Tras haber aprobado una Proposición de Ley en el Senado para que la Audiencia Nacional asuma los casos graves de narcotráfico, el Partido Popular fracasó ayer en su intención de hacer otro tanto en el Congreso. Tanto PSOE, como Sumar y los representantes de los partidos de la investidura, rechazaron esta iniciativa que los populares ya anunciaron en su día tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, el pasado mes de febrero.
En esta ocasión, ha sido el diputado gaditano Ignacio Romaní, del PP, el elegido para defender la propuesta de su partido, que los socialistas han calificado como un «nuevo intento de volcar el Gobierno», con alusiones a la foto del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el narcotraficante Marcial Dorado, en unas controvertidas veladas marítimas de años atrás. Por su parte, Sumar, EH Bildu y ERC han abogado por eliminar este tribunal que vinculan al franquismo y a la idea de «España-nación». Además, han criticado que se presente esta iniciativa cuando los ‘populares’ aprobaron otra en el Senado en el mismo sentido hace semanas.
En la defensa de la ley, el diputado del PP José Ignacio Romaní ha defendido la necesidad de que la Audiencia Nacional asuma los procedimientos de «entramados complejos» ligados al narcotráfico, por ser un órgano «especializado, experimentado y de reconocida reputación en el ámbito judicial europeo».
El diputado del PSOE Juan Carlos Ruiz Boix, sin embargo, ha acusado al PP de «pretender engañar» a la Cámara Baja mediante el «uso partidista» de la tragedia de Barbate obviando, en su opinión, el refuerzo de 640 agentes policiales en la provincia y el Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar en vigor desde 2018, tras llegar Pedro Sánchez al Gobierno para remediar que «se había perdido el principio de autoridad».
Además de criticar la falta de implicación del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, el diputado socialista ha instado a Feijóo a explicar «quién pagaba sus vacaciones» con Marcial Dorado. También ha ironizado sobre la propuesta de que la Audiencia Nacional centralice delitos contra el blanqueo de capitales y la «cercanía» con la sede en Génova del PP, que ha calificado de «centro de formación continua de blanqueo de capitales».
La propuesta del PP buscaba redefinir las competencias de la Audiencia Nacional para que este órgano sea el responsable de investigar todos los casos de narcotráfico de mayor gravedad, sin importar el ámbito territorial de la actividad delictiva. Para ello, sería necesario ampliar sus competencias, con la modificación del artículo 65 de la LOPJ para que la Audiencia Nacional tenga competencia en todos los casos de narcotráfico de mayor gravedad, incluso aquellos que se produzcan en una sola provincia. La Proposición de Ley buscaba dotar a la Audiencia Nacional de los recursos necesarios para investigar y enjuiciar estos casos, incluyendo la seguridad de los miembros de la investigación y la especialización de jueces, magistrados, fiscales y funcionarios. También incluía el supuesto de blanqueo de capitales como un delito relacionado con el tráfico de drogas, asegurando que la Audiencia Nacional tenga competencia para investigar estos casos.
En el Senado, también el PSOE se posicionó en contra de este proposición para da luz verde a la toma en consideración de la Proposición de Ley para que la Audiencia Nacional adquiriese competencias para juzgar los delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales, trata y tráfico de personas por organizaciones criminales. La mayoría del PP en la Cámara Alta logró sacar adelante, entonces, este proyecto de ley, defendido en esa ocasión por los senadores Mari Mar Blanco y Miquel Jerez y plantea la modificación de Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para “poner al servicio del Estado de derecho una justicia con mayor aptitud para acorralar a la criminalidad organizada”.
En los mismos términos se expresa Mari Mar Blanco, quien afirma que “esta iniciativa recoge el compromiso de Alberto Núñez Feijóo con policías y guardias civiles, asociaciones de jueces y fiscales, y todos los españoles, para luchar contra la impunidad, de la que se aprovechan los narcos”, afirma.
La viceportavoz de Interior explica que la tragedia de Barbate, en la que dos guardias civiles fueron asesinados, “fruto de la irresponsabilidad del ministro Marlaska, al haber desmantelado la unidad OCON-Sur”, evidenció la “desigualdad de condiciones en las que trabajan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Añade que “también puso encima de la mesa” los problemas a los que se enfrentan los juzgados, que demandan más recursos para combatir organizaciones criminales que “siembran el terror” y que propician “un clima social opresivo e irrespirable” para los representantes del Estado de derecho, capaces de “amenazar a ellos y a sus familias”.
En este punto, la senadora Blanco incide en que “el narcotráfico, el fraude, la trata de personas y la organización criminal son un problema nacional y se vence con medios: con la mejor respuesta policial pero también con la justicia. No les quepa duda de que el PP no dará ni un paso atrás”.
En palabras de la dirigente popular, los juzgados de instrucción, sobre todo en el Campo de Gibraltar, “están colapsados por causas de narcotráfico” y destaca que “también la carrera fiscal y judicial vienen demandado ampliar las competencias de la Audiencia Nacional, incluso el Fiscal General se ha mostrado favorable”. Se sorprende del voto en contra del PSOE, “teniendo en cuenta que lo que piensa el Fiscal General es lo que piensa el Gobierno de Sánchez”, afirma Blanco, para reclamar “que el Gobierno cumpla”.
El diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, por su parte, defendió la posición del Grupo Socialista respecto a la proposición de Ley del PP para que la Audiencia Nacional asuma los casos de narcotráfico de mayor gravedad, poniendo en duda la intención real de los populares y criticando que hayan llevado la misma propuesta hace tres semanas al Senado, “que ya ha sido admitida y se está trabajando en la comisión de Justicia”.
“Si lo que hoy se debatiera fuera una mejora de la efectividad legislativa en la lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, no tengan la menor duda de que habría un amplísimo consenso de todos los partidos políticos presentes en este hemiciclo”, ha esgrimido el diputado socialista para señalar que “solo forma parte de esa estrategia de demagogia y de querer deslegitimar a este Gobierno por todos los medios posibles, aunque para ello tengan que utilizar de forma partidista los asesinatos de dos guardias civiles ocurridos el pasado 9 de febrero, en mi provincia, en aguas de Barbate”.
Desde la tribuna del Congreso, Ruiz Boix ha reiterado “el reconocimiento y agradecimiento por la labor que desarrollan, no solo en la provincia de Cádiz sino en el conjunto de todo el país, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reforzados con más de 640 nuevos efectivos, sino también el reconocimiento a los jueces, fiscales y a todos los operadores judiciales en la lucha contra el narcotráfico”.
“Más personal y mejores medios para combatir este tipo de delincuencia organizada”, ha resaltado el dirigente socialista defendiendo que “en eso está trabajando este Gobierno y ha mejorado de forma notable y un ejemplo de ello es el Plan Integral del Campo de Gibraltar, que ha dejando atrás la negra etapa de Rajoy, en la que sí se reducían los efectivos de los Cuerpos de Seguridad, se liberaban narcos detenidos de los hospitales y se perdió el principio de autoridad del Estado”.
En la misma línea ha recordado que “hoy, con ese Plan de Seguridad, hay más de 19.000 detenidos y más de 20.000 operaciones, de las que más de 2.000 están relacionadas con el blanqueo de capitales de estas organizaciones criminals”, si bien ha dicho que “no es cuestión de caer en la autocomplacencia y el conformismo”.
“Por supuesto que debemos seguir mejorando en la lucha contra estas organizaciones criminales. Y para ello es imprescindible que también contemos con administraciones que tienen competencias en la materia, como por ejemplo la Junta de Andalucía que preside Moreno Bonilla”, ha explicado al tiempo que ha apuntado “a las competencias de la Consejería de Justicia y sobre todo al estado de abandono de las sedes judiciales en el Campo de Gibraltar y en toda la provincia de Cádiz, a la ruina de infraestructuras como las del Palacio de Los Marzales, en Algeciras, donde los operadores jurídicos han reclamado el desalojo de los juzgados de lo penal por su pésimo estado de conservación”.
Ruiz Boix ha sostenido que “nos traen esta Proposición de Ley para ampliar supuestamente las competencias de la Audiencia Nacional pero lo hacen desvirtuando el espíritu de la propuesta de la Fiscalía Especial Antidroga y la Fiscalía General del Estado”, y en este punto, ha advertido de que “no sabemos qué es lo que persiguen, a quién le piden ayuda ¿dónde se asesoran para que esta sea su propuesta en relación con el delito de blanqueo de capitales?”.
“Qué casualidad que ese segundo delito, el del blanqueo de capitales, se pretenda llevar a la Audiencia Nacional; más cerca de ese Centro de Formación continua de blanqueo de capitales ubicado en la calle Génova, en la sede del PP. Allí fue donde el autoproclamado mejor ministro de Economía de la historia de España, el señor Rodrigo Rato, fue condenado por administración desleal y apropiación indebida”, ha indicado ironizando también con que “no se dejen asesorar tampoco en materia de blanqueo de capitales por la alcaldesa de Marbella, aquella que nos debe explicar cómo con un salario de alcaldesa o de parlamentaria ha podido multiplicar su patrimonio personal hasta el infinito y más allá, de donde sale esa multiplicación de los panes y los peces”.
Como diputado andaluz Ruiz Boix les ha aconsejado que “cuando vayan a defender a los tribunales de justicia, a las audiencias provinciales, a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo, defiendan también a los miembros del Tribunal Constitucional y respeten las decisiones que emanan de ese órgano, que es también constitucional y les guste o no les guste, acaten sus pronunciamientos”.
Con la iniciativa, entiende Ruiz Boix que “en el PP pretenden presumir de dar una respuesta urgente, no solo policial, sino también judicial, al narcotráfico y la lucha contra la delincuencia organizada”. “Sorprende porque Feijóo es el menos indicado para ello cuando tardó años, según su propia confesión, en enterarse lo que toda Galicía ya sabía y que había aparecido publicado en la prensa y es que su amigo Marcial Dorado, el del yate y las vacaciones compartidas, era uno de los principales capos del narcotráfico en Galicia”. “Todavía estamos esperando que nos diga quién pagaba esas
vacaciones, esa luna de miel de Feijóo y Marcial Dorado”, ha apostillado para reclamar que “no nos hagan perder el tiempo o se encontrarán solos con sus socios de Vox”.
