El Gobierno de Estados Unidos y el de Panamá pactaron un acuerdo para el intercambio de información financiera que permita fortalecer investigaciones e instruir procesos penales de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, delincuencia económica transnacional y corrupción pública internacional.
Antilavadodedinero / Laestrella
La información se desprende un Memorándum de Entendimiento suscrito entre el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, Ryan D. Rowlands, y Juan Pino, ministro de Seguridad, avalado por Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas; Amauri A. Castillo, superintendente de la banca panameña; Eduardo Ulloa Miranda, procurador general de la Nación; y David Saied Torrijos, director de la UAF como coadyuvantes del acuerdo.
El documento, al que tuvo acceso La Estrella de Panamá, establece que ambos gobiernos han llegado a un mutuo entendimiento para la conformación de un equipo de trabajo que combata estos delitos.
La base jurídica de este acuerdo es la Enmienda 21, de la Carta de Acuerdo de 2009, que establece que los gobiernos prestarían asistencia a los fiscales y funcionarios encargados de la aplicación de la ley.
De acuerdo con el Memorádum, el grupo de trabajo estaría conformado por personas capacitadas y asesoradas por agencias que aplican la ley estadounidense para realizar investigaciones y procesos judiciales de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y corrupción en Panamá.
“El equipo de trabajo tiene por objeto promover el imperio de la ley y facilitar el intercambio de información como se describe en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción”, cita textualmente el documento.
La intención es fortalecer la capacidad del Gobierno panameño para realizar investigaciones unilaterales sobre temas penales.
“Los enfoques principales se centrarán en la realización de investigaciones de lavado de dinero no relacionado con droga que identifiquen tanto la corrupción empresarial como pública. Y otros delitos procedentes del blanqueo de capitales como la defraudación fiscal”, explica el Memorándum.
Se trata de una unidad sensitiva compuesta por agencias del Gobierno panameño con responsabilidades investigativas y en los procesos penales de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, delitos económicos transnacionales y la corrupción.
Las agencias del Gobierno panameño identificadas como miembros fundadores de la unidad son la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el Ministerio Público (MP), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).
El Gobierno estadounidense dotará de los equipos, recursos, capacitaciones y conocimientos especializados para cumplir con la misión.
El pacto establece que las actividades de cooperación estarían enfocadas en detectar posibles delitos que atenten contra la seguridad y el sistema financiero en EE.UU. y Panamá.
Para tales propósitos se ofrecerá asistencia para el desarrollo de capacidades y desarrollo profesional. También realizarán operaciones coordinadas y se fortalecerán las redes de cooperación entre ambos países. A esto se le suma el intercambio de información.
Para la efectiva aplicación de este acuerdo entre EE.UU. y Panamá, ambos participantes se comprometen a proteger cualquier información proporcionada para evitar el acceso o la divulgación no autorizada de la misma. Y cumplirán con cualquiera de los términos impuestos por uno o el otro país con relación a dicha información.
Los participantes del acuerdo reconocen la importancia de desarrollar capacidades sólidas de inteligencia criminal, que ofrezcan las oportunidades para el intercambio de la información.
El Memorándum establece que entra en vigor a partir de la fecha de la firma del documento.
