El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, se refirió al fallo que anuló el proceso penal del caso Fénix, en el que hay al menos 52 personas implicadas.
Antilavadodedinero / Emirosrasunidas
En una entrevista explicó que recientemente conocieron que el 21 de diciembre se integró la Sala Segunda de Mayor Riesgo y resolvió situaciones relacionadas con casos que gestiona la Fiscalía.
Entre estos, se encontraba el del exdiputado Armando Escribá, a quien favoreció con la anulación de las actuaciones del caso en el que está implicado; sin embargo, la Cámara Penal ya revocó el fallo.
Para tomar esa decisión, al igual que la del caso Fénix, la referida sala fue integrada por magistrados suplentes, pues los titulares habían sido recusados.
Según Sandoval, se declaró con lugar recursos de apelación planteados por abogados de los implicados, que aunque reconoció que se promovieron en el legítimo ejercicio del derecho de defensa, llama la atención que se utilizaron planteamientos surgidos casi hace año y medio.
“Al declarar con lugar la cuestión prejudicial, lo que impide es que se ejecute la acción penal”, detalló.
El entrevistado agregó que en ese proceso hay 52 personas individuales y jurídicas involucradas.
Algunas están detenidas y otras bajo medidas sustitutivas y, según lo que la Sala ha resuelto, deben de quedar en libertad cuando esté en firme el fallo.
Añadió que actualmente la fiscalía se encuentra realizando el análisis correspondiente para plantear un recurso de casación, con el fin de que la Cámara Penal conozca de lo actuado por la sala y deje sin efecto el fallo.
“Ejemplo de impunidad”
Sandoval recordó que el caso Fénix se inició con la sustracción de recursos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en 2003, y señaló que durante la investigación correspondiente se ha dado una serie de vicios.
Entre estos mencionó que en su momento se dictó auto de sobreseimiento a favor de una persona que ni siquiera había sido vinculada a proceso.
A lo referido se suma que las condenas que se dictaron hace algunos años solamente se relacionaron con funcionarios que participaron en la extracción de recursos, pero en ningún momento se realizó persecución por las acciones de lavado de dinero.
Según indicó, tras la sustracción de los fondos, estos fueron colocados en un mecanismo para que se perdiera la trazabilidad de los mismos.
Sin embargo, entre 2004 y 2005, en respuesta a una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) se iniciaron las pesquisas para buscar a quienes estaban implicados en las irregularidades.
Posteriormente, se conoció que quienes sustrajeron los recursos querían, después de que se supo el caso, llegaron a convenios para regresar parte de estos y así escapar de la responsabilidad penal.
Sandoval consideró que esta situación permitió que el caso estuviera en impunidad por muchísimo tiempo, a pesar de ser evidente la comisión de delitos como peculado y lavado de dinero.
Y expuso que parte del fallo emitido recientemente se relaciona con esto, pues uno de los principales motivos es que debido a la transacción que se hizo para justificar la operación ilegal, se hizo una declaración de que es una acción de índole civil y no corresponde al ámbito penal.
“Es una explicación que no corresponde, porque lo que ocurrió fue la comisión de delitos y que se agravaron estas conductas con estas negociaciones que trataron de hacer cuando el expediente estaba judicializado”, manifestó.
En ese contexto, el fiscal consideró que el caso Fénix “es el perfecto ejemplo de cómo opera la impunidad en el país”.
Añadió que en los próximos días se hará el planteamiento indicado y espera que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia logre advertir todos los vicios que existen en la resolución que emitió la sala.
