de bienes y activos en territorio estadounidense, así como la prohibición de que personas y empresas en ese país realicen transacciones con los sancionados.
Un corredor estratégico de la cocaína
De acuerdo con el Tesoro, Costa Rica se ha consolidado como un punto clave de transbordo para la cocaína proveniente de Sudamérica, que se dirige principalmente a Estados Unidos y Europa. Solo en ese país, la droga fue responsable de más de 22.000 muertes por sobredosis en los 12 meses previos a octubre de 2024, muchas veces asociadas a mezclas con fentanilo.
“El narcotráfico está envenenando a los estadounidenses y aumentando la inseguridad en nuestras comunidades”, señaló John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Las sanciones de hoy apuntan a actores claves en el transporte de drogas hacia Estados Unidos. Seguiremos trabajando estrechamente con Costa Rica y nuestras agencias de seguridad para interrumpir estas redes criminales”.
Ex viceministro entre los señalados
Entre los sancionados figura Celso Manuel Gamboa Sánchez, exviceministro de Seguridad Pública, quien según la OFAC habría utilizado sus contactos en el gobierno para vender información sobre operativos antidrogas y facilitar el paso de cargamentos de cocaína. Gamboa habría sobornado a policías y funcionarios, además de lavar dinero a través de su bufete de abogados y del club de fútbol Limón Black Star FC, ambos incluidos en la lista negra de la OFAC.
Junto a él fueron designados:
Edwin Danney López Vega, alias “Pecho de Rata”, considerado el principal proveedor de droga para la red de Limón.
Alejandro Antonio James Wilson, señalado de contrabandear cocaína a través del puerto de Moín con la ayuda de funcionarios corruptos.
Alejandro Arias Monge, fugitivo más buscado del país, relacionado con tráfico de drogas, robos y homicidios en la provincia de Limón. Por él, el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta $500.000 bajo el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional.
Extradiciones y captura
El pasado 23 de junio, la policía costarricense detuvo a Gamboa y López en cumplimiento de una solicitud de extradición de Estados Unidos, luego de que en mayo entrara en vigencia una reforma constitucional que permite enviar a ciudadanos costarricenses acusados de narcotráfico o terrorismo a ser juzgados en el extranjero.
Según la investigación, Gamboa habría facilitado el envío de cocaína valorada en decenas de millones de dólares desde Colombia hasta Estados Unidos y Europa. También habría tejido una red de lavado de activos mediante sociedades y negocios en Costa Rica.
Violencia ligada al narcotráfico
El informe del Tesoro subraya que el narcotráfico es uno de los principales motores de la violencia en Costa Rica. El año 2024 cerró como el segundo más violento en la historia del país, mientras que los datos de 2025 apuntan a cifras similares. La provincia de Limón concentra la mayor parte de los homicidios, en gran parte vinculados a disputas entre organizaciones criminales por el control del puerto de Moín y sus alrededores.
En noviembre de 2023, la OFAC ya había sancionado a Gilbert Hernán de Los Ángeles Bell Fernández, identificado como uno de los narcotraficantes más prolíficos de Limón y pieza clave en el establecimiento del país como centro de tránsito de drogas.
Alcances de las sanciones
Con esta designación, todos los bienes e intereses de los implicados en territorio estadounidense quedan bloqueados, y se prohíbe a ciudadanos o empresas de ese país realizar transacciones con ellos. Las instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones para los sancionados también podrían enfrentar medidas restrictivas.
La OFAC recordó que las sanciones buscan generar un cambio de comportamiento y no tienen como fin último castigar, por lo que las personas incluidas en la lista pueden solicitar su exclusión mediante un proceso legal establecido.
Con esta nueva acción, el gobierno de Estados Unidos reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades costarricenses para frenar el narcotráfico y el lavado de dinero que alimentan la violencia en la región.
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