El ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que el organismo internacional es parte «responsable de la crisis» y adelanta que no adoptarán una política de reducción del déficit fiscal
Antilavadodedinero / El País
Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se han sentado, al fin, en la misma mesa. La llegada a Buenos Aires este miércoles de una misión técnica ha sido el pistoletazo de largada de la negociación por el futuro de la deuda externa del país sudamericano, considerada impagable por la Administración del peronista Alberto Fernández. Durante una semana, las partes analizarán las cuentas del Gobierno y las posibilidades prácticas de un nuevo plan de pagos que vuelva “sustentable” la deuda de 44.000 millones de dólares que Mauricio Macri contrajo con el FMI en 2018. Argentina necesita el apoyo del organismo internacional para avanzar, también, en la negociación con los acreedores privados, que esperan solo para este año pagos por 37.000 millones de dólares.
La misión del Fondo Monetario Internacional coincidió con una presentación informativa ante el Congreso del ministro de Economía, Martín Guzmán, a cargo de las conversaciones. El funcionario no ha revelado detalles, pero ha dado al menos una idea del camino que piensa seguir la Casa Rosada. Ha dicho que el Gobierno tiene «un programa económico muy definido» que no contempla la reducción del déficit fiscal, ha achacado al FMI la responsabilidad de la crisis de deuda que atraviesa Argentina y ha advertido que el Ejecutivo no permitirá que «fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica». Ha dicho además que el objetivo final de la negociación con el FMI es alcanzar una solución «sustentable a largo plazo» al problema de endeudamiento crónico que tiene el país.
“El préstamo del FMI no se usó para aumentar la capacidad productiva del país, se usó para pagar deuda inviable y para financiar la salida de capitales», ha dicho Guzmán. «El FMI es responsable por la crisis de deuda, también Argentina y los bonistas que decidieron apostar a una tasa alta y a un modelo que fracasó», ha insistido ante los diputados, que en la víspera acercaron al ministro un listado con 122 preguntas sobre el proceso negociador.
La calle también dio la bienvenida a la misión del FMI, encabezada por la directora adjunta del departamento para el Hemisferio Occidental, Julie Kosack, el venezolano Luis Cubeddu, a cargo del caso argentino. Movimientos sociales afines al gobierno marcharon a modo de protesta por Buenos Aires, en lo que ha sido un delicado juego de equilibrios entre el apoyo a las negociaciones que lleva adelante Alberto Fernández y el repudio histórico que mantienen con todo lo que huela a Fondo Monetario Internacional.
El venezolano Cubeddu es un viejo conocido en Buenos Aires, porque ya tuvo a su cargo en 2003 la renegociación de la deuda realizada por el fallecido expresidente Néstor Kirchner. Aquellas conversaciones terminaron el 3 de enero de 2006, cuando Kirchner canceló de un solo pago los 9.800 millones de dólares que Argentina adeudaba al FMI, lo que supuso la ruptura de relaciones formales. La realidad actual es muy distinta.
A mediados de 2018, Macri volvió al FMI para pedir un rescate financiero. Los mercados habían cerrado el grifo de préstamos a Argentina y el organismo multilateral dio al país sudamericano una línea de crédito de 57.000 millones de dólares, la mayor jamás otorgada. Cuando la situación económica saltó por los aires a finales de 2019, el FMI decidió suspender las ayudas. Macri había recibido 44.000 millones del total acordado y, en ese entonces, tuvo que admitir que no podía hacer frente a los vencimientos comprometidos. Meses antes de dejar el poder, inició un “reperfilamiento” de las obligaciones de deuda, tanto con el Fondo Monetario Internacional como con los acreedores privados, poseedores de bonos argentinos por unos 66.000 millones de dólares. El trabajo sucio quedó para su sucesor.
La misión del Fondo se reunirá con altos funcionarios argentinos, pero también con banqueros, analistas financieros y empresarios. La idea es que se lleve a Washington un panorama general de las cuentas argentinas y “entender mejor las medidas que se están tomando para mejorar la situación de la pobreza y reactivar la economía”, según dijo a finales de enero el auditor regional del FMI, Alejandro Werner.
Las relaciones entre Argentina y el Fondo estaban congeladas desde el triunfo de Fernández en las elecciones primarias de agosto pasado. El FMI entendió que no sería Macri quien debería resolver el problema de la deuda y prefirió esperar a los primeros pasos del nuevo Gobierno. Decidió incluso excluir el caso argentino de su reporte económico mundial por falta de precisiones. Por eso mantuvo la meta de crecimiento que había realizado en octubre, con una previsión negativa del 1,3% para 2020 y un leve repunte de 1,4% para el año próximo. La llegada este miércoles de la misión a Buenos Aires supone la normalización de las relaciones.
El ministro Guzmán ya había dado un primer paso la semana pasada en Roma, cuando se reunió con la directora del organismo, Kristalina Georgieva. La víspera de la visita, sin embargo, no fue del todo apacible. El Gobierno postergó de forma unilateral hasta el 30 septiembre la amortización de 96.000 millones de pesos (1.600 millones de dólares aproximadamente, unos 1.440 millones de euros) de capital del bono AF20, una letra dual emitida en pesos pero atada a la cotización de la divisa en el mercado local. Antes había intentado, sin éxito, un canje de los bonos y la emisión de un título en pesos para obtener dinero fresco.
Protestas callejeras
Bajo el lema “La deuda es con el pueblo”, miles de personas se han movilizado durante la tarde de este miércoles en el centro de Buenos Aires en contra de la visita del FMI, al que acusan de haber endeudado al país al conceder un préstamo inviable. Partidos de izquierda, movimientos sociales afines al Gobierno de Fernández y sindicatos han encabezado la marcha que terminó frente al Congreso argentino a la misma hora de la exposición de Guzmán.
A excepción de los partidos de izquierda, muchos de los manifestantes respaldan al Ejecutivo peronista y no se oponen a la negociación con el organismo internacional, pero exigen que cualquier acuerdo contemple la protección de los más vulnerables. “Apoyamos las negociaciones con la advertencia de que no estamos dispuestos a que la deuda se pague con hambre y desocupación”, señaló el titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Esteban Castro, en la convocatoria de la protesta.
Fernández llegó al poder al frente de una amplia coalición que incluyó también a políticos que fueron críticos con el kirchnerismo —como Victoria Donda, designada titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo— y procedentes de movimientos sociales, como Daniel Menéndez, subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social. Ambos participaron de las manifestaciones, lo que muestra una vez más las tensiones internas a las que debe hacer frente el presidente argentino.
«Es una movilización multitudinaria. Hay columnas de distintos espacios que muestran la necesidad de agruparnos todos con un sentido de firmeza y de unidad», subrayó Menéndez desde la calle. Menéndez considera que el FMI “ha sido cómplice de un proceso de fuga y actuó de manera irresponsable en relación con el endeudamiento” realizado por el Gobierno de Macri. “La deuda millonaria que nos dejaron solo sirvió para la fuga de capitales y no para el desarrollo productivo. Para pagar hay que crecer”, ha escrito Donda en su cuenta de Twitter. Su postura coincide con la del oficialismo, que pide tiempo para reactivar la economía y así, crecer.
