El Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva decretó un mayor control sobre las armas de fuego. Intenta desandar la proliferación de fusiles, pistolas y municiones que impulsó Bolsonaro. Es una medida de seguridad pública para la región que también trata de fortalecer la convivencia democrática.
antilavadodedinero / losandes
a desregulación del mercado de armas y municiones en Brasil representa un problema para la seguridad. No sólo la de Brasil, sino de toda la región. Durante los años de Bolsonaro se vendieron más de un millón de armas y muchas fueron a parar a las bandas del crimen organizado que dominan varias zonas del país, así como a sus adherentes más radicalizados.
Aumentó un 50 por ciento la cantidad de fusiles de asalto en San Pablo y el 16 por ciento Rio de Janeiro en manos de los criminales, mientras que las pistolas crecieron el 31 y 32 por ciento, según una investigación de Sou da Paz. Conclusión: las medidas de Bolsonaro le permitieron a los criminales renovar sus arsenales.
Esa tendencia ya había sido descubierta en el Sureste de Brasil, es el corazón de la industria y la cultura armamentista que le dio sustento a Bolsonaro. Es tema de preocupación en los países vecinos, por la proximidad con la triple frontera, la nutrida presencia de grupos criminales y una historia de contrabando de armas en la zona.
Luego de los incidentes del 8 de enero, de la investigación judicial y determinación de responsabilidades, el control de armas es una prioridad para deconstruir la violencia política y prevenir el aumento de la violencia criminal.
También son medidas estratégicas para la seguridad en la región sudamericana. Hay demasiados factores que preocupan desde hace años, agravados por la proliferación de armas. Se dice que las rutas de tráfico son las mismas: por donde circulan drogas, precursores químicos, criminales, armas, municiones y otras mercancías ilegales.
Hay que poner atención a varios datos. Por un lado, la ruta mesoamericana de tráfico de drogas que nace en el Mato Grosso y que utiliza la hidrovía del río Paraná con sus puertos para contrabandearlas a Europa. Por otro, los antecedentes de grupos criminales abasteciéndose de armas en Paraguay (hace unos años se conseguían fusiles militares argentinos en Río de Janeiro contrabandeadas vía Asunción). Más recientemente, la aparición de algunos miembros de grupos del crimen organizado brasilero en la Argentina y Uruguay.
La desregulación del mercado de armas y municiones en Brasil representa un problema para la seguridad. No sólo la de Brasil, sino de toda la región. Durante los años de Bolsonaro se vendieron más de un millón de armas y muchas fueron a parar a las bandas del crimen organizado que dominan varias zonas del país, así como a sus adherentes más radicalizados.
Aumentó un 50 por ciento la cantidad de fusiles de asalto en San Pablo y el 16 por ciento Rio de Janeiro en manos de los criminales, mientras que las pistolas crecieron el 31 y 32 por ciento, según una investigación de Sou da Paz. Conclusión: las medidas de Bolsonaro le permitieron a los criminales renovar sus arsenales.
Esa tendencia ya había sido descubierta en el Sureste de Brasil, es el corazón de la industria y la cultura armamentista que le dio sustento a Bolsonaro. Es tema de preocupación en los países vecinos, por la proximidad con la triple frontera, la nutrida presencia de grupos criminales y una historia de contrabando de armas en la zona.
Luego de los incidentes del 8 de enero, de la investigación judicial y determinación de responsabilidades, el control de armas es una prioridad para deconstruir la violencia política y prevenir el aumento de la violencia criminal.
También son medidas estratégicas para la seguridad en la región sudamericana. Hay demasiados factores que preocupan desde hace años, agravados por la proliferación de armas. Se dice que las rutas de tráfico son las mismas: por donde circulan drogas, precursores químicos, criminales, armas, municiones y otras mercancías ilegales.
Hay que poner atención a varios datos. Por un lado, la ruta mesoamericana de tráfico de drogas que nace en el Mato Grosso y que utiliza la hidrovía del río Paraná con sus puertos para contrabandearlas a Europa. Por otro, los antecedentes de grupos criminales abasteciéndose de armas en Paraguay (hace unos años se conseguían fusiles militares argentinos en Río de Janeiro contrabandeadas vía Asunción). Más recientemente, la aparición de algunos miembros de grupos del crimen organizado brasilero en la Argentina y Uruguay.
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Nuevas políticas
En su primer día de gobierno, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, decretó por 60 días más restricciones para comprar armas y municiones a los cazadores, tiradores y coleccionistas civiles. Es una medida urgente, fuerte y polémica que deberá ser parte de una política amplia de controles para evitar la proliferación de arsenales clandestinos, prevenir la violencia armada y fortalecer la convivencia democrática.
El decreto es un giro radical respecto a las flexibilizaciones que aplicó el ex presidente Jair Bolsonaro y que dispararon la venta armas a los legítimos usuarios (CACs) en uno de los países más violentos del mundo. Hoy hay cerca de 4,4 millones de armas en mano de civiles, la tercera parte tienen los registros vencidos. Es decir, están fuera del control del Ejército.
Según una investigación del Instituto Sou da Paz, durante el gobierno de Bolsonaro los usuarios autorizados compraron más de un millón de armas de fuego. O sea, el triple de las 350.600 registradas en diciembre de 2018. Al mismo tiempo, creció un 474 por ciento la cantidad de personas legítimamente armadas, según el Foro Brasilero de Seguridad Pública.
“Los usuarios registrados ahora tienen más armas que los policías. Compraron 434.715 fusiles de guerra. Se les permitió tener hasta 60 armas a cada uno y usar hasta 180 mil cartuchos de munición al año. Además, pueden tener máquinas para la fabricación casera de municiones”, explica el sociólogo Antonio Rangel Bandeira, referente brasilero en prevención de la violencia armada.
El decreto de Lula también redujo la cantidad de armas y municiones que cada persona pueda comprar y tener. Además, suspendió temporalmente el registro de nuevos clubes y escuelas de tiro, que también proliferaron en los últimos cuatro años.
Prevenir la violencia armada
¿Por qué el control de armas fue uno de los ejes de la campaña de Lula y una de sus primeras medidas?
La seguridad es una de las principales preocupaciones en Brasil, aunque en los últimos años viene bajando la cantidad de homicidios. Los grupos criminales que controlan zonas del país a través de la violencia armada, la expresión más extrema de los fracasos del Estado en tener el monopolio de la fuerza.
Brasil tiene el 2,7 por ciento de la población mundial pero el 20 por ciento de los homicidios. El 70 por ciento es con armas de fuego. Pero el 75 por ciento de las víctimas son negras, alrededor del 5 por ciento mujeres y se duplicaron los asesinatos contra las comunidades LGTBI. Las zonas con más víctimas de la violencia armada son las comunidades más pobres, las que tienen más población negra y donde la violencia institucional es mayor.
Brasil ya tuvo una experiencia de control de armas que redujo los niveles de violencia letal. El Estatuto do Desarmamento fue una norma que incluyó una batería de medidas incluyendo un programa de desarme voluntario que entre 2004 y 2005 que recolectó 460 mil armas con una inversión de 46 millones de reales. El resultado: unas 5 mil vidas salvadas en el primer año (61 por ciento de caída de suicidios con armas de fuego en San Pablo y 11 por ciento menos de homicidios con armas en Río de Janeiro).
Pero la misma cantidad de armas que aquellas acciones sacaron de circulación, reingresaron a la sociedad impulsadas por la desregulación y con escasa capacidad de supervisión estatal. Ahora son armas nuevas, con mayor capacidad letal, muchas adquiridas directa o indirectamente por el crimen organizado.
Grupos armados bolsonaristas
Pero el control de armas es también un aporte a la prevención de la violencia política y la consolidación de la democracia después de la experiencia populista que debilitó la confianza en la institucionalidad republicana y fortaleció la cultura de las armas como panacea. La apuesta por la confrontación política, la formación de arsenales y grupos de tiro, predominantemente simpatizantes de Bolsonaro, amenazaron la transición democrática. Aunque, en el asalto del 8 de enero, no se vieron mayormente manifestantes armados.
“Los clubes 2.095 clubes de tiro inaugurados en los últimos años, sin control efectivo del Ejército, se volvieron el lugar de entrenamiento de grupos paramilitares bolsonaristas. Están en estrecho contacto con policías de extrema derecha, abiertamente se asiste a la formación de milicias, que se preparan para intervenir con violencia en la política. Uno de los hijos del Presidente, el diputado Eduardo Bolsonaro, reclamó a todos los CACs, que tengan armas legalizadas, a que actúen en apoyo a la candidatura del presidente”, advierte Antonio Rangel Bandeira.
Las medidas de control de armas decretadas por Lula tienen antecedente cercano en septiembre, cuando un juez de la Suprema Corte suspendió las facilidades para comprar armas por temor a que empeorara la violencia política. Antes, el Tribunal Superior Electoral había restringido el porte de armas en los centros de votación, preocupado por posibles episodios de violencia.
El decreto anula los decretos de Bolsonaro, volviendo a los controles del Estatuto del Desarme. Tiene algunos avances: la Policía analizará cada compra de armas por los CACs, para ver si fueron desviadas hacia el crimen organizado y tendrán prohibido andar armados por las calles. Pero el gran desafío es sacar de circulación los cerca de 600 mil fusiles de asalto y armas de grueso calibre que pudieron comprar los CACs y muchas desviaron al crimen organizado. Una campaña de desarme no convencerá a esa gente a entregarlas, entienden los expertos.
Prevención de la violencia armada, de la violencia política, desactivar grupos armados violentos bolsonaristas y reconstruir la convivencia democrática es el desafío del nuevo gobierno, aún después de los incidentes de Brasilia, enfrentado por una minoría intensa poco receptiva a estas políticas.
No alcanzará con un decreto, sino que hace falta una política integral similar a las que se han aplicado en la región en situaciones post conflicto. Respetando derechos de los legítimos usuarios, fortaleciendo la capacidad de control estatal para que no tengan un uso criminal, mejorando los controles de los stock en poder de las fuerzas de seguridad y retirando de circulación los excedentes. Es un camino largo y complejo donde también se juega parte de la seguridad en la región
