La máxima autoridad financiera a nivel internacional contra el lavado anticipó de manera informal sus objeciones al RIGI. «Argentina se convertirá en un paraíso fiscal», es el diagnóstico.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hizo saber al gobierno de Milei sus objeciones por las graves fallas de seguridad que observó en la ley ómnibus, que favorecen de manera ostensible el lavado de activos.
La máxima autoridad internacional contra el lavado puso la lupa en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), capítulo que cuenta con un amplio respaldo de empresas y gobernadores de provincias con recursos estratégicos, fundamentalmente minería e hidrocarburos.
«El mencionado Registro es una puerta de acceso camuflada con visos de legalidad para que capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas entre otros, ingresen al circuito económico y financiero de la República Argentina sin exigencias reales de licitud de origen y trazabilidad», dice el borrador de las objeciones que el GAFI, al que LPO accedió en exclusiva.
«Las fallas de seguridad de la Ley son ostensibles, transformándola en funcional al blanqueo o lavado de capitales, lo que significará transformar a la argentina en una plaza complaciente para la operación de organizaciones criminales de funcionamiento y objeto multidimensional.
No existe en el texto del proyecto ley ningún requisito sólido de acreditación de origen lícito de los fondos o su trazabilidad para evitar un blanqueo o lavado encubierto producto de organizaciones criminales» continúa el documento.
Las objeciones son de tal gravedad que el GAFI no descarta incluir a la Argentina en la lista de paraísos fiscales, anticiparon a LPO fuentes al tanto de las conversaciones en el organismo. «Todos los grandes fondos de flujo ilícito de dinero calificarían para ingresar al registro de incentivo para grandes inversiones con lo cual Argentina se transformaría en un nuevo paraíso fiscal para capitales de origen incierto», agrega el texto.
El mencionado Registro es una puerta de acceso camuflada con visos de legalidad para que capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas entre otros, ingresen al circuito económico y financiero de la República Argentina.
El GAFI detalla entre lo riesgos esenciales la falta de información fehaciente respecto al origen de los fondos, que el Estado se deslinda de todas responsabilidad en caso de que se compruebe un origen espurio de los capitales y que no incluye el rechazo ante presunta ilegalidad de esos fondos.
El pronunciamiento del GAFI es durísimo: «Organizaciones criminales como los cárteles de la droga, las maras, los tratantes de personas y material genético, de armas o terroristas entre otras, entenderían esta vulnerabilidad legislativa como una ventana de oportunidad para invertir o lavar dinero ensangrentado».
El documento concluye que «por los altos montos de ingreso, que contemplan piso sin techo, y ante las menguas explícitas e incomprensibles a la seguridad emergentes del propio texto del proyecto de Ley, el mismo importa una maquinación a cielo abierto para procurarse de una fuente de financiamiento segura y constante al cumplimiento de pasivos de deuda externa e interna del país».
El pronunciamiento del GAFI abre un nuevo punto de conflicto. El RIGI es uno de los capítulos de la ley que cuenta con amplio consenso. Hasta el momento los reparos de los bloques opositores se dirigieron a la flexibilidad del blanqueo, la reducción del impuesto a los bienes personales y la eliminación del monotributo social.
