La masacre de la familia LeBaron ocurrió el 4 de noviembre de 2019 cuando el crimen organizado asesinó a un grupo de mujeres y menores de edad en Sonora. En aquel entonces, Donald Trump dijo que tenía la intención de designar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras (FTO).
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Pero, aunque el expresidente Trump finalmente decidió no designar así a los cárteles, no fue el único momento en que hubo impulso para etiquetar a las organizaciones narcotraficantes como grupos terroristas.
Años antes, tanto la administración de Barack Obama como la de George W. Bush consideraron en algún momento la misma medida, pero abandonaron esos planes cuando quedó claro que pondría en peligro la seguridad y la cooperación económica con México. También en 2011 y 2012, se presentaron proyectos de ley en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que buscaban designar a siete cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
En septiembre del 2022, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró terroristas a los cárteles como parte de la Operación Lone Star. Al firmar la orden, Abbott anunció que el Departamento de Seguridad de Texas tendría más poder para realizar investigaciones de pandillas transnacionales y basadas en Texas.
Hace un mes, fiscales de 21 estados de Estados Unidos enviaron una carta al presidente estadounidense Joe Biden en la que solicitaron clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Después de eso, el legislador republicano por Texas, Dan Crenshaw, recobró una ley que busca autorizar el uso de fuerza militar estadounidense contra los cárteles de droga mexicanos.
La creciente violencia en México ha renovado los esfuerzos y el discurso para categorizar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, especialmente tras el reciente secuestro de cuatro estadounidenses en la ciudad fronteriza de Matamoros, con Brownsville, Texas.
El objetivo dio un paso más en esa dirección con la presentación de 2 proyectos de ley que abogan por esa designación y por autorizar la actuación del Ejército. Roger Marshall y Rick Scott, por una parte, y Lindsey Graham y John Neely Kennedy por otra, introdujeron su normativa en respuesta al secuestro de 4 estadounidenses y al asesinato de 2 de ellos.
Por una parte, se debate sobre la semántica y clasificación de lo que constituye a una organización terrorista. Ante una creciente presión política, etiquetar a los cárteles parecería ser redituable, pero un término como terrorismo abre opciones políticas y elecciones estratégicas que difieren de las que serían acciones en respuesta a la criminalidad.
El Departamento de Estado clasifica a una entidad como organización terrorista extranjera si una organización participa, o tiene la capacidad y la intención de participar en actividades terroristas que amenazan la seguridad de los Estados Unidos o sus nacionales en el país o en el extranjero.
Por otra parte, se discute sobre los alcances reales que una designación de esa magnitud podría tener. Los efectos prácticos serían congelar activos, imponer restricciones de viaje y enjuiciar a las personas sospechosas de ser miembros de una organización designada o de brindar apoyo.
Entre las distintas propuestas se plantea duplicar los fondos fronterizos a policías locales y policía fronteriza local para ayudar a la Patrulla Fronteriza y a los funcionarios de Aduanas a patrullar la región fronteriza. Otra ley, la Ley de Autorización para el Uso de la Fuerza Militar permitiría al presidente usar la fuerza militar contra los cárteles en función de su tráfico, producción y distribución de fentanilo.
La tercera discusión recae sobre el contexto político electoral de los Estados Unidos. Con una contienda presidencial tan cercana, un importante grupo de republicanos busca de manera consistente imponer un discurso de ley y orden y seguridad nacional como parte de una plataforma que les permita detonar una narrativa en contra del gobierno de Joe Biden para impulsar una campaña que será por decir lo menos complicada.
Y es que según el último reporte de la DEA, si bien la violencia relacionada con las drogas en México sigue siendo una preocupación, hay un mínimo de violencia indirecta en los Estados Unidos, ya que los miembros de la organizaciones criminales se abstienen de la violencia entre carteles para evitar la detección y un mayor escrutinio por parte de las autoridades estadounidenses.
El debate sobre la violencia de las drogas en México a menudo sirve para oscurecer la enorme demanda de narcóticos en los Estados Unidos. Si los cárteles de la droga son clasificados como terroristas, ¿se podría acusar a los usuarios de drogas estadounidenses de apoyar al terrorismo cada vez que compran una dosis?
Por eso, hallar la combinación apropiada de responsabilidad, recursos, herramientas legales y voluntad política para reducir el poder de los cárteles es un proceso continuo entre EU y México, y quizá lo será en el futuro previsible. Confundir a los narcotraficantes con terroristas entre la politiquería haría muy poco para impulsar los esfuerzos que busquen reducir la violencia en México y el tráfico a EU.
