El procurador Jorge Ramírez explica los detalles de cómo se elaboró el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht junto a la Fiscalía. A dos días de la interpelación del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en el Parlamento, Ramírez sostiene que el ruido político podría traer efectos negativos para la labor de la Procuraduría: desincentivar la colaboración eficaz de otras empresas investigadas.
¿Cuál es el rol de la Procuraduría en los acuerdos de colaboración eficaz?
Fijar el monto de la reparación civil. Este se basa exclusivamente en los hechos y delitos reconocidos por el colaborador y que la Fiscalía acepta. En el caso Odebrecht, los hechos están relacionados a cuatro obras: Tren Eléctrico, Tramo 2 y 3 de la carretera Interoceánica, las obras en la Costa Verde y Vía Evitamiento del Cusco. No se puede medir la reparación civil más allá de esos proyectos.
Cuando OAS hizo su solicitud de colaboración, ¿eso fue aprobado por la Fiscalía?
Efectivamente, el que tiene la facultad de aceptar o rechazar el pedido es la Fiscalía, no la Procuraduría.
¿Cómo se calculó el monto de la reparación civil que pagará Odebrecht ?
En base a la fórmula que establece el reglamento de la ley 30737.
¿Eso qué significa?
Se estableció una fórmula matemática que se basa en los siguientes criterios. El primero es la utilidad de la empresa en el proyecto, luego el porcentaje de participación de la empresa en el proyecto, la capacidad de pago, la gravedad de la pena a imponerse y el grado del funcionario público…
Se dijo que Odebrecht estaba en quiebra y que si no firmaba el acuerdo, se iba del país con sus pruebas…¿Cómo saber si eso es cierto?
Aquí hay un asunto bien particular porque hemos tomado decisiones en base a los estados financieros auditados. Esto ha sido analizado por nuestros expertos de la Procuraduría. Luego está la cláusula de la revocatoria en el acuerdo.
¿A qué se refiere?
Si presentan información falsa, el acuerdo se revoca. El problema es que hacer público los estados financieros es violar la reserva de la información que estaríamos correr el riesgo de generarle un pánico a los acreedores de la empresa.
¿Cómo corroborrar la veracidad de las cifras presentadas por Odebrecht?
En una reunión en la embajada de Estados Unidos, la Fiscalía de dicho país nos refirió que antes de llegar a su acuerdo también evaluaron la situación economíca de Odebrecht. Los evaluaron durante seis meses. Ellos determinaron que la corporación Odebrecht, matriz en Brasil está en una crisis financiera. A partir de eso, vieron cuánto Odebrecht podría pagar en el acuerdo y cómo se los podían pagar.
¿Cómo usaron esa información para el Perú?
Entonces se evaluó la información en Perú por nuestros técnicos, pero además con la experiencia americana. Así se corroboró que la situación financiera de Odebrecht era crítica.
Algunos congresistas piden que se embargue todo el patrimonio de la empresa…
La finalidad de los procesos de colaboración eficaz de las empresas, no es quebrarlas. Es un proceso de compliance para que no vuelva la compañía a estos hechos. A nivel internacional, por ejemplo, conversé con uno de los fiscales americanos que participo en el acuerdo de Odebrecht en Estados Unidos y fue muy tajante en decir que a ellos no les interesaba quebrar a la empresa, si no que estas dejen de cometer actos de corrupción, paguen la multa y que enmienden su actitud.
¿Los exdirectivos que están declarando siguen trabajando para Odebrecht?
No sé la relación que tienen con Odebrecht. Lo que sé que la gran mayoría ya salieron de la empresa y el control de la misma no está en manos de Marcelo Bahía Odebrecht, son otros ejecutivos. Están bajo la supervisión constante de autoridades americanas si están cumpliendo su proceso de compliance.
Yeni Vilcatoma señala que en el acuerdo que se firmó con el fiscal Hamilton Castro se incluía a Rutas de Lima…
El convenio preliminar firmado el 4 de enero del 2017 no señala eso. Es más, no hay un reconocimiento expreso de un delito sino que se somete la empresa a brindar toda la información.
¿El fiscal Castro no firmó otro acuerdo?
De lo que yo conozco, es solo el acta de convenio preliminar del 2017. No me consta que haya otro acuerdo.
¿Qué dicen esos acuerdos?
En este documento se hace referencia a la admisión de responsabilidad penal de la empresa. En ellos todavía no se detalla ningún delito en específico.
¿Por qué no se incluyó a la IIRSA Norte en el acuerdo si habría llegado información de Suiza que evidenciaría un soborno por más de US$ 9 millones?
Incluso se dice que esto habría llegado antes de la fecha de la firma del convenio…En principio, este es un acuerdo de culpabilidad como ha referido el fiscal Rafael Vela.
¿Esto qué significado tiene?
Según el Ministerio Público, no se puede obligar a las empresas a reconocer delitos en hechos en los que no reconoce. Tengo entendido que si más adelante se revela una prueba de comisión de otros delitos no reconocido por Odebrecht, el Ministerio Público impulsará la litigación para hallar a los responsables, inclusive directivos de Odebrecht que no hayan admitido responsabilidad.
¿La Fiscalía está investigando la Interoceánica norte?
Tengo entendido que sí, eso es competencia exclusiva del Ministerio Público, más no de la Procuraduría. Lo que podemos hacer es que a partir de las investigaciones que se sigan por este caso, constituirnos en parte civil para cobrar la reparación civil en este nuevo proceso penal que se podría iniciar por esta información. Por parte nuestra, hemos presentado una denuncia por el caso de la interoceánica norte
¿De qué tipo?
Penal, pero esto está en investigación y en este momento si no es admitido de manera voluntaria por la empresa, bueno como dice el Ministerio Público, aquí los hechos no reconocidos por la empresa, entran al campo de la litigación.
¿Quién tiene que admitir la denuncia?
La Fiscalía.
¿Ya han calculado la reparación civil por la Interoceánica Norte?
Todavía no, está en evaluación.
¿Qué labor tiene ahora la Procuraduría tras la suscripción del acuerdo de colaboración y fijar la reparación civil?
El proceso de colaboración eficaz inicia con la solicitud del colaborador. Luego inicia la corroboración de los hechos, revisar las pruebas del colaborador, se calcula la reparación civil, se firma el acta final, y luego el acuerdo se presenta a un juez para su aprobación.
¿La jueza que revise el acuerdo puede sugerir cambios?
Observaciones. La ley dice que cuando el acuerdo llega al control de legalidad el juez puede aprobar o desaprobar el acuerdo.
¿Hay antescedentes de ello?
La ley no considera aprobaciones parciales. Lo que sucede en la práctica, como ocurrió con el caso Chacas – San Luis, esto se tiene que observar, se devuelve, se hacen las correcciones del caso y se presenta de nuevo. Ahí tienes dos opciones: haces caso a la jueza y subsanas o si no te parece, puedes apelar a una instancia superior.
¿El acuerdo es extenso?
Este es un acuerdo complejo, el acta del conviene tiene más de 1,050 hojas. Los anexos son algo de 500 tomos.
¿En cuánto tiempo se estima que la jueza pueda tener un fallo al respecto?
En el caso de Chacas demoró tres meses y era solo una obra.
En las declaraciones de febrero se habló de más sobornos. Por ejemplo, en la Interoceánica Sur se habría pagado US$ 45 millones ¿eso significaría un recalculo de la reparación civil?
No. Nosotros no nos guiamos por la fórmula del duplo del soborno, sino en base a las formulas establecidas en la ley. Nosotros tomamos en cuenta los criterios que ya mencioné. En resumen, si se aumentan los sobornos en la Interoceánica, la cifra de reparación civil no aumenta porque es un proyecto de los cuatro reconocidos. Si se detectan coimas en otros proyectos, ahí si se hace un recalculo en la reparación civil ese proyecto bajo la fórmula.
¿Odebrecht mantiene deuda con la Sunat?
Sí, es de alrededor de S/ 450 millones. Se ha establecido una formula diferente, de modo que el fideicomiso de retención para el tema tributario no se va a levantar hasta que no se cancele los impuestos de la deuda.
¿Eso qué significa?
Que si no paga los S/ 450 milones no se levanta el impedimento para que contrate con el Estado. Esa es una las condiciones.
¿Consultaron a otras entidades por información?
Nosotros dependemos del consejo de defensa jurídica del estado y quien la preside es el ministro de justicia. Al actual ministro, como a los anteriores, se le ha informado los montos de la reparación civil en base a la ley 30737.
ALD/Gestion
