El Congreso de El Salvador avaló este domingo la ampliación por un mes más del régimen de excepción motivado por una ola de asesinatos que las autoridades dicen haber controlado y sin atender a los llamamientos internacionales sobre supuestos abusos de la medida.
Antilavadodedinero / Laestrella
Con los votos del oficialismo, la Asamblea Legislativa amplió los poderes especiales al Gobierno de Nayib Bukele, que casi tres años después de su llegada al poder emprendió lo que llama una «guerra contra las pandillas».
En las últimas semanas y bajo este régimen de excepción, las autoridades dan cuenta de las capturas de más de 16.000 supuestos pandilleros y personas afines.
De estos, 14.000 se encuentran recluidos en prisiones y el resto en los calabozos de la Policía, mientras que a unos 6.000 detenidos se les ha decretado prisión preventiva por el órgano Judicial, según datos oficiales.
Con esta ampliación, quedarán suspendidos hasta finales de mayo los derechos a la asociación y reunión, a la defensa en caso de detención y la detención administrativa pasa de un plazo máximo de 3 días a 15 días.
También se suspende la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones sin orden judicial.
HOMICIDIOS BAJAN, PERO «OLA CRIMINAL» SIGUE
El Gobierno de Bukele señaló en la solicitud de ampliación que, pese a haber controlado la ola de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días a finales de marzo, era necesario ampliar la suspensión de derechos constitucionales.
El Ejecutivo argumentó que la «ola criminal» se mantiene «a pesar de las capturas y la disminución de homicidios».
«Las medidas extraordinarias han tenido un exitoso resultado» y su suspensión «propiciaría un retroceso en los avances alcanzados», de acuerdo con el documento recibido la tarde del domingo por el pleno legislativo, de amplia mayoría oficialista.
El régimen de excepción fue ampliado sin que los diputados hayan pedido al Gobierno un informe detallado de los resultados de la medida y sin aplicar medidas para atender las denuncias de abusos.
El diputado oficialista Numan Salgado, sin aportar ninguna prueba, acusó a la oposición de que «ya hizo sus números» con «280.000 votos para las próximas elecciones».
«Con eso pueden elegir diputados, alcaldes» y «a eso le apuesta la oposición, a buscar esos 280.000 votos de sangre».
El presidente Bukele reaccionó a esta declaración y publicó en Twitter: «Si queremos que nuestro país salga algún día del hoyo en que lo dejaron, la población honrada debe hacer un solo frente contra la oposición y sus votos de sangre».
Celia Medrano, defensora de derechos humanos y excandidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló este domingo que esta prórroga «confirma que la militarización de la seguridad publica se ha consolidado y será permanente».
«Evidencia que ante la mostrada inefectividad del llamado Plan Control Territorial, el Gobierno necesita permanentemente contar con la restricción de garantías y derechos para tratar de sostener la percepción de que está actuando frente a la criminalidad común», sostuvo en un mensaje compartido mediante una aplicación de mensajería.
Hasta antes de la ola de asesinatos de finales de marzo, el Gobierno de Bukele decía que mantenía el control del territorio y le atribuía la caída de los asesinatos, que venían bajando desde 2016, al plan gubernamental Control Territorial.
SIN ATENDER A LOS LLAMAMIENTOS INTERNACIONALES
La diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, criticó a los funcionarios del Gobierno de Bukele por no dar cuentas de las denuncias de atropellos y de la muerte de al menos cuatro personas bajo custodia de las autoridades.
«Ningún funcionario o medio oficialista se ha pronunciado» por las «víctimas del régimen de excepción», dijo Ortiz en su intervención.
Agregó que «no se pueden dar poderes extraordinarios sin ningún contrapeso» y pidió resultados «más allá de simples números» de capturas y señaló que se debería de dar cuenta de si se resolvieron ya los más de 80 asesinatos que motivaron la medida extraordinaria.
A inicios de abril, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos mostró su preocupación por las medidas tomadas en El Salvador, incluidas las que afectan a los menores de edad.
«Entendemos el desafío que supone para El Salvador la violencia de las pandillas y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia, pero esto debe hacerse con arreglo a la ley internacional de derechos humanos», señaló en rueda de prensa la portavoz de la oficina Liz Throssell.
Estados Unidos también pidió a El Salvador rescindir el actual régimen de excepción «tan pronto como lo permita la situación» de violencia en el país, y le urgió a respetar los «derechos humanos» de todos los salvadoreños, incluidos los detenidos.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y organizaciones humanitarias han recibido unas 200 denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad, principalmente por detenciones arbitrarias.
