Detrás de esta actividad ilícita están los tentáculos de mafias que utilizan los cigarrillos, licores, textiles y dispositivos tecnológicos para el lavado de capitales, el financiamiento del terrorismo y el tráfico de armas.
Con una extensión de más de 1.000 hectáreas, la zona libre de Colón es uno de los puertos más importantes del mundo, con más de 4 millones de contenedores movilizados, la mitad de los que transitan por Panamá. Allí están ubicadas más de 2.600 empresas que exportan e importan mercancías de más de 90 países, lo que la convierte en un hub clave para el comercio mundial.
Pero, además de un polo de desarrollo y el crecimiento económico, Colón se ha convertido en un escenario atractivo para el crimen trasnacional, lo que se refleja en un aumento de las tasas de criminalidad y homicidios.
“Colón, al igual que otras zonas de libre comercio de la región, no es la puerta ni la ventana, sino el gran boquete por donde entran y salen cigarrillos de contrabando, confecciones, licores, electrodomésticos e incluso armas, oro y material reciclable”, explica Juan Carlos Buitrago, un brigadier retirado de la Policía Nacional de Colombia que actualmente lidera Strategos BIP, una firma de consultoría en inteligencia de negocios y gestión de riesgos de seguridad.
En un contexto de debilidad institucional para enfrentar el delito, el comercio ilícito asociado al narcotráfico se ha convertido en una amenaza para la seguridad regional. De acuerdo con la OCDE, el delito genera US$ 800.000 millones, de los cuales US$ 400.000 millones son del comercio ilícito a nivel global y US$ 280.000 millones del narcotráfico.
“Cerca de $150.000 millones de dólares es el costo de los productos que se trafican en Latinoamérica y el Caribe”, explica Buitrago que también lidera el Comité de Prevención y Combate al Comercio Ilícito de Cigarrillos, COEPA, una alianza público-privada que busca prevenir y combatir el comercio ilícito de productos comerciales y su relación con el crimen organizado transnacional que opera en Colombia, Ecuador y Panamá.
“Solamente en Colombia el contrabando moviliza más de US$6.000 millones, mientras que en México la cifra llega a US$20.000 millones y en Brasil a US$25.000 millones”, agrega Buitrago.
Creado a finales de 2022, más de 30 autoridades aduaneras hacen parte del Comité que también cuenta con el acompañamiento de la Embajada de EE. UU., la Interpol, la multinacional Philip Morris International y las autoridades panameñas.
En palabras de Buitrago, se trata de un grupo de intervención regional que permite fortalecer el intercambio de información, estructurar investigaciones contra el crimen organizado y realizar alertas para incautar productos ilícitos que llegan a los puertos.
CIGARRILLOS, LA MONEDA DE CAMBIO DEL DELITO
Pero, ¿por qué los cigarrillos se han convertido en la moneda de cambio de las mafias asiáticas que utilizan su contrabando para el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo e incluso el tráfico de armas?
Según un análisis de COEPA, por Panamá transitan cerca de 8.500 millones de cigarrillos anualmente que provienen de Asia -especialmente Camboya-, entran por México y tienen saturado el mercado ilegal en el Caribe, Centro y Latinoamérica.
De hecho, el año pasado el consumo ilegal de cigarrillos alcanzó una participación del 35% en Colombia, la cifra más alta registrada desde 2015. Además, de acuerdo con el Observatorio de Registro y Control Anticontrabando (Orca) de la Federación Nacional de Departamentos, FND, en 2023 fueron confiscadas 5,5 millones de unidades de cigarrillos en cajetillas, con un valor superior a los $11.500 millones.
Gregoire Verdeaux, vicepresidente de asuntos externos de Philip Morris International, explica que el impacto del contrabando no se reduce a la criminalidad sino que también afecta los ingresos fiscales de los gobiernos, particularmente en países y lugares donde hay historia del contrabando.
“En Ecuador el 85% del mercado de cigarrillos es ilícito y Panamá casi el mercado completo. Por eso pensamos que es el momento correcto para evidenciar el potencial de esta colaboración público-privada y lograr que a nivel político se le de la prioridad adecuada a esta problemática”, explica el vocero y subraya que la región puede aprender de las experiencias de Grecia e Italia y algunos países del sur de Europa, donde los niveles del tráfico de cigarrillos son históricamente bajos.
Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers para el Caribe, Bermuda y América Latina, señala que cada mes ingresan a Panamá hasta 15 contenedores cargados de cigarrillos de contrabando por medio de puertos legales y la zonas de libre comercio.
“En los últimos 8-10 años iba subiendo (el contrabando de cigarros) lentamente pero en los últimos tres años tuvo una curva de ascenso muy grande, terminando en un promedio del 92 %”, señaló Campos.
Según esta ONG, “la ruta del contrabando de cigarrillos parte en Colón en el Caribe, la zona libre más grande de América Latina, y alrededores; luego se va moviendo por toda la ruta Colón – Panamá y sigue por la carretera Panamericana hacia Chiriquí (frontera norte) e ingresa hacia Costa Rica”.
“Antes el cigarrillo de contrabando ayudaba a financiar el resto de la operatividad más grande de las estructuras criminales como el narcotráfico o la trata de personas, pero ahora es tanto el dinero que les está dejando que lo tienen como una de las principales actividades para recaudar dinero ilegal”, señaló Campos.
Juan Carlos Buitrago, de Strategos BIP, complementa que todos los días se incautan cigarrillos ilícitos que llegan en contenedores mediante la modalidad de contrabando técnico, pero también cigarrillos del mercado legal que son ‘contaminados’ a través de los puertos porosos y terrestres.
“Las lanchas que se utilizan para llevar droga o migrantes al exterior son las mismas que se incautan en el Caribe con cigarrillos, licores y otros productos ilegales”, señala este brigadier retirado de la Policía Nacional.
Según el experto, Panamá es el corazón de esta serpiente, que le da vida al sistema de la economía criminal. “Las aduanas y las autoridades de Panamá son las más pobres de la región en materia de capacidad y recursos para prevenir el contrabando y los delitos asociados”.
En palabras de este experto, Latinoamérica se está convirtiendo en un foco de criminalidad. “Los cárteles de la droga y grupos terroristas utilizan Latinoamérica como una autopista para entregar sus productos ilegales a mercados de todo el mundo. He visto de primera mano cómo estas operaciones criminales utilizan el comercio ilícito para financiar y hacer crecer sus otras actividades ilegales, como el lavado de dinero, la corrupción y el cibercrimen”.
Solo en América Latina, estamos viendo aproximadamente 1,700 toneladas de cocaína producidas anualmente en Colombia, agrega Buitrago. “El volumen de comercio ilícito en América Latina está creando ondas de crimen en todo el mundo”.
Giovanni Ferrari, Gerente de la Zona Libre de Colón, señala que las autoridades del istmo son conscientes del auge del comercio ilícito de toda naturaleza, que está siendo utilizado para el blanqueo de capitales y el financiamiento de actividades ilícitas.
“Como sector privado en la provincia de Colón, estamos trabajando para potenciar alianzas que nos permitan fortalecer el sistema logístico, ya que somos un jugador importante en el mercado mundial”, explica Josimar Ortiz, Director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Colón.
Por eso, a juicio suyo, hay que blindar el sistema logístico de Panamá ya que genera miles de millones de dólares en movimiento de carga comercial y conecta a las Américas con el comercio global y las principales cadenas de suministro.
“Estamos comprometidos con el desarrollo de iniciativas que, además de aumentar el comercio, blinden el comercio previniendo que el mercado negro intervenga en la logística nacional e internacional, lo cual redundará en una mejor imagen de nuestra provincia y del país como un jugador importante en el mundo logístico”, subrayó Ortiz.
Aun así, todos los expertos consultados coinciden en que, además de la desarticulación de las organizaciones criminales, es necesario tomar medidas para mitigar este problema con enfoques en prevención y replanteando incluso algunas políticas impositivas que incentivan la ilegalidad.
