Mientras sus familiares lo visitan, una médica intenta que Jesús Santrich se ponga de pie sin conseguirlo. Es domingo. El ex comandante guerrillero sigue en silla de ruedas.
Está pálido, “pero con plena conciencia y con el compromiso de continuar el acuerdo de paz”, aseguró el senador Iván Cepeda a medios hacia las cinco de la tarde, tras una visita humanitaria de parlamentarios que siguió a las personales: horas antes sus familiares pudieron comprobar lo que los medios y sus abogados informaron desde el pasado viernes: que se había cortado la venas.
“Estaba vendado y débil, intentó levantarse con un poco de dolor”, le explicó uno de los miembros de su familia a PáginaI12, quien, a la par con las declaraciones de los congresistas, destaca que su estado de ánimo actual es una “una mezcla de alegría y rabia”.
Desde el 15 de mayo, la Jurisdicción Especial de Paz (Jep) que se creó gracias al Acuerdo de Paz que el mismo Santrich ayudó a negociar y redactar, ordenó su libertad por no haber recibido pruebas de que estaría conspirando para enviar coca a Estados Unidos después de diciembre de 2016, cuando se firmó dicho acuerdo que hoy el equipo de Santrich, los progresistas colombianos y la comunidad internacional exigen respetar.
Esto descandenó la renuncia del cuestionado fiscal general Néstor Humberto Martínez quien ha dado escasos resultados en investigaciones y castigos en el caso Odebrecht, y quien habría aceptado ante medios de comunicación en las últimas horas que las pruebas que reunió la DEA (Estados Unidos) sobre el presunto delito de Santrich habrían sido recolectadas de manera ilegal.
“Eso fue lo que más le sorprendió de todo lo que le contamos”, relató el congresista Benedicto González, quien comandó por áños junto a Santrich el Bloque Caribe y hoy ocupa la banca de congresista del rebelde que intentó quitarse la vida cuando sus abogados le informaron que el gobierno colombiano preparía su extradición la mañana del pasado viernes.
Ese día, Colombia transitó todos los altibajos posibles en una historia judicial: Santrich intentó suicidarse, le salvaron la vida, lo sacaron libre, lo recapturaron en la puerta de la cárcel, lo subieron a un helicóptero, lo llevaron al búnker de la Fiscalía, sus seguidores se pelearon con la prensa, le dio un paro cardio respitario, lo llevaron al hospital y, finalmente, en la madrugada del sábado al domingo, una jueza legalizó su captura.
¿Estaba inconsciente Jesús Santrich cuando se realizó la audiencia de legalización de captura?, preguntó este diario a los parlamentarios que respondieron que Seusis Hernández, nombre de pila de Santrich, perdió la conciencia plena tras su intento de suicidio.
“Pidió que aclararámos que lo hizo con plena convicción (…) después de eso recuerda estar con la Misión de Naciones Unidas en La Picota y luego no recuerda nada”, aseguraron en rueda de prensa.
Si recuerda que lo llevaron en helicóptero, si le aplicaron medicinas (su defensa dice que le inyectaron algo que le provocó el paro cardíaco), si tuvo alucinaciones, preguntó la prensa. “No, no estaba consciente”, responden confirmando el parte médico de la madrugada del viernes cuando un par de galenos informan que lo encontraron delirando: aseguraba estar ante un río, pensaba que había perdido un ojo y decía que estaba en la montaña.
En el Hospital Mederic, el jefe médico indicó que no estaba en condiciones de que se le practique la audiencia que finalmente se realizó desde el sábado hasta la madrugada de ayer durante unas diez horas y estableció que su captura fue legal. Sin embargo, la Procuraduría interpuso un recurso asegurando que no lo fue; pero horas después apartaron al procurador que emitió este concepto asegurando que los derechos de Seusis fueron violados.
“La presión es mucha, por todos lados, pobre señor como lo tienen”, aseguran reporteros en las afueras del búnker. “Que no nos oiga Uribe”, dicen temorosos de represalias pues, con el caso Santrich, se ha dejado en evidencia que aunque no hubo pruebas para la extradición y no solo la Jep sino también el Tribunal Superior y la misma Fiscalía ordenaron su libertad, las instituciones están actuando “de manera política, no en derecho”, como asegura Benedicto González para quien todo ha sido ilegal en el caso de su líder.
La Fiscalía asegura que reunió nuevas pruebas de que estaría preparando un envío de coca a Estados Unidos por lo tanto habría cometido “concierto para delinquir” y otros delitos. Y consiguió con este material –que aún no hace llegar a la JEP pese a que es la autoridad para valorar las mismas dado que Santrich se acogió al Proceso de Paz– una orden de captura que se hizo efectiva incluso antes de que el hombre –visiblemente débil, su defensa dice cedado– atravesara las puertas de la cárcel de máxima seguridad La Picota, en Bogotá.
La euforia, rabia y desconfianza que se formó entonces y minutos después cuando lo subieron a un helicóptero se vivió también en las sedes del partido FARC y los espacios de reincorporación que desaparecerían en agosto próximo.
Desde La Guajira, el ex comandante “Silfredo”, quien por años anduvo con Santrich en el Caribe colombiano alzados en armas, le dijo a este diario que los ex combatientes tienen mucho “descontento con todo lo que ha venido pasando, y no solo nosotros sino la comunidad, la misma Fuerza Pública y todos los aliados que hemos conseguido en esta paz; esta apuesta del Acuerdo es un esfuerzo conjunto y afecta a todos, a todos, no solo a los ex combatientes. La gente está inconforme; no podemos confiar así”.
Entre tanto, el gobierno colombiano y el partido FARC enviaron el mismo mensaje a los más de 10 mil hombres y mujeres que dejaron las armas en 2017 a cambio de reformas profundas en Colombia, y de un tribunal de paz que hoy Fiscalía y el gobierno de Iván Duque deslegitiman, atacan y desconocen: piden calma y compromiso de paz a los ex insurgentes, pese a que el Estado no ha logrado cumplir a cabalidad con los proyectos productivos ni las tierras ni las garantías de seguridad prometidas en el Acuerdo para su reincorporación.
Pese a esto Santrich, desde su frío lugar de reclusión en el búnker, envió un mensaje de compromiso con el Acuerdo de Paz que, de cumplirse, dejaría al hombre en libertad pues no hay pruebas de que haya estado en el negocio del narcotráfico después de 2017, pese a que múltiples videos y versiones siguen circulando y unas nuevas serán presentadas hoy en una nueva audencia donde se le imputarán cargos.
A la luz del tratado de paz que el mundo entero aplaudió entregando incluso un Nobel al ex presidente Santos y las víctimas, es la Jurisdicción Especial la que debe valorar el material que la Fiscalía habría reunido para determinar la fecha. Pero la última semana toda medida judicial estuvo mediada por las órdenes del Palacio de Nariño, que además resultó cuestionado por el New York Times que acusa al Ejército de Colombia de regresar a las políticas de las ejecuciones extrajudiciales.
ALD/Pagina21
