Aunque buscan evitar un giro drástico, en el oficialismo esperan no perjudicar desde la AFIP o la OA a Cristina.
Antilavadodedinero / La Nación
Es posible que órganos del gobierno de Alberto Fernández acusen a Cristina Kirchner o a alguno de los funcionarios de su gobierno por actos de corrupción cometidos entre 2003 y 2015? ¿Cómo evitar que eso suceda sin que los titulares de esos organismos queden en el centro de un escándalo? Esas preguntas circulan hoy con fuerza en la Oficina Anticorrupción ( OA) , la Unidad de Información Financiera ( UIF ) y la AFIP , dependencias que intervienen como querellantes en las más importantes causas de corrupción contra la expresidenta y sus excolaboradores.
El interrogante volvió a instalarse la semana pasada después de que la UIF pidió una pena de nueve años de prisión para Lázaro Báez por el lavado de 50 millones de dólares, en el juicio oral del caso conocido como ruta del dinero K, en el que interviene como querellante.
Dos semanas antes, la AFIP había solicitado una condena de ocho años, en un alegato en el que hizo hincapié en la relación del empresario con Néstor Kirchner. Por su parte, la OA, que debe alegar en ese mismo juicio este miércoles, apeló la semana pasada el sobreseimiento del exdirector de la AFIP Ricardo Echegaray, en otra causa, por enriquecimiento ilícito.
Los titulares de esos organismos, Félix Crous (OA), Carlos Cruz (UIF) y Mercedes Marcó del Pont (AFIP), todos nombrados por el gobierno de Fernández, no dieron instrucciones para cancelar las querellas en curso.
Pero en la Casa Rosada reconocen que más temprano que tarde habrá un cambio de política. No es para menos: el Presidente y la vicepresidenta sostienen desde la campaña electoral que el macrismo usó esos organismos de control para perseguir a opositores. Un dato alcanza para entender el cambio de escenario. La nueva titular de la DGI, órgano de la AFIP del que dependen las querellas, es Virginia García, excuñada de Máximo Kirchner.
El viraje, sin embargo, se demora. Las últimas intervenciones de la OA, la UIF y la AFIP sorprendieron a algunos dirigentes del oficialismo. «La acusación contra Lázaro Báez es un riesgo. Se da por probado el lavado en un caso en el que está involucrada Cristina», advirtió un importante diputado del Frente de Todos.
Si bien no es parte del juicio que se sigue contra el empresario, la vicepresidenta es investigada en primera instancia por un pedido que hizo la UIF cuando estaba a cargo de Mariano Federici. Ese mismo organismo interviene como querellante en otras tres causas en las que está acusada Cristina: Hotesur, Los Sauces y el caso de los cuadernos de las coimas.
En el kirchnerismo no dudan de las intenciones de Cruz, un abogado que llegó al cargo por impulso de la vicepresidenta. De hecho, en la UIF deslizan que si él no estuviera al frente del organismo, la acusación contra Báez habría sido todavía más dura.
En el alegato del organismo, además, no se repitieron las menciones a Néstor Kirchner, que hicieron los abogados de la AFIP. «La designación de Báez no fue azarosa, no fue fruto del Espíritu Santo. Todos sabemos que la designación de Lázaro Báez tuvo que ver con aquella relación de amistad que tenía con quien fuera el entonces presidente, Néstor Kirchner», sostuvo el abogado del organismo recaudador Luis González Ávalos.
Repercusiones
Ese alegato retumbó puertas adentro de la AFIP y del oficialismo en general. Al margen de que no haya exfuncionarios involucrados en el juicio, ¿durante cuánto tiempo más funcionarios del Poder Ejecutivo van a seguir sosteniendo acusaciones contra el expresidente? Para algunos dirigentes del Frente de Todos la demora es inexplicable.
«También nos votaron para terminar con esto», argumentó un diputado del oficialismo. Los más pacientes entienden que las cosas se van a ir acomodando de a poco. «Nadie quiere pegar un volantazo el primer día por casos que no son tan significativos», evaluó un conocedor de los tiempos tribunalicios.
Este lunes, en la audiencia del juicio por la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal N° 2 podría responder al planteo que hicieron varios acusados -y al que se sumó la propia vicepresidenta- para que la UIF y la OA sean apartados del expediente. Las defensas creen, según dijeron a este medio, que no se le hará lugar al planteo y que los organismos seguirán en el proceso como querellantes.
Por otro lado, quienes condujeron los organismos de control durante el macrismo consideran que el monto de la pena pedida para Báez «es bajo», y señalan que no hay relación entre la pena que piden para los que tienen menores responsabilidades en la maniobra y la que se pide para los máximos responsables por el delito de lavado.
La figura del arrepentido Leonardo Fariña volvió a cobrar relevancia en estas últimas semanas porque, mientras el oficialismo apuntó contra sus dichos como arrepentido -valorados por el juez de primera instancia Sebastián Casanello-, en sintonía con el discurso oficial la AFIP pidió para él una condena de cinco años de prisión. Y, además, pidió que no se le concedan los beneficios que establece la ley del arrepentido.
La UIF sugirió una pena de cuatro años y medio de prisión para Fariña, y aunque pidió que se le concedan los beneficios que indica la ley, aclararon desde ese organismo que los dichos de Fariña no fueron utilizados para formular la acusación.
La OA deberá pronunciarse en ese juicio este miércoles. La figura de Fariña motivó discusiones. Durante la gestión de la macrista Laura Alonso al frente de ese mismo organismo se respaldó al mediático arrepentido y se consideró que sus dichos fueron un «gran aporte», por lo que se espera que pidan una pena menor para él en esta oportunidad.
