Un documento desclasificado del Departamento de Estado vincula a altos funcionarios del Ejecutivo salvadoreño de Nayib Bukele y a otros políticos del país centroamericano con corrupción y narcotráfico, según reportaron este lunes diversos medios locales.
Antilavadodedinero / univision
El Faro, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica dieron cuenta del extracto de un informe desclasificado el 4 de mayo pasado que señala los nombres de «altos funcionarios del gobierno de los que se presume de forma creíble que han cometido o facilitado la corrupción o el tráfico de estupefacientes».
Entre los señalados se encuentra la jefa del Gabinete de Bukele, Carolina Recinos, una de las funcionarias más cercanas al mandatario salvadoreño.
El documento, del que El Faro divulgó una copia en las redes sociales, señala que Recinos estaría involucrada en «importantes actos de corrupción durante su mandato».
También señala que Rogelio Rivas, separado del cargo de ministro de Seguridad a mediados de marzo pasado, habría adjudicado contratos a una empresa de su propiedad para la construcción de delegaciones de la policía y otras edificaciones que dependían de su cargo y con los costos inflados.
Entre los señalados de posibles actos de corrupción también se encuentra Guillermo Gallegos, diputado y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa e influyente líder del partido que llevó a Bukele a la Presidencia en 2019, la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
El documento dice que Gallegos «ha estado vinculado a casos de corrupción como la contratación de familiares en la institución, entrega de fondos públicos a una ONG dirigida por su esposa, o el cobro de viáticos por viajes no realizados».
De igual forma, el reporte da cuenta de José Luis Merino, un exviceministro de Relaciones Exteriores, exguerrillero y uno de los principales líderes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
A pesar de ser miembro del partido que expulsó a Bukele en 2017, Merino fue señalado en septiembre de 2020 en un informe del consultor y periodista estadounidense Douglas Farah de mantener vínculos con el Gobierno Bukele.
En julio de 2016, el ex fiscal general Douglas Meléndez (2015-2018) reveló que Merino, conocido como «Ramiro» durante la guerra civil (1980-1992), era investigado desde 2014 por supuestamente traficar drogas y armas con la guerrilla colombiana FARC.
Otro de los señalados es Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa por el FMLN y procesado actualmente bajo cargos de corrupción.
Este listado es parte de del «anexo del reporte de 90 días de oficiales corruptos en El Salvador, Honduras y Guatemala transmitidos al Congreso en abril de 2021», de acuerdo con los reportes de prensa y la copia difundida.
«Sin aludir a un reporte particular o personas específicas, la Embajada de los Estados Unidos tiene conocimiento que el informe fue remitido al Congreso. Es una comunicación privada, no pública, entre el Departamento de Estado y el Congreso», indicó Anaida Haas, portavoz de la embajada, citada por la agencia Efe.
La lista de funcionarios salvadoreños señalados fue enviada al Congreso estadounidense el mismo día en que la vicepresidenta Kamala Harris se reunió con cinco representantes del Caucus Hispano para discutir propuestas de acción para el combate de la migración desde el Triángulo Norte, refirió el diario El Faro.
Desde la llegada de la administración Biden en enero, Washington ha insistido en señalar la corrupción gubernamental como uno de los principales factores estructurales que impulsan la migración en Centroamérica.
Bukele se defiende atacando
A preguntas de la prensa internacional sobre algún comentario sobre la lista, a través de la aplicación de WhatsApp, un enlace de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno compartió un tuit del presidente Bukele relacionado con los supuestos actos de corrupción de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
«Dicen los ‘amigos’ que ya revisaron bien todos los archivos e información que tienen y que en ARENA no hay corruptos, NI UNO SOLO», publicó en Twitter Bukele en tono irónico, sin referirse directamente al listado.
Añadió: «Que tal vez vuelvan a revisar en el futuro, pero que creen que todos son santos. Por eso es que insisten que los regresemos al poder, por santos».
Más adelante, el presidente salvadoreño vinculó los reportes con el multimillonario George Soros, sin dar mayor explicación.
«Vean los nombres de quienes publican, quienes lo promueven, los medios que lo retoman, los que lo comparten, son los mismos, los esbirros de @georgesoros. Ya conocemos su manual y ya sabemos cómo vencerlo», tuiteó.
«La agenda está clara: No les funcionó lo de ‘Dictador’, al contrario, a la gente le dio risa esa idea tan absurda. Ahora vienen con otra agenda, pero cometen el GRAVÍSIMO ERROR de proteger a los que todo el pueblo sabe que son los mayores corruptos de nuestra historia», escribió Bukele en otro tuit.
Las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos se deterioraron desde que Donald Trump, a quien Bukele consideraba «nice and cool», dejó la Casa Blanca.
Las tensiones se incrementaron después de que el pasado 1 de mayo, la Asamblea Legislativa controlada por el partido de Bukele destituyó al fiscal general Raúl Melara y a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Justo, el documento desclasificado del Departamento de Estado se conoce cuando el senador demócrata Patrick Leahy, acusó al presidente Bukele de ejecutar “acciones dictatoriales” que representan un desafío directo a los Estados Unidos de América y al énfasis de la administración Biden “en la democracia, derechos humanos y el combate contra la corrupción en la región”.
Leahy recordó en un duro comunicado que el presidente intimidó a la Asamblea Legislativa del país con soldados armados dentro del recinto “para demandar la aprobación de un préstamo internacional cuyo objetivo era la compra de un nuevo equipo militar”.
“El presidente Bukele es consciente de que sus acciones dictatoriales son un desafío directo a Estados Unidos y al énfasis del gobierno del presidente Biden en la democracia, los derechos humanos y el combate contra la corrupción en la región”, destacó el senador.
