Guatemala, Ecuador y Argentina están en la antesala de definir sus procesos electorales, y con esto, definir la continuidad de un ciclo progresista o de una nueva vuelta de tuerca que tienda a instalar fórmulas de extrema derecha, adscritas al dogma neoliberal.
Dos fechas clave para América Latina en el futuro inmediato: el domingo 20 de agosto se celebrará la primera vuelta de las anticipadas elecciones presidenciales en un Ecuador sacudido por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, y ese mismo día tendrá lugar el balotaje en Guatemala.
La segunda fecha clave: el domingo 22 de octubre, la de los comicios generales en Argentina, donde Javier Milei, un outsider de extrema derecha, podría ratificar su triunfo de las primarias del domingo 13 en la competencia por el sillón presidencial de la Casa Rosada.
En el devenir político cada vez más esquizofrénico de la región, los eventos electorales abren interrogantes acerca de la continuidad de un ciclo progresista o de una nueva vuelta de tuerca que tienda a instalar fórmulas de extrema derecha, adscritas al dogma neoliberal y propulsoras del autoritarismo tras un discurso pretendidamente libertario.
Un ilegal y poderoso actor político
Un escenario complejo, donde los tradicionales actores de la política y la economía como referentes para los votantes, están hoy sobrepasados o desplazados por un protagonista que desde la ilegalidad pretende apoderarse del escenario: el crimen organizado que se nutre de los carteles y pandillas del narcotráfico.
Las alarmas se encendieron desde Quito el 9 de agosto, cuando Villavicencio, un periodista, candidato presidencial de un movimiento centrista que hizo del combate a la corrupción el eje de su plataforma política, fue baleado por un grupo de sicarios a la salida de una concentración proselitista en la capital de Ecuador.
En rigor no ha sido el primer asesinato político en Ecuador y América Latina, ni tampoco la primera acción atribuible a los carteles de la droga, pero no cabe duda de que evidencia, como nunca, el crecimiento y poder del narcotráfico, con sus ramificaciones internacionales y su capacidad para desestabilizar políticamente a la región.
Los análisis y reportajes sobre el caso ecuatoriano dan cuenta de la penetración en este país de 17,5 millones de habitantes de mafias de narcotraficantes de Colombia y Perú, sus vecinos, y también de México y de la lejana Albania, que construyeron redes de delincuencia que se articulan y disputan territorios y mercados incluso con batallas campales y decenas de muertos en un saturado sistema carcelario.
La economía dolarizada y las permeables fronteras marítimas y terrestres resultaron favorables para el narcotráfico, así como la corrupción que alcanza a todas las esferas de poder, incluyendo a la policía. Corrupción que puso en jaque al presidente Guillermo Lasso, quien ante la posibilidad de ser destituido recurrió al recurso constitucional de disolver el parlamento y convocar a elecciones generales anticipadas.
Ocho candidatos presidenciales se enfrentarán el domingo 20 para ocupar la presidencia hasta el año 2025. Antes del asesinato de Villavicencio, las encuestas daban la primera mayoría a Luisa González, abogada de 45 años, candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, continuador del expresidente Rafael Correa (2007-2017) exiliado en Bélgica.
Lo más probable es que la disputa presidencial se resuelva en la segunda vuelta, convocada para el 15 de octubre. Tendría como protagonistas a González y al periodista Christian Zurita, designado por el Movimiento Construye como reemplazante del asesinado Villavicencio, aunque las encuestas hasta el 9 de agosto dibujaban una pugna por el segundo lugar entre el líder indígena y ambiental Yaku Pérez y el derechista Otto Sonnenholzner.
¿Pesará el factor emocional para que un buen porcentaje de electores ecuatorianos se decante por Zurita? ¿Cuánto influirá la antigua confrontación entre Villavicencio y Correa para restar votos a González? Preguntas válidas, sobre todo considerando que 40 % de los electores estaban indecisos y que se anunciaba un 16 a 20 % para sufragios nulos y blancos.
Inseguridad aliada del neoliberalismo
Claro que las encuestas distan mucho de ser infalibles, como se demostró en las primarias argentinas, que atribuían a Milei 20 % y lo remitían al tercer lugar, por detrás de la derechista Patricia Bullrich y del peronista Sergio Massa. Al final, Milei llegó a 30 %, capitalizando la rabia de los argentinos ante el aumento de la pobreza y una inflación que se aproxima a la tasa anual de 200 %.
Emular el neoliberalismo extremo de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile con libertad absoluta de importaciones y exportaciones, liberalizar completamente el mercado, incluso para la compra y venta de órganos, eliminar el Banco Central y el Ministerio de la Mujer, autorizar el porte de armas a particulares, son puntos de la plataforma triunfadora de Milei y su partido La Libertad Avanza.
Queda abierta la pregunta de si los electores argentinos dimensionaron estas propuestas al votar por este vociferante economista que al igual que Donald Trump y Jair Bolsonaro niega el cambio climático, o si gravitó en ellos únicamente la desesperación por una crisis económica provocada en buena medida por la asfixia del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Alberto Fernández.
Un exultante José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, de la extrema derecha en Chile, felicitó a Milei con este mensaje: “Por el bien de Argentina, que gane la fuerza de la libertad y que la corrupción, inseguridad y mediocridad sean derrotadas”.
La apropiación de la libertad como eslogan propagandístico es una característica que se replica en la extrema derecha. Ni Kast ni Milei son la excepción, con una suerte de complicidad hacia este último de algunos medios de prensa que a partir del nombre de su partido lo llaman “candidato libertario”.
Así, el fenómeno de este outsider argentino se explica también por una ecuación que conjuga la libertad de los mercados con el recorte de los derechos humanos, en especial los derechos de la mujer, como una forma de garantizar estabilidad y enfrentar la crisis de seguridad que asola en diversos grados a toda América Latina.
El crimen organizado termina siendo un propulsor de soluciones autoritarias, al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuya incontrarrestable popularidad crece en relación directa con los atropellos a los derechos fundamentales. El Salvador exhibe un récor nada envidiable de ejecuciones extrajudiciales en sus cárceles pobladas de supuestos pandilleros de las maras.
Un panorama nada alentador para la región, sobre todo luego de que el asesinato de Villavicencio en Ecuador ha vuelto a situar el fenómeno del narcotráfico como un problema exclusivamente latinoamericano, que se solucionaría tal vez con la militarización del combate a los productores de cocaína y marihuana y la represión masiva a sus redes de apoyo.
Narcotráfico y narco consumo
Si existe narcotráfico es porque es un buen negocio que cuenta con un vasto mercado de consumidores en el hemisferio norte. El Informe Mundial sobre las Drogas 2023 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), reafirma que entre los 15 mayores consumidores de cocaína en el mundo hay solo cuatro países latinoamericanos y ocho de Europa, además de Estados Unidos, Canadá y Australia.
La estadística, que remite al consumo de drogas en la población mayor de 15 años, establece que en números absolutos en Estados Unidos hay 5.3 millones de consumidores de cocaína, 37 millones de marihuana, 6.6 millones de anfetaminas y dos millones de consumidores de opio.
En este escenario distorsionado se remiten a segundo plano cuestiones fundamentales y prácticamente se ignoran noticias de trascendencia, como los acuerdos de la reactivado la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, cuyos ocho gobiernos, reunidos en Belém el 8 y el 9 de este mes adelantaron medidas para detener la deforestación de la Amazonia, desarrollada en gran escala bajo el gobierno del expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022).
Así como América del Sur, también América Central se enfrenta a crisis de seguridad y al cáncer de la corrupción, y aunque relegada en la atención noticiosa por el caso ecuatoriano, la segunda vuelta de las presidenciales de Guatemala este domingo 20 cobra trascendencia.
Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, caracterizada como candidata de los sectores tradicionales, promete emular a Bukele en sus políticas de seguridad, mientras su contrincante, Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla de centroizquierda, pone el acento en el combate a la corrupción, identificada como el fenómeno más grave del país por organismos internacionales.
Un posible triunfo del socialdemócrata Arévalo fortalecería un progresismo centroamericano, alejado del totalitarismo de Daniel Ortega en Nicaragua, cercano al gobierno de Xiomara Castro en Honduras y sería una reivindicación histórica con el hijo de Juan José Arévalo, el primer presidente democrático de Guatemala, que gobernó el país entre 1945 y 1951.
