La colaboración entre naciones, sector privado y la sociedad civil es esencial para diseñar soluciones efectivas y duraderas frente a la creciente ola de ciberdelincuencia en América Latina y el Caribe.
En el más reciente Índice Global de Crimen Organizado de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), América Latina y el Caribe muestra cifras preocupantes relativas a los crímenes ciberdependientes.
Estos crímenes, que abarcan desde fraudes financieros en línea hasta ataques de ransomware, no solo amenazan la seguridad individual, sino también la integridad de las instituciones financieras y gubernamentales de la región.
Imagínese a Raúl, un joven mexicano que descubre el lucrativo mundo de la venta de drogas sintéticas en línea, aprovechando la falta de regulación y el anonimato que le brindan las criptomonedas. O a Clara, una empresaria chilena cuyo negocio fue paralizado por un ataque de ransomware que exige un rescate en criptomonedas. Estas realidades, aunque distintas, están conectadas por el complejo entramado de la ciberdelincuencia.
Según datos de GI-TOC, Brasil, con un índice de 8.00, encabeza la lista de países con el mayor impacto de crímenes ciberdependientes en América Latina y el Caribe. México le sigue de cerca con 7.50, mientras que países como Honduras, Ecuador y Panamá también muestran valores alarmantes, superando el 6.00.
La proliferación de estos crímenes se debe a varios factores. Primero, el crecimiento exponencial del acceso a internet y el uso de dispositivos móviles en la región ha ampliado el campo de acción para los delincuentes. Segundo, la falta de legislación adecuada y las capacidades limitadas de las fuerzas de seguridad contra la ciberdelincuencia han dejado a muchos países vulnerables a estos ataques.
Si bien la tecnología ha traído innumerables beneficios a la región, también ha expuesto a sus ciudadanos a riesgos sin precedentes. Los países con economías más desarrolladas son particularmente atractivos para ciberdelincuentes debido a la mayor cantidad de transacciones financieras y datos valiosos en línea.
Además, de acuerdo con GI-TOC, los crímenes ciberdependientes muestran una baja correlación con casi todos los demás mercados criminales que analiza. La única excepción notable es el comercio de drogas sintéticas, que ha visto un crecimiento global hacia la compra en línea, respaldado por el uso de criptomonedas, no solamente en América Latina y el Caribe, sino también en Europa.
En nuestra región, varios países han comenzado a establecer acuerdos bilaterales y multilaterales para compartir información y estrategias en torno a la ciberseguridad. Estos esfuerzos conjuntos, como la creación de centros regionales de ciberseguridad, apuntan a una cooperación más estrecha para combatir a los cibercriminales. Ejemplo de lo anterior, es el Centro de Cibercapacidades de Latinoamérica y el Caribe, con sede en República Dominicana y financiado por la Unión Europea, que pretende brindar entrenamiento y coordinar ejercicios de respuesta conjuntos.
Organismos como GI-TOC, han resaltado la urgencia de abordar la ciberdelincuencia en América Latina y el Caribe. El auge de los crímenes ciberdependientes no solo representa una amenaza para la seguridad individual y corporativa, sino también para la integridad y estabilidad de los sistemas financieros y gubernamentales de la región.
A través de investigaciones, publicaciones y eventos, GI-TOC ha instado a los gobiernos a establecer marcos legales más fuertes, a fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad y a promover la cooperación regional para enfrentar conjuntamente este desafío.
En suma, la colaboración entre naciones, sector privado y la sociedad civil es esencial para diseñar soluciones efectivas y duraderas frente a la creciente ola de ciberdelincuencia en América Latina y el Caribe.
