El concepto de paramilitarismo en América Latina observa diferencias conceptuales en sus actores y ejecutores, dependiendo del país y en el contexto en el cual los núcleos llevan a cabo sus acciones.
Desde los TonTonMacoutes de ‘Papá Doc’Duvalier en la Haití de los años cincuenta -dedicados por entero a generar terror por intermedio del homicidio, el secuestro y la extorsión-, así como los escuadrones de la muerte de El Salvador, Guatemala y la Argentina, normalmente todos con vínculos y alianzas con el Crimen Organizado, actuando como fuerzas paralelas al servicio de gobiernos legítimos o de regímenes de facto, tanto de derecha como de izquierda.
Pasando por las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hasta arribar a la temporada actual en Venezuela, donde se observa un tipo de organización que ha sido denominada como ‘Megabandas’ por Mayorca (2017).
En estos ejemplos, el poder territorial que ejercen, el poder de fuego al que recurren y su accionar parecen estar alcanzando un nivel de peligrosidad y deriesgo tal que generan un grado de alarma en la ciudadanía, como nunca antes. Sullivan (2015), ante lo complejo del accionar de este tipo de grupos, ha echado mano del término ‘Insurgencia Criminal’para definirlos.
Lo cierto es que, en la América Latina, el factor común al hacer mención al paramilitarismo es que el mismo genera terror, zozobra e intimidación en perjuicio de ciudadanos, firmas privadas y organizaciones -sin distinción de afiliación política, estatus social, religión, sexo o edad.
Desde una perspectiva estructural y operacional, las organizaciones paramilitares se agrupan, entrenan, equipan y presentan una subcultura similar a las de un ejército regular, pero difieren en el hecho de que se comportan como si fuesen grupos de poder al margen de la ley, no obedeciendo a convenciones nacionales e internacionales que versan sobre las leyes de la guerra, cometiendo actos atroces con empleo desmedido de la violencia y comisionando en delitos de lesa humanidad -los cuales se exhiben en franca divergencia con el accionar de las fuerzas armadas de una nación soberana.
Agravado el contexto a raíz de que, en muchos casos, estas organizaciones detentan el poder suficiente como para desplazar el poder real del Estado en el territorio en que operan, cooptando las funciones de aquel (incluso sociales y económicas).
En el caso de América Latina, es lícito echar mano del concepto de paramilitarismo para describir, antes que a un medio, a un fin de los grupos de delincuencia organizada que operan en el subcontinente, y que acusan ramificaciones en el resto del mundo.
Esto, a efectos de complementar el respectivo esfuerzo de investigación y análisis sobre ellos, por parte de cuerpos de seguridad nacionales e internacionales.
Así, por ejemplo, organizaciones de la categoría de los Zetas (que, entre otras cosas, han logrado ejercitar un férreo control sobre el contrabando de combustible en México), pasando por las organizaciones criminales como los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación -entre otros-, que administran el contrabando de estupefacientes desde América del Sur hacia los Estados Unidos de América; la denominada Mara Salvatrucha o MS-13, que ya ha logrado consolidar una influencia no solamente en América Central, sino que es bien conocida su presencia en México, los Estados Unidos, Canadá y en el Sur de Europa; las organizaciones criminales colombianas, que incluyen naturalmente a los grupos terroristas del ELN y a los remanentes las FARC aún en actividad; y el Primero Comando da Capital o PCC brasileño, considerado el grupo de delincuencia organizado más poderoso en la República Federativa; sólo por mencionar algunos.
El conjunto de estos grupos comporta, como factor común a ellos, el regenteo de estructuras paramilitares que sirven al propósito de la consolidación de buena parte de sus actividades criminales. Desde esa plataforma de poder, le disputan al Estado sus competencias en el ejercicio de la gestión; se muestran altamente resilientes frente a operaciones militares y policiales tradicionales que son competencia del Estado.
Adicionalmente, las estructuras de sus mercados criminales globales se presentan como múltiples y complejas en cuanto a sus nodos de poder y de relaciones de negocios, sin importar se trate de las de alcance legal como ilegal. Este factor adicional las convierte en organizaciones en extremo difíciles de investigar y de judicializar por vías tradicionales también, al tiempo que contribuyen al aumento exponencial de pérdidas humanas y materiales para firmas privadas, empresas tuteladas por los Estados, y para la ciudadanía en general.
En 2016, EUROPOL presentó -en un informe intitulado ‘Explorando el mañana del Crimen Organizado‘- una perspectiva futura sobre las tendencias de los mercados criminales globales.
El trabajo concluyó que sería menester prestar particular atención a los siguientes aspectos: los mercados más dinámicos o crecientes en la actualidad, conformados por las drogas sintéticas y por sustancias psicoactivas; el ciberdelito y los delitos de naturaleza ambiental; los mercados estables y consolidados como el del cannabis; el tráfico de seres humanos, el fraude financiero y el contrabando de armamento; y los mercados en declive o con tendencias a reducirse con la cocaína, la heroína y la falsificación de moneda nacional.
En cualesquiera de los casos, lo que sí es un hecho insoslayable es la totalidad de estos mercados se encuentran hoy activos, y generando una impresionante ganancia neta a las organizaciones criminales. De tal suerte que la ciencia de la Inteligencia Criminal deviene en la metodología empleada por los Estados y por organizaciones privadas -provisto que cuenten con capacidad efectiva para conducirla-, y que exhibe como función primordial la de producir el conocimiento necesario para proceder a la identificación de los miembros de las organizaciones criminales, haciendo lo propio con sus estructuras de operaciones -tanto lícitas como ilícitas-, sus estructuras financieras y sus planes futuros, entre otras características.
Con la finalidad declarada de desarticular sus operaciones, confiscar sus activos y detener a los individuos involucrados. En los tiempos actuales del Big Data y Minería de Datos o Data Mining, y dada la eminente complejidad de las estructuras criminales, las organizaciones de Inteligencia Criminal se han visto en la necesidad de emplear el llamado Análisis de Redes Sociales (ARS), con miras a identificar y capturar no solo a los grupos de choque o caras visibles de la delincuencia organizada (ejemplos: Joaquín ‘Chapo’ Guzmán Loera en México, o Nicolás Rodríguez Batista en Colombia, solo por listar a dos reconocidos líderes del crimen organizado).
El foco también se centra en la necesidad de develar las estructuras de corrupción de los gobiernos que respaldan a esas figuras, y en la debida identificación de las estructuras financieras que los respaldan operativamente.
Periódicamente, los ‘grandes logros’ gubernamentales se presentan al hacerse pública la captura o la baja de un miembro de choque. Sin embargo, para muchos no resulta confortable hacer frente a las verdaderas estructuras de corruptela -mucho menos a las estructuras financieras de orden internacional implicadas en tales procederes ilícitos.
Ha de repararse en un enriquecedor esfuerzo de investigación en este sentido, la elaborada por la organización Vortex, en la que han analizado y presentado públicamente trabajos sobre las estructuras criminales como la Red Criminal Montesinos-FARC entre Perú y Colombia, la red de la Familia Michoacana, el tráfico de condensado de hidrocarburos de la macrored ‘Los Zetas‘, y un detalle de estructura (sub-red) de lavado de activos físicos y financieros de la macro-red ‘Los Zetas’, que supo explicitarse en un entramado combinado de transferencias bancarias.
Los resultados del empleo del ARS en la Inteligencia Criminal a la hora de lidiar con los núcleos de delincuencia organizada en América Latina garantizan la obtención de información en los flujos de interacciones legales e ilegales, las fuentes de su resilience, las fuentes de sus vulnerabilidades, la estructura cognitiva de la red criminal, y sus principales líderes -entre otras características-, para proceder a su efectiva y comprobable desarticulación.
Los destacables resultados aportados por la Inteligencia Criminal y las técnicas empleadas en la investigación del Delito Organizado Transnacional en las naciones desarrolladas del orbe, toda vez que logre ser correcta y apropiadamente implementada en América Latina, porta el potencial de convertirse en una actividad que morigere sensible y considerablemente la amenaza personificada por ese accionar ilícito en la región.
ALD/ElOjoDigital
