El caso Pujol y el primer juicio a la policía patriótica. El que fuera director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional bajo gobierno del PP, Eugenio Pino, y su entonces subordinado el inspector Jefe Bonifacio Díaz se sentarán en el banquillo esta semana.
Antilavadodedinero / ABC
Serán acusados de estafa procesal, falso testimonio y revelación de secretos en relación al pendrive con información sobre la familia Pujol que fue aportado como prueba y descartado por la Audiencia Nacional al tener origen incierto.
La Fiscalía pide la absolución, pero las acusaciones reclaman entre dos años y medio y diez años de cárcel para cada uno de ellos.
Los hechos se remontan a 2016. El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, recibió un informe de la Udef que analizaba una serie de documentos sobre la fortuna del mayor de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusosa, pero apreció que el trabajo policial era «confuso»: no decía de dónde y de qué manera se habían obtenido los papeles.
Para evitar que una prueba dudosa contaminase la investigación en marcha sobre el origen de la fortuna de los Pujol, decidió abrir una pieza separada con ese informe e indagar su contenido. La Udef le dijo en primer lugar, que los papeles habían aparecido en las entradas y registros practicadas por orden de un juzgado de Barcelona y después, que estaban almacenados en bases de datos policiales.
El juez acabó concluyendo que ni la primera ni la segunda afirmación se ajustaban a la realidad, pues los documentos, contenidos en un pendrive, fueron entregados a la Udef «por una persona vinculada a la DAO, Bonifacio Díez Sevillano, siguiendo instrucciones del DAO Eugenio Pino».
«No sólo no ha podido determinarse que la obtención de los documentos incluidos en ese pendrive haya sido legítima, sino que, al contrario, ha quedado establecido que la autoridad policial, más concretamente el DAO Eugenio Pino, por medio del miembro de su Gabinete Díez Sevillano, dio instrucciones incorrectas a las unidades operativas para que utilizaran e incluyeran en un procedimiento penal determinados documentos no sólo ocultando su origen, sino facilitando una explicación no ajustada a la realidad sobre el origen y el modo de obtención», señaló De la Mata.
Con esa afirmación, cerró el caso y lo envió a los juzgados de Madrid al apreciar que el «riesgo relevante» de contaminar la causa penal que investigaba «consecuencia directa» de la actuación de Pino y Díez Sevillano podría constituir delitos de prevaricación, falso testimonio o fraude procesal.
Fiscalía no ve delito
Dos años después, fueron procesados y a partir del martes, si la Sala mantiene el calendario, serán juzgados en la Audiencia Provincial de Madrid.
La Fiscalía no acusa porque entiende que si bien Pino entregó a Díez Sevillano el pendrive para que a su vez, lo aportase a la Udef, ni consta «fehacientemente» su contenido ni fue ninguno de los dos quien lo hizo llegar a la Audiencia Nacional. Tampoco ve probado que existiera «un concierto previo» entre ambos para actuar.
Sin embargo, la acusación Popular que ejerce Podemos sí ve clara la maniobra para «colar» al juez la documentación y pide diez años de prisión para cada uno por estafa procesal, falso testimonio y revelación de secretos, con el agravante de abuso de su posición de funcionarios policiales. Mientras, Pujol Ferrusola acusa por revelación de secretos y pide dos años y seis meses de cárcel para cada uno de los procesados.
Villarejo como testigo
El juicio está previsto en la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid a partir del martes y se prolongue hasta el viernes. Además de los acusados, declararán once testigos entre los que se encuentra el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo. De hecho, una de las pruebas documentales que se practicarán tiene que ver con los audios que grababa subrepticiamente.
Además, testificarán el exresponsable de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas, cinco policías y tres detectives privados. No obstante, la defensa de Pujol Ferrusola ha pedido un aplazamiento, y la Sala aún debe decidir si mantiene el calendario.
