El Senado de Chile se reunió el martes para votar el juicio político del presidente Sebastián Piñera, iniciado por la oposición de centroizquierda que busca removerlo porque supuestamente favoreció la venta de una empresa familiar durante su primer gobierno.
Antilavado de Dinero / The San Diego Union-Tribune.
La crucial sesión se produce a sólo cinco días de que los chilenos acudan a las urnas para elegir presidente para el período 2022-2026, cuyo ganador recibirá la banda de mando el 11 de marzo de 2022 de Piñera o de su sucesor, en caso de que sea destituido. Si ello ocurriera el nuevo mandatario será electo por el Congreso entre cualquier ciudadano para que concluya su período.
Para que Piñera sea removido se necesitan 29 de los 43 votos del Senado. La oposición tiene 24 sufragios y los cinco que le faltan deberían provenir de legisladores oficialistas, lo que sería difícil. Si es declarado culpable, no podrá ejercer ningún cargo público durante cinco años.
El mandatario sigue en funciones tras la admisión del juicio político y sólo tiene prohibido salir de Chile a la espera de la decisión del Senado.
Las acusaciones contra el mandatario son “haber infringido abiertamente la constitución y las leyes” y “haber comprometido gravemente el honor de la nación” y se votarán por separado.
La sesión partió con la intervención de tres diputados acusadores sobre los fundamentos que llevaron a la Cámara de Diputados a admitir hace una semana el juicio por 78 votos a favor, 68 en contra y tres abstenciones, y siguió con la presentación de los descargos de Piñera por intermedio de su abogado.
“Estamos hablando de corrupción” del mandatario, dijo la diputada Gael Yeomans y agregó que Piñera favoreció la venta de una propiedad familiar pactada en un paraíso fiscal para eludir impuestos, lo que “va en contra del principio de probidad de la constitución”.
Su colega Leonardo Soto dijo a los senadores que “deberán elegir de qué lado están”, del que acepta la corrupción o del que la rechaza, y Gabriel Silber concluyó que el atropello a la probidad “ha dañado gravemente a muchas democracias en nuestra región y ha hecho caer gobiernos”.
El abogado defensor Jorge Gálvez alegó que Piñera “goza de una inocencia judicialmente establecida” tras una indagación judicial de 2017 que incluyó la revisión de 1.800 correos electrónicos, que lo sobreseyó tras concluir que no intervino ni usó información privilegiada en la transacción de 2010.
Agregó que la venta del negocio familiar fue hecha por una sociedad en la que los hijos del gobernante tenían una participación “no controladora”, que los hechos están prescritos y que Piñera se enteró de la transacción luego de finalizado su mandato, en 2014. La constitución establece que un gobernante puede ser enjuiciado políticamente durante su gestión y hasta seis meses después de concluido su término.
Por la tarde los legisladores tendrán 15 minutos cada uno para fundamentar su voto, lo que extendería la sesión hasta la madrugada del miércoles. Cuando los diputados admitieron la acusación, sesionaron durante 22 horas.
La acusación fue presentada en octubre por 16 diputados opositores luego de conocidos los Papeles de Pandora, una investigación periodística internacional sobre negociados en paraísos fiscales que incluían un contrato de diciembre de 2010 sobre la venta de un negocio minero y portuario de sus hijos que condicionaba uno de los pagos a que en la zona en que se instalaría la empresa no fuera declarada de exclusión, parque o reserva nacional. Cuatro meses antes Piñera reubicó una termoeléctrica que se levantaría en el mismo lugar.
Por los mismos hechos la Fiscalía Nacional abrió una investigación penal para indagar si las revelaciones de los Papeles de Pandora “pudieran revertir caracteres de delito” relacionados con cohecho, soborno o infracciones tributarias.
Este es el segundo juicio que enfrenta Piñera durante su segundo mandato (2018-2022). El primero fue a fines de 2019 y no llegó a tramitarse por no reunir los requisitos necesarios, según la mayoría de los diputados.
