A pesar de que en el Catatumbo se libra desde hace casi medio siglo una difusa y compleja guerra en varios frentes y con cambiantes y diversos actores nacionales y extranjeros, esta región sigue siendo tierra incógnita para la mayoría de los colombianos.
Antilavadodedinero/ DW
Pocas la conocen, y los Gobiernos la ignoran. Algunos incluso, llaman la zona «República Independiente de la Cocaína”.
El Catatumbo es una región selvática habitada por unas 200 mil personas y de 4.826 km² de extensión que va desde la cordillera oriental de Colombia hasta las postrimerías del lago de Maracaibo en Venezuela.
Este 18 de julio, la Defensoría del Pueblo confirmó el asesinato de ocho campesinos en la fronteriza población de Tibú, a tres horas en auto de Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander. Ni la identidad de las víctimas ni los móviles habían sido establecidos hasta este 20 de julio. Pero todo apunta a la economía ilegal y a quienes la controlan. «En el Catatumbo se libra una guerra por el control del narcotráfico entre la guerrilla del ELN, con grupos de bandas criminales, como Los Rastrojos y el Ejército Popular de Liberación (EPL)”, dice a DW Cristian Herrera, investigador de las estructuras del crímen organizado en el fronterizo departamento de Norte de Santander.
«La cercanía de los cultivos de coca a la frontera con Venezuela, desde donde operan los dirigentes del ELN, explica en buena parte, por qué el Catatumbo juega un papel importante en la cadena de producción de la cocaína”, según InSight Crime, una organización que ha estudiado el desarrollo del crimen en la región. Por su parte, explica Herrera, que «desde el Catatumbo se pasa la cocaína a Venezuela, desde donde es llevada a Europa y Estados Unidos, a menudo, a cambio de armas brasileñas, estadounidenses o rusas y hasta con las insignias de material exclusivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela”.
Pasar los cargamentos de cocaína a Venezuela parece ser lo más fácil de toda la cadena del crimen: «La frontera es un río que en tiempos de sequía solo llega a los tobillos, de lo contrario se usan lanchas artesanales. Una vez en Venezuela, esperan aviones en pistas cercanas a la frontera”, relata Cristian Herrera. La pérdida de la institucionalidad en Venezuela es uno de los factores que facilitan el narcotráfico, no en vano se habla del «Cartel de los Soles”, compuesto por generales de todas las armas bolivarianas. Según investigaciones in situ de Insight Crime, «solo en el venezolano estado de Zulia hay unas 400 pistas ilegales cerca de la frontera que transportan droga hasta islas del Caribe y Centroamérica”.
Entre tanto, y para sorpresa de algunos, quienes hoy dominan la producción de coca y cocaína del Catatumbo en Colombia, su transporte hacia y en Venezuela, y toda la comercialización no son los nacionales de sendos países, sino mexicanos miembros de dos carteles: Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Lo reporta una investigación del diario La Opinión, de Cúcuta y lo denuncia el taller InSight Crime, que también precisa que San Felipe, del municipio de Machiques de Perijá, es la nueva sede del cartel de Sinaloa en Venezuela.
Los criminales también maximizan las ganancias
«Hace 15 o 20 años, los narcotraficantes mexicanos les pagaban a sus pares colombianos hasta 20.000 dólares por un kilo de cocaína en México o Estados Unidos”, relata Cristian Herrera, quien explica el camino de los mafiosos mexicanos hasta Colombia: «Con el fin de reducir los costos, los mexicanos buscaban comprarle la cocaína directamente a los productores en Colombia, a quienes «solo” les pagan 1.000 dólares”. ¿Pero cómo entrar al negocio en el Catatumbo?
Paradójicamente, la lucha frontal contra el narcotráfico en Colombia le ayudó a los criminales mexicanos a encontrar la puerta de entrada al codiciado Catatumbo, en donde presuntamente se produce «la mejor coca del mundo”.
En un intento por descabezar a la organización que por décadas dominó el narcotráfico en el Catatumbo, las autoridades dieron de baja a su jefe: Víctor Ramon Navarro, alias «Megateo”, líder del autodenominado Ejército Popular de Liberación (EPL).
Tras la operación, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio orgulloso el parte el 5 de octubre de 2015. Pero esta baja demostraría que no basta con sacar de escena a los narcotraficantes si a la población que vive de cultivar coca no se le ofrecen otros medios efectivos de subsistencia.
«El punto de quiebre aprovechado por los carteles mexicanos”
«En el Catatumbo no se movía un solo gramo de cocaína si Megateo no lo ordenaba”, recuerda en conversación con DW, Cristian Herrera, quien cuenta que «tras la muerte del líder guerrillero, los grupos armados se quedaron sin dinero, los campesinos sin compradores, quedaron deudas, en fin, se generó un desorden”. Este fue el punto de quiebre que aprovecharon los carteles mexicanos para irrumpir en la región con «costales llenos de millones de pesos y dólares”.
La «necesidad” de vender las cosechas amontonadas obligó al ELN y el EPL a aceptar a los nuevos compradores que asumieron toda la cadena logística. «Hoy, con la ayuda de testaferros, los carteles mexicanos compran una finca tras otra en el Catatumbo y más allá de esta región”, coinciden Cristian Herrera e InSight Crime.
Si bien, tanto al lado colombiano como del venezolano en algunas comunidades se escucha cada vez más «un acento mexicano”, los carteles Sinaloa y Jalisco Nueva Generación también utilizan a emisarios de otras nacionalidades: «Son, a menudo, mexicanos, salvadoreños o guatemaltecos los enviados por dichas organizaciones criminales que llegan con visa de turista por el aeropuerto El Dorado de Bogotá”, explica Herrera.
Una vez en el país, «entran escoltados al Catatumbo, pagan la cocaína, que es entonces sacada hacia Venezuela, desde donde se lleva a Europa o Estados Unidos”, describe el investigador la ruta de los mafiosos y la cocaína del Catatumbo.
Mínima reducción de coca, máxima desatención de los campesinos
Una grave situación que hace aparecer casi que «insignificante” la reducción de los cultivos de coca en Colombia. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno Nacional, «se registró una reducción del 9 % en el área sembrada con coca en el país, pasando de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 en 2019”.
