Las operaciones militares en el sur de Venezuela, en los pueblos cercanos a la frontera de Apure con Colombia, cumplen tres semanas y Venezuela ha anunciado la captura de supuestos miembros del cartel mexicano de Sinaloa, según ha informado el jefe operativo de la Fuerzas Armadas, Remigio Ceballos. El 21 de marzo, el Ejército venezolano lanzó una ofensiva contra grupos irregulares en la frontera. Los enfrentamientos han dejado ocho oficiales muertos y han provocado el desplazamiento de 5.000 personas hacia Colombia, a los albergues habilitados en el municipio colombiano de Arauquita. El Gobierno de Nicolás Maduro ha asegurado también que detuvieron a 31 soldados irregulares y mataron a nueve, entre los que se encuentran cuatro miembros de una familia de campesinos, por lo que también se han denunciado ejecuciones extrajudiciales en medio de los combates.
Antilavadodedinero / elpais
Las autoridades venezolanas han evitado identificar a los grupos que han estado combatiendo estos días, que se presumen son disidencias de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia. Inicialmente los llamó grupos delincuenciales, luego les acuñó la sigla de Gricolt de “Grupos Irregulares Armados Colombianos Terroristas”. En videos y fotografías han mostrado parte de las incautaciones en campamentos destruidos entre los que se han visto supuestos uniformes de las FARC. El viernes en una conexión telefónica en la televisión estatal, Ceballos dijo que “miembros del cartel de Sinaloa y de Brasil están a la orden de la justicia”. No precisó nombres ni el número de detenidos, pero agregó que también descubrieron algunas aeronaves que serían usadas por el narcotráfico.
Esta semana, Venezuela creó una unidad militar especial fronteriza y envió más tropas a la zona que el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, declaró como “área de conflicto”. También envió refuerzos policiales de las cuestionadas Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Bolivariana, que la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhorta disolver desde 2019. Los enfrentamientos han escalado y el Gobierno de Maduro ha denunciado el hallazgo de minas antipersonas en las que han muerto algunos de sus oficiales y ha pedido apoyo a las Naciones Unidas para el desminado.
El Gobierno de Colombia, por su parte, ha denunciado la presencia del cartel de Sinaloa en Venezuela y ha asegurado que tiene alianzas con grupos rebeldes locales, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con ex miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se apartaron de los acuerdos de paz de 2016. También han señalado la complicidad de estos grupos con el Gobierno venezolano, como volvió a reiterar la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez el viernes.
Hace dos semanas, la ONU presentó un informe en el que señalaba que tenía evidencias de que la organización criminal liderada por Ismael Mayo Zambada tenía presencia en el occidente de Venezuela. En su informe anual, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU indicaba que este grupo criminal trabajaba en cooperación con la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional en la zona fronteriza, donde existen pistas de despegue clandestinas utilizadas para el tráfico de cocaína hacia el Caribe y Centroamérica.
“El cartel mexicano de Sinaloa también ha sido detectado en Zulia, donde se ha aprovechado de las pistas de aterrizaje para la construcción de centros de tránsito y acopio de estupefacientes con el apoyo del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que amplió sus actividades en la República Bolivariana de Venezuela”, indica el informe. “La mayoría de las pistas de aterrizaje clandestinas del país están ubicadas en el estado Zulia, que limita con la región del Catatumbo en Colombia, un área importante para la fabricación de cocaína”, agrega. En su reporte de 2019, por primera vez la JIFE señaló que habían indicios de que grupos delictivos relacionados con el narcotráfico habían logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad de Venezuela y habían creado “una red llamada Cartel de los Soles para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales”.
Tras tres semanas de enfrentamientos, la situación de tensión continúa en la ciudad fronteriza de La Victoria, a unos 700 kilómetros de Caracas. FundaRedes, organización que ha documentado la expansión de la guerrilla y grupos irregulares en la frontera, denunció este sábado el asesinato de dos indígenas de la etia jiwi en el vecino estado de Amazonas, también en la región fronteriza. El profesor José Dacosta y el adolescente Luis Charlot Cariban, de 17 años, habrían sido víctimas de grupos armados irregulares que controlan las minas ilegales en el Parque Nacional Cerro Yapacana, según el reporte de la organización.
