El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos han anunciado este jueves sanciones contra el comandante del Ejército de Birmania, el general Min Aung Hlaing, que lideró el golpe de Estado en el país asiático, así como a otros nueve oficiales y a tres empresas que están vinculadas con las Fuerzas Armadas birmanas.
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Además de estas sanciones, Estados Unidos se está preparando para «tomar medidas adicionales si el Ejército de Birmania no cambia de rumbo», ha advertido la secretaría del Tesoro, Janet Yellen.
En este sentido ha subrayado que «si hay más violencia contra los manifestantes pacíficos, el Ejército birmano encontrará que las sanciones de hoy serán solo las primeras».
Las sanciones del Tesoro, destaca un comunicado del departamento, «se dirigen específicamente a quienes desempeñaron un papel de liderazgo en el derrocamiento del Gobierno democráticamente elegido de Birmania», tras incidir en que «no están dirigidas al pueblo de Birmania».
Yellen ha coincidido con las palabras del presidente estadounidense, Joe Biden, y ha indicado que «el golpe del 1 de febrero fue un asalto directo a la transición de Birmania a la democracia y el estado de derecho».
En el comunicado, se especifica además que Hlaing ya fue designado en 2019 por su papel como líder de las fuerzas militares de Birmania, una entidad que ha participado en «graves abusos contra los Derechos Humanos bajo su mando». Este también es el caso del comandante en jefe adjunto de las fuerzas militares birmanas, Soe Win, sancionado tanto ahora como en 2019.
Entre los otros sancionados está el ministro de Defensa de la junta militar, el general Mya Tun Oo, el titular de Transporte y Comunicaciones, el almirante Tin Aung San, y el teniente general Ye Win Oo, entre otros.
Por su parte, el Departamento de Estado ha especificado que las sanciones designan a «seis oficiales militares actuales y anteriores que lideraron el golpe, así como a cuatro miembros del Consejo Administrativo Estatal recién establecido y tres entidades comerciales que son propiedad o están controladas por los militares».
Este departamento también ha hecho hincapié en que las sanciones «no tienen como objetivo la economía ni el pueblo de Birmania», y que han hecho «todo lo posible para asegurarnos de que no contribuimos a la difícil situación humanitaria del pueblo birmano».
El secretario de Estado, Antony Blinken, destaca a través del escrito del departamento que «ha sido un golpe» y que no se quedarán «de brazos cruzados».
Estas designaciones son de conformidad con la orden ejecutiva firmada este jueves por Biden, en la que ha se decreta la «emergencia nacional» por la crisis política abierta en Birmania.
Con estas designaciones, se autoriza el bloqueo de los activos que las personas y entidades señaladas puedan tener bajo soberanía norteamericana. «El Gobierno de Estados Unidos está dando pasos para prevenir que los generales tengan acceso indebido a los mil millones de dólares de fondos del Gobierno birmano depositados en la nación norteamericana», declaró Biden el miércoles.
El Ejército de Birmania asumió el poder el 1 de febrero y declaró el estado de emergencia durante un año tras detener a los principales dirigentes del país.
El golpe llegó tras las recientes tensiones a raíz de las elecciones generales de noviembre, en las que tanto la oposición como el Ejército han denunciado posibles irregularidades, aunque sin presentar pruebas.