En Colombia las autoridades también adelantan investigaciones para determinar cómo Alex Saab operaba en el país el poder, los millonarios negocios y el complejo esquema de lavado de activos sobre el cual, el considerado ministro de Finanzas a la sombra del régimen venezolano montó una red global.
Antilavadodedinero / Semana
La Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, formalizó el 4 de septiembre la acusación en contra de Saab y Devis José Mendoza Lapeira, contador de una de sus empresas. Así se inició la fase de descubrimiento de material probatorio. El juicio arrancará el 11 de junio porque la defensa pidió cinco meses para realizar un peritaje contable.
Los delitos por los que están siendo investigados Saab y Mendoza son lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, estafa agravada y exportación o importación ficticia.
Se afirma que la Fiscalía tiene pruebas de cómo el cuestionado empresario, en calidad de representante legal, miembro de junta directiva y accionista de Shatex S. A., la habría utilizado para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones.
La acusación plantea que este andamiaje criminal fue auspiciado por Mendoza Lapeira, quien, supuestamente, usó su oficio de contador para ocultar, transformar y administrar las actividades ilegales. La investigación sobre Shatex, según la información recolectada por las autoridades judiciales, sería apenas el primer eslabón de la cadena de empresas que Saab habría fundado en Colombia para legalizar sus millonarias transacciones.
En la estructura ilegal que creó en el país estarían vinculados varios familiares de Saab. El proceso comenzó a raíz de un anónimo que le entregaron al expresidente Álvaro Uribe en 2013. El exmandatario se lo encomendó a uno de los miembros de su esquema de seguridad, quien lo trasladó a la Dijín. Luego, la Fiscalía, con el apoyo de la Policía Judicial, inició las investigaciones.
Entre los hallazgos reposa un informe de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (Uiaf) en el que se registra un supuesto pago de dos tiquetes aéreos desde una de las empresas de Saab para la exsenadora Piedad Córdoba y un acompañante. Además, las autoridades llevan a cabo un estudio patrimonial preliminar del “núcleo familiar extendido” de la excongresista, entre los que se encuentran 21 personas, incluida ella.
Piedad Córdoba siempre ha dicho que conoce a Saab, pero que nunca hizo negocios con él. Sobre la investigación en Colombia, la defensa de Saab ha preferido guardar silencio. Solo ha dicho que el proceso sigue su curso y lo que se tiene previsto es desvirtuar los cargos de la acusación durante el juicio.
El rastreo de la fortuna del empresario en el país ha llevado a que en el último año se realicen dos diligencias de ocupación de bienes con fines de extinción de dominio por un valor superior a los 38.000 millones de pesos. La primera se efectuó en julio de 2020 y le confiscaron siete bienes en Barranquilla, entre los que estaba su lujosa mansión de 3.740 metros cuadrados, avaluada en 28.000 millones.
En octubre de 2020, la Dirección Especializada de Extinción de Dominio intervino otros seis bienes y activos ubicados en Cartagena y Barranquilla. Se trataba de dos inmuebles, las sociedades Promotora Dubera SAS, HSC Capital SAS y Golden Sun Trading Colombia SAS, y una motocicleta de marca Harley-Davidson.
Según las autoridades, el empresario ha construido una red de compañías en Colombia, replicando los esquemas que ha utilizado en el mundo para lograr el blanqueo de dinero y los millonarios intercambios para el Gobierno de Venezuela de oro por alimentos, infraestructura, materiales para construcción y gasolina. La fórmula empleada por Saab y su socio Álvaro Pulido es la creación de empresas en las cuales incluye a un familiar o un miembro de su círculo más cercano para mantener la vigilancia, el gobierno corporativo y el control de las firmas fachada.
Aunque parece un esquema simple, en realidad ha sido complejo seguirles la pista a sus negocios ilegales, pues para la creación de esta red contaron con el apoyo de Bruce Bagley, un reconocido catedrático de Miami, especializado en lavado de activos.
Bagley fue detenido en Estados Unidos en noviembre de 2019, y en junio del año pasado aceptó la responsabilidad sobre el lavado de 2,5 millones de dólares cuyo origen era Venezuela, pero que eran movidos desde cuentas en Suiza y Emiratos Árabes.
Saab, de la mano de Pulido, antes identificado como Germán Rubio, tejió una compleja red empresarial con presencia en más de nueve países, como Turquía, Irán, Rusia, China, Ecuador, Emiratos Árabes y Panamá, en su mayoría aliados del régimen, desde donde realizaba los negocios que le ha endosado Maduro, con los cuales, según la Justicia estadounidense, ha blanqueado millones de dólares.
De lograrse la extradición de Saab en pocos días, como espera la Justicia norteamericana, el coletazo se sentiría con fuerza en el Palacio de Miraflores en Venezuela, donde no solo tenía una estrecha relación con Maduro, sino también con su esposa, Cilia Flores, sus hijos y sobrinos, quienes tienen negocios con el barranquillero a través de la Fundación Propatria 2000.
Además, con el ministro del Poder Popular del Petróleo, Tareck El Aissami. Todos del primer círculo de poder del mandatario venezolano.
El rastreo a la familia Maduro se dio por la asignación de contratos para la construcción de gimnasios verticales en barrios populares. El monto del negocio con la Fundación Propatria 2000 llegó a los 100 millones de dólares, y fue puesto al descubierto por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en julio de 2019, cuando incluyó a Saab, Pulido y a los Chamos –como se les conoce los hijos y sobrinos de Cilia Flores involucrados en estos negocios–, los cuales recibían sobornos y comisiones ilícitas a cambio de los contratos públicos.
Saab llegó a Venezuela en el Gobierno de Hugo Chávez. Es recordada la imagen en la que por medio del Fondo Global de Construcción estableció un acuerdo para adelantar la Gran Misión Viviendas Venezuela y luego la construcción de centros deportivos. Al asumir Maduro el poder lo convirtió en su principal contratista.
El negocio más conocido y cuestionado de Saab con el régimen venezolano es el de los Clap, por medio de los cuales entrega comida en mal estado y se ha constituido en un mecanismo de control político clave para ganar las elecciones. Siete de cada diez venezolanos reciben estos alimentos.
Este negocio era operado por Group Grand Limited, registrado en Hong Kong, y en los papeles de esta empresa aparece el hijo del empresario Shadi Naín Saab, y como director figura el abogado Javier Ernesto Betancourt, excónsul de Colombia en Nueva York y exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Se calcula que estos negocios con el régimen alcanzaron los 1.500 millones de dólares.
En Ecuador también hay expectativa por el futuro judicial de Saab. Entre 2013 y 2015, la Fiscalía acusó a directivos y congeló dinero del Fondo Global de Construcción.
Desde este eran enviados los materiales, que eran pagados con el sistema de compensación que tenían los dos países durante el Gobierno de Rafael Correa. Por estos negocios, el tribunal de la Florida, que reclama a Saab en extradición, señala que se pudieron realizar operaciones de lavado por cerca de 350 millones de dólares.
Saab Morán fue capturado el 12 de junio en Cabo Verde, donde hizo una parada técnica en un viaje que lo llevaría a Irán, país en el que, según se ha documentado, cambiaba lingotes de oro por combustible. La misión fracasó al hacerse efectiva la alerta roja de la Interpol.
El empresario y el régimen de Maduro han desplegado todo su arsenal jurídico y diplomático a tal punto que fue declarado “agente del Gobierno bolivariano” y reclaman inmunidad buscando evitar a toda costa el envío de Saab a Estados Unidos.
Por ahora solo han logrado dilatar el que sería el último viaje del barranquillero, en busca de lograr que le sean otorgadas medidas cautelares por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Mientras llega a Florida, tiemblan en Colombia y también en Venezuela.
