Estados Unidos incluyó el lunes a cinco jueces del máximo tribunal de El Salvador y a dos altos funcionarios de Guatemala en una lista de personas que socavan la democracia, en busca de enviar un claro mensaje de que no tolera la corrupción ni a quienes la alientan.
Antilavado de dinero / The San Diego Union-Tribune.
Los integrantes de esa lista no pueden obtener visa para viajar a Estados Unidos ni ingresar al país en caso de que la tengan desde antes.
Entre los funcionarios salvadoreños aparecen cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Elsy Dueñas De Aviles, Oscar Alberto López Jerez, Héctor Nahun Martínez García, José Ángel Pérez Chacón, y Luis Javier Suárez Magaña, dijo el Departamento de Estado.
En el caso de Guatemala se trata de la actual fiscal general María Consuelo Porras y del secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila.
“Estados Unidos seguirá usando las herramientas que tiene a su disposición para promover la rendición de cuentas por los ataques contra las aspiraciones democráticas del pueblo de Centroamérica”, expresó el secretario de Estado, Antony Blinken, en una declaración escrita. “Continuaremos asociándonos con funcionarios gubernamentales que demuestren su dedicación a combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática”, dijo.
Entre los ataques a la democracia y a medidas anticorrupción de los cinco jueces de la Cámara Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, Estados Unidos señaló que aceptaron ser nombrados en sus puestos de manera directa por la Asamblea Legislativa en un proceso que pareciera haber transgredido la constitución de su país.
“Los cinco magistrados previos fueron removidos abruptamente sin una causa legítima” después de que el 1 de mayo asumió la nueva legislatura, explicó el Departamento de Estado. Dijo que tras asumir en sus puestos, los nuevos jueces “socavaron el proceso democrático o instituciones” al aprobar una controvertida interpretación de la constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una expresa prohibición de la constitución a dos mandatos consecutivos.
