Ha pasado casi un mes desde que Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador. Una de sus promesas de campaña fue crear una comisión contra la impunidad y la corrupción llamada CICIES.
La discusión para crear una CICIES no es nueva. Pero en los últimos cinco años ha tomado fuerza. Algunos apoyan esa idea. Otros la rechazan. En la clase política hay más detractores que impulsadores.
El FMLN estuvo en el Gobierno durante los últimos 10 años. Y es en ese partido donde ha habido más oposición bajo el argumento que con una comisión internacional se pierde soberanía. Medardo González, aún secretario general de ese partido, ha dicho en reiteradas ocasiones que eso significaría darle un golpe de Estado a El Salvador.
Los demás partidos, sobre todo los mayoritarios como ARENA y GANA, han cambiado de opinión. En un primer momento eran partidarios de una CICIES. Pero ahora tienen dudas y niegan la posibilidad de apoyarla.
Los últimos jefes fiscales, incluso el actual, le apuestan más por fortalecer a la Fiscalía General de la República (FGR) que por traer una comisión internacional.
En la población, sin embargo, según una encuesta de la UCA de 2016, la creación de una comisión contra la corrupción es apoyada casi por unanimidad: el 96% de los salvadoreños está de acuerdo con la creación de una CICIES.
La idea de crear una CICIES surge del experimento en Guatemala donde se creó, hace más de una década, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La CICIG ha sido clave para investigar y procesar a funcionarios y exfuncionarios guatemaltecos, así como a narcotraficantes, pandilleros y empresarios corruptos.
“En esencia, la CICIES que el equipo Bukele ha puesto en Power Point, y de la que ha hablado con posibles socios internacionales, tiene una estructura legal similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (la CICIG) y a la Misión Anticorrupción y contra la Impunidad en Honduras (MACCIH): es un ente supranacional con capacidades de investigación criminal que podrá asesorar y acompañar a la Fiscalía General en indagaciones y elaboración de acusaciones penales para desmantelar estructuras complejas de crimen organizado y corrupción”, dice revista Factum en una nota donde también enumera casos que debería investigar una eventual CICIG,
Si se crea una comisión similar a la de Guatemala, El Salvador tiene una serie de casos que, por falta de recursos o voluntad, no han sido investigados. A continuación se detalla algunos de ellos:
José Luis Merino y las FARC
José Luis Merino es uno de los máximos dirigentes del FMLN. Durante años ha sido señalado por sus vínculos con el narcotráfico. El pasado mes de mayo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, junto con los Departamentos de Defensa y Justicia, añadió a Merino a una lista de antiguos o actuales funcionarios del Triángulo Norte Centroamericano (El Salvador, Guatemala y Honduras), que están vinculados con actos de corrupción.
La información fue dada a conocer por el Departamento de Estado a través de documentos desclasificados.
En el informe se señala a José Luis Merino como un beneficiario de Alba Petróleos, una compañía asentada en El Salvador cuyas acciones pertenecen en un 60% a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA), sancionada por Estados Unidos en 2019.
De la misma forma se sostiene que Merino y su hermano, Ismael Merino Cabrera, movilizaron $400 millones por medio de compañías fachada hacia cuentas off-shore en Panamá. Además se cuestiona que nunca haya sido procesado judicialmente y que goce de inmunidad como viceministro.
En febrero del año pasado, La Prensa Gráfica publicó que el apoderado legal de Israel Merino se autovendió un buque a 1 dólar y lo usó para realizar millonarias compras de combustible.
De acuerdo con la investigación, el abogado de Israel Merino adquirió el 16 de agosto de 2012 el barco Guazapa I OMI 7432070 por $1, 795,000. El buque, que tiene la capacidad para transportar 18 mil barriles, hizo alrededor de siete transacciones de gasolina valorados cada una entre $18 y $20 millones.
El barco pasó a poder de varias sociedades. Primero fue propiedad de la empresa Caribbean Petroleum International Services. Dos meses después esta empresa vendió el buque a Atlantic Pacific Logistic por $1,800,000. Casi dos años después de que Atlantic adquiriera el buque lo vendió a la empresa panameña Guazapa a un dólar. Esta última sociedad fue creada el 25 de octubre de 2012 por el abogado de Israel Merino.
Ni José Luis Merino ni su hermano han dado explicación sobre esa anomalía.
Pero eso no es todo. Años atrás, en septiembre de 2017, el investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional de Estados Unidos, Douglas Farah, pidió a la Comisión para el Control Internacional de Narcóticos del Senado estadounidense, investigar a PDVSA y sus filiales en El Salvador y Nicaragua por actividades de lavado de dinero.
En su intervención ante el Congreso, Farah calificó a Alba Petroleos en El Salvador como “una parte fundamental de un programa multinacional de lavado de dinero que fue construido y operado por miembros de la alianza bolivariana ALBA”.
Alba Petroleos se creó en 2006 como una sociedad entre PDV Caribe, empresa subsidiaria de PDVSA, y la Asociación Intermunicipal Energía para El Salvador (ENEPASA), conformada por alcaldes de municipios gobernados por el FMLN.
Farah señaló a José Luis Merino como el principal implicado en dirigir las operaciones de Alba Petróleos en el país. Merino buscaba una curul en la Asamblea Legislativa, pero fue víctima de la debacle electoral de su partido en las elecciones legislativas y municipales de 2018.
Farah señaló a Merino como el aliado de las FARC en El Salvador desde 1994 hasta 2016, siendo un proveedor clave de armas para los rebeldes colombianos durante ese espacio de tiempo.
En octubre de 2016, la prestigiosa publicación Foreing Policy lanzó un artículo denominado “Para lograr la paz verdadera en Colombia, vayan tras el dinero de las FARC”, en el que se calificó a Merino como “el hombre de las FARC en El Salvador” y se le señala como un prestanombres que encubría dinero para la exguerrilla colombiana en diversas cuentas.
El 19 de junio de 2017, un grupo congresistas federales estadounidense escribió al Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, solicitando una investigación contra las “actividades bancarias de Merino “que apuntan hacia asociaciones de larga data con organizaciones transnacionales que son objeto de investigaciones penales estadounidenses por tráfico de cocaína y blanqueo de capitales.
La carta dice, además, que Merino “adquirió cientos de millones de dólares en riquezas inexplicables mientras ayudaba a las guerrillas de las FARC con elementos corruptos del gobierno venezolano y otros grupos delictivos a mover los fondos a un puerto seguro”.
Diversas personalidades y entidades en Estados Unidos han denunciado los nexos de Merino con el crimen organizado internacional. A finales de junio de este año, la presidenta del Subcomité del Medio Oriente y África del Norte en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Ileana Ros-Lehtinen, dijo que es urgente que José Luis Merino sea nombrado capo del narcotráfico.
En julio de 2016, el prominente senador federal del Partido Republicano, Marco Rubio, cuestionó por qué el gobierno norteamericano, en aquel momento encabezado por Barack Obama, no había sancionado a Merino, a quien acusó de lavado de dinero y contrabandista de armas.
En agosto de 2018, los congresistas federales estadounidenses Eliot Engel (demócrata) e Ileana Ros-Lehtinen (republicana), solicitaron al presidente Donald Trump, que incluyera a Merino en la lista Magnitsky, aprobada en 2016 por el Congreso con el propósito de perseguir a los corruptos y a los violadores de derechos humanos.
A finales del pasado mes de mayo, la Fiscalía allanó las oficinas de ALBA y José Luis Merino. Pero de momento no ha sido acusado en tribunales de justicia.
Enrique Rais y el crimen organizado
El exempresario de la basura, Enrique Rais, quien se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de dos años, ha sido acusado en El Salvador por una serie de delitos de corrupción.
Uno de ellos es por haber manipulado pruebas en contra de los empresarios canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, a quienes acusó de haberlo extorsionado con las acciones de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos S. E. M. de C. V. (MIDES), encargada de procesar la basura de varios municipios del país.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Enrique Rais se alió con el entonces fiscal general, Luis Martínez, para armar un proceso penal en contra de los empresarios canadienses. Para ello fabricaron pruebas falsas.
La Fiscalía cuenta con los testimonios de testigos que aseguran que Enrique Rais decidió armar un proceso penal en contra de los canadienses para evitar cancelar la deuda que adquirió con ellos al comprarles MIDES.
¿Cómo fabricó las pruebas Enrique Rais? Según la Fiscalía, el exempresario de la basura compró a un funcionario de Medicina Legal para que elaborara peritajes psicológicos en los que se estableciera que Enrique Rais y Hugo Blanco Rais, su sobrino, presentaban traumas y afectaciones psicológicas a raíz de que estaban sufriendo una extorsión por parte de los canadienses.
Pero todo eso fue falso. El objetivo de Rais era neutralizar a los canadienses para no cancelar una deuda millonaria.
Un correo electrónico enviado por el empresario canadiense Franco Pacetti a Enrique Rais (en diciembre de 2011) revela parte de las negociaciones por el manejo de la empresa MIDES.
En el mensaje, Pacetti, dueño del 50 por ciento de MIDES junto con Matteo Pascuale, le pide a Rais que los mantenga informado de las operaciones que realiza la empresa, sobre todo en la parte de los ingresos y egresos.
El empresario canadiense se queja de la irresponsabilidad de Rais en cuanto a los pagos que les corresponden como socios igualitarios. Incluso le reclama su ausencia y falta de comunicación con ellos. En ese entonces, la relación entre Rais y los canadienses no era demasiado tensa. Sin embargo, en ese correo se vislumbran la cadena de pleitos que se desatarían años después.
En 2014, Enrique Rais acusó a los empresarios canadienses en la Fiscalía por el delito de extorsión. En ese entonces fungía como fiscal general Luis Martínez. La demanda trascendió en tribunales de justicia y a los canadienses les giraron orden de captura. Lo extraño fue que la acusación que los canadienses presentaron en la Fiscalía contra Enrique Rais fue ignorada. No tuvo trascendencia. Acabó engavetada. Eso despertó sospechas.
Rais también ha sido acusado por fabricar procesos penales en contra de su exabogado, Mario Calderón, y su esposa Claudia Herrera.
Merino, Lobo y Rais
Congresistas estadounidenses del Partido Demócrata y Republicano le pidieron en agosto pasado al presidente Donald Trump que investigue a Enrique Rais y le aplique la denominada Ley Global Magnitsky, debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
La Ley Global Magnitsky fue aprobada en 2016 por el Congreso de los Estados Unidos con el propósito de perseguir a los corruptos y a los violadores de derechos humanos.
A las personas que les aplican esta ley pasan a formar parte de una lista negra. La ley no limita al tipo de persona que se le aplica: pueden ser ciudadanos comunes, influyentes empresarios y políticos señalados por corrupción en sus propios países.
En un inicio, la ley fue creada para sancionar únicamente a los funcionarios rusos relacionados con la muerte del abogado Serguéi Magnitsky, a quien debe su nombre, quien después de denunciar un fraude fiscal terminó encarcelado y muerto. Pero luego la ley fue reformada.
Ahora permite a los Estados Unidos golpear las fuentes económicas de los sancionados, quienes a partir de su incorporación a la lista negra no pueden tener cuentas bancarias en Estados Unidos. Además, las personas y empresas estadounidenses están impedidas de hacer negocios con ellos.
En el documento que los congresistas elaboraron para someter la petición en contra de Rais, se describe al exempresario como “es un prominente hombre de negocios salvadoreño” que “fue designado como objetivo prioritario de la DEA y sujeto de investigación internacional por sus vínculos con los grupos criminales organizados, compañías ficticias, cárteles y políticos corruptos identificados recientemente por el escándalo de los Papeles de Panamá, según un documento judicial de Florida”.
Según la revista Factum, Enrique Rais se encuentra refugiado en Suiza, país donde también está siendo investigado por posible lavado de dinero. También ha sido señalado por sus nexos con José Luis Merino.
Sin embargo, en El Salvador no ha sido por delitos relacionados al lavado de dinero ni crimen organizado.
Herbert Saca, el oscuro operador político
Foto: Revista Factum. De izquierda a derecha: Hebert Saca, Fernando Ávila, exdiputado suplente de GANA, y Juan Samayoa. Actualmente Samayoa está encarcelado por lavado de dinero.
Herbert Ernesto Saca Vides, primo del expresidente Elías Antonio Saca, ha sido señalado por delitos de corrupción. Investigaciones periodísticas lo describen como un hombre oscuro que ha trabajado con al menos dos presidentes de la República.
Uno de ellos es su primo Antonio Saca, quien fue condenado en septiembre del año pasado a 10 años de cárcel luego de confesar que se había robado varios millones de dólares. El otro es Mauricio Funes, que se encuentra prófugo de la justicia desde mediados del año pasado por una decena de delitos de corrupción.
Herbert Saca nunca ha sido funcionario público. Siempre se ha movido entre las sombras. Hay quienes dicen, por ejemplo, que es el rostro detrás del hombre del maletín negro, es decir, el que compra diputados y corrompe a funcionarios para beneficiar a sus patronos.
De hecho, el pasado 1 de febrero, la Revista Factum publicó un comprometedor audio en el que el expresidente Mauricio Funes conversa con Miguel Menéndez, un exempresario conocido como Mecafé, quien también se encuentra encarcelado por corrupción.
“Herbert Saca, yo sé que es un hombre que una vez termine el gobierno y yo deje de darle el dinero para que compre a los diputados, va a cambiar su actitud”, se escucha decir al entonces presidente Funes a su amigo Mecafé.
La revista Factum aseguró haber entrevistado a una media docena de diputados y exdiputados que dijeron haber recibido ofrecimientos de dinero por parte de Herbert Saca para que votaran a favor de ciertas leyes y reformas, o elección de algunos funcionarios de segundo grado.
Días después de esa publicación, el fiscal general Raúl Melara dijo que iniciaría una investigación contra Herbert Saca por presuntos sobornos a diputados. “Será una investigación completa, responsable, para tratar de determinar si ha habido cometimiento de un ilícito o no”, detalló.
Pero de momento no ha sido acusado en tribunales de justicia.
ALD/Diario1
