Dos jueces libraron de cargos a los familiares del presidente bajo el argumento de que no tuvieron la “intención” de defraudar al Estado.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) investigaban otra cosa cuando la jueza Silvia de León les ordenó indagar en un contrato en el Registro de la Propiedad que salpicaba a Samuel Morales y José Manuel Morales, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales.
Como en el caso La Línea, donde la interceptación de una llamada telefónica entre contrabandistas los llevó a descubrir la existencia de red de defraudación aduanera dirigida por el gobierno de Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina, en enero de 2017 el caso Botín Registro de la Propiedad llevó a la Fiscalía a una esquina de la familia Morales.
El caso no era uno de corrupción sofisticada. Se trató de uno de caminos más comunes para sustraer dinero del Estado: la investigación señala que los Morales enviaron correos y prestaron facturas para fingir una competencia entre tres empresas que buscaban ganar un contrato en el Registro Mercantil, en tiempos del Partido Patriota. Enviaron tres cotizaciones para que la familia de la exnovia de José Manuel vendiera canastas navideñas.
En septiembre de 2016, Anabella de León, Registradora de la Propiedad en el gobierno del PP, fue señalada de beneficiarse de los recursos de esa institución a través de 16 plazas fantasmas con las que se extrajo de esa institución Q3 millones (casi US$400 mil).
Días después José Manuel Morales, el hijo del presidente, se presentó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) a declarar sobre su participación. Cinco días después también lo hizo su tío Samuel Morales.
– Usted, José Manuel simuló esas tres cotizaciones con datos falsos para hacer creer que fueron tres empresas las que participaron, señaló la jueza de Silvia de León cuando lo ligó agregó al proceso judicial a finales de 2016, en el primer año de la presidencia de Jimmy Morales.
Cuando el caso salió a la luz Jimmy Morales junto a su esposa lanzaron un vídeo en el que aparecían con un semblante serio y preocupado y aseguró que no intervendría en el caso.
– Esta es la única ocasión en la que hablaré sobre este tema. Y no hablaré sobre este tema y que no daré ninguna declaración adicional para no intervenir de ninguna manera en este proceso (…) Respetamos a las instituciones responsables de impartir justicia en nuestro país y bajo ninguna circunstancia interferiremos en su actuar, dijo mientras volteaba a ver a su esposa Patricia Marroquín.
Pero mientras ofrecía eso en cámaras, bajo la mesa empezaba a boicotear la agenda de la CICIG, evitando el apoyo de sus aliados parlamentarios para aprobar la convocatoria a reformas constitucionales para cambiar la forma en la que los diputados eligen a los jueces más importantes del país. Así, en noviembre de 2016, quedaba enterrada la propuesta de reforma constitucional.
En medio de estas tensiones, en una entrevista con el periodista estrella de Univisión, Jorge Ramos, el presidente Jimmy Morales respondía que su hijo y su hermano habían tenido esa conducta (delictiva) porque entonces la corrupción en Guatemala era normal.
Y así, mientras en 2017, la CICIG seguía cercando al círculo del presidente con acusaciones de corrupción, masacres durante la guerra o asesinatos de periodistas en Mazatenango, su Gobierno intentaba acabar con la CICIG. Empezó con el intento de expulsar al comisionado Iván Velásquez en agosto de 2017 hasta la expulsión de facto del comisionado y 11 investigadores líderes de la Comisión en enero de 2019.
Con la CICIG debilitada, a dos semanas de terminar su mandato, después de 105 audiencias, el caso llegó a sentencia en el Tribunal Décimo Tercero.
José Manuel, el hijo futbolista del presidente que entregó facturas falsas para ayudar a su suegro a estafar al Estado
Un fallo dividido e inverosímil
– Al mismo tiempo que usted estaba siendo juzgado, su hermano (el Presidente) tomaba acciones contra la CICIG. ¿Qué impacto tuvo en el caso?, se le preguntó a Samuel Morales cuando salió del Tribunal. La pregunta lo incomodó.
– Usted está (usando), nuevamente, el poder de la palabra, aseverando cosas que no me puede comprobar. Nosotros hemos sido totalmente respetuosos de los procesos y de la ley, y jamás ha habido una acción de nuestra parte, de nuestra familia o de algún allegado para entorpecer esos casos, dijo y se retiró.
Al salir del Tribunal y escuchar su absolución, el hijo del presidente, José Manuel, recurrió a la retórica religiosa que su papá utilizó para boicotear el financiamiento de la CICIG en Estados Unidos: “Dios nos escuchó, Dios nos bendijo y que Dios siga bendiciendo a Guatemala”.
Horas después, el Gobierno de Guatemala divulgó un nuevo vídeo donde Jimmy Morales, acompañado de su esposa, con un semblante tranquilo y complacido dijo que esperaba que la sentencia fuera confirmada (por una sala de apelaciones) y aseguró que “siempre colaboraron con la justicia”.
El gran ausente en la sala donde se dictó la sentencia del caso fue la CICIG. El 17 de enero pasado, diez días después de que el presidente anunciara en el Palacio Nacional que daba por finalizado de forma uniletaral e ilegal el acuerdo que le dio vida a la CICIG, el Tribunal Décimo Tercero declaró que la Comisión quedaba fuera del caso; en ese tiempo el Gobierno había impedido que trabajadores del ente internacional ingresaran a Guatemala y había ordenado que otro grupo saliera del país.
Aunque había un amparo de la Corte de Constitucionalidad que ordenaba al presidente Morales dejar trabajar a la CICIG, el abogado defensor, Óscar Poroj, usaba como argumento de defensa la frase: “ya no existe la CICIG”.
El Tribunal Décimo Tercero, la jueza Edna Maxín Lopéz intentó condenarlos, pero fueron mayoría los jueces Jaime Delmar González Marín y Juan Aceituno, quienes los absolvieron y dictaron sentencias irrisorias para algunos de los otros acusados.
Los jueces Jaime González y Juan Aceituno tienen antecedentes y resoluciones cuestionables. El primero enfrentó dentro del Organismo Judicial un señalamiento por corrupción en el Juzgado de Zacapa y el segundo fue quien absolvió a Julia Maldonado, ex diputada de Líder señalada de corrupción en Conjuve en tiempos de la UNE.
Para los jueces González y Aceituno, la investigación del Ministerio Público y la CICIG no demostró que Sammy y José Manuel Morales tuvieran “la intención” de defraudar al Estado. Pese a que cometieron acciones para que una empresa se beneficiara de forma irregular con contratos en el Registro de la Propiedad, fueron absueltos de los delitos de peculado por sustracción (sustracción de dinero de una institución) y lavado de dinero. El MP había pedido 8 años de cárcel contra el hijo de Jimmy Morales y 11 para su hermano.
Samuel Morales, el hermano del presidente que intentó ganar inmunidad al postularse como diputado. El TSE no aceptó su candidatura.
La mayoría del Tribunal tomó como pruebas los correos que envío Samuel Morales a Adbi Estrada, la exnovia de su sobrino, con las tres cotizaciones que su familia utilizó para participar en un concurso en el Registro de la Propiedad, pero lo absolvió porque se los envió a ella y no directamente al Departamento de Compras de esa institución.
La sentencia parece inverosímil. Reconoce que prestó facturas para defraudar al Estado, pero lo absuelve.
– El acusado no tuvo el conocimiento ni la voluntad de participar en el evento que se le indica, dado que unicamente prestó sus facturas con el fin de que fuera pagado el servicio de canastas navideñas que elaboró Abdi Estrada García (…) El hecho de proporcinar dos facturas no es penalmente relevante porque el acusado lo hizo a petición de su sobrino José Manuel Morales Marroquín, su actuar fue a petición de su sobrino con el único fin de ayudar a su ex suegra, dijo el juez González.
José Manuel Morales fue absuelto porque, de acuerdo al criterio de los dos jueces, no se evidenció que tuviera “la voluntad de participar en los actos administrativos donde se recibió el pago de las canastas navideñas, tampoco se evidencia que haya tenido un beneficio económico”.
Por otro lado, Anabella de León, exdiputada del Partido Patriota y exjefa del Registro General de la Propiedad, fue encontrada culpable pero no de la sustracción de dinero de la institución, sino por “dejar” que el mismo fuera extraído a través de plazas fantasmas que ella autorizó y firmó y que según el MP eran equivalentes a Q3 millones.
Por ello fue sentenciada a pagar una multa de Q5 mil, el 0.001 por ciento de lo defraudado.
Aunque encontrada culpable, Anabella de León sólo recibió una multa irrisoria.
La mayoría del Tribunal no solo benefició a la familia presidencial y a Anabella De León, sino también a las 13 personas acusadas de ocupar esas plazas fantasmas. Aunque se probó que nunca llegaron a laborar al Registro de la Propiedad y que cobraron mes a mes, para los jueces eso no significó que sustrajeran fondos de la institución, como acusó el MP y la CICIG, sino que solo cometieron un fraude. Eso implicó que fueran condenados a la mitad de la pena que la Fiscalía solicitó. De 8 años, fueron condenado a 4 años de cárcel conmutables, que podrán evitar si pagan Q20 por cada uno de esos día.
Ese criterio no fue el mismo para cuatro personas condenadas hace cuatro meses, en abril, por los mismos cargos. El Tribunal Segundo sentenció a Carlos Solózano Morales, Génesis Alvarado y Yoni Valenzuela Morales a 9 años de cárcel y el pago de una multa de Q15 mil por tener plazas fantasmas en el Registro. Esos jueces sí consideraron que cometieron peculado por sustracción y no fraude.
No tuvieron la suerte de que en su caso estuvieran involucrados en su caso el hijo y el hermano del presidente de la República.
Samuel y José Manuel Morales estaban complacidos con la sentencia.
Pero lo único que les borró por un momento la sonrisa fue cuando la jueza Edna Maxín dijo de forma enfática que no estuvo de acuerdo con la resolución de sus colegas y que ella hubiera condenado de forma diferente.
– Los elementos de prueba son suficientes para acreditar que existieron acciones ilícitas (…) No podemos simular eventos y venir a decir que todo está correcto. Eso no es así señores, sí hubo negociaciones ilícitas y todos tuvieron participación. Hubo errores, negligencias y hasta avaricia.
La jueza Maxín continuó:
– Queda la moraleja de que prestar, vender o regalar facturas es un ardid que contribuye a actos ilícitos y no se debe hacer.
Saludo a Giammattei
Samuel Morales utilizó buena parte de su tiempo frente a la cámaras para pedir apoyo para el presidente electo Alejandro Giammattei y no quiso responder mayores detalles de su caso, incluso cortó sus respuestas a la prensa cuando se le preguntó por la CICIG:
– Ustedes tienen en sus manos, en sus micrófonos, en sus redacciones, el poder de la palabra y la palabra puede usarse para destruir y construir, y yo yo los invito de todo corazón que en este momento que estamos en transición de gobierno, que construyamos, que no lancemos una sola palabra de destrucción porque si nosotros destruimos nuestras instituciones, imagínense lo que harán los que vienen de fuera. Apoyemos esta transición, apoyemos al nuevo presidente, apoyemos a nuestro país.
ALD/NomadaGt
