El Tribunal Supremo condenará por unanimidad a la cúpula del procés por sedición y malversación al entender que no hubo violencia suficiente como para cometer este delito contra el orden constitucional.
Esto es, los principales líderes del proceso independentista catalán serán condenados por un delito contra el orden público y no contra el constitucional,
Las penas para sus principales caras visibles oscilarán entre ocho y diez años. La condena máxima será para Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat de Catalunya, rozando el máximo que permite el Código Penal de quince años de cárcel por este delito, según la Cadena Ser.
El Supremo condenará por sedición a todos los acusados por este delito: el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras; los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquin Forn, Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los lideres de ANC y Ómnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Por tanto, la sala presidida por el magistrado Manuel Marchena rechaza la propuesta de condenar a los presos por rebelión, con penas que podrían haber ascendido hasta los treinta años. La condena por malversación de fondos públicos no abarcará a todos los procesados: Mundó, Borrás y Vila serán absueltos, por lo que serán condenados únicamente a multa e inhabilitación por desobediencia.
La sentencia, que se espera que se comunicará a los condenados el lunes 14 de octubre, descargará sobre Santi Vila, Meritxell Borràs y Carlos Mundó penas menores al resto, ya que serían condenados por delitos de desobediencia, con una condena menos abultada.
La sedición que aprecia el Supremo en los líderes del procés, según El Español, fue una conculcación de orden público para alterar o suprimir el orden constitucional, finalidad coincidente con la rebelión. Sin embargo, la Sala no aprecia la voluntad de los condenados de hacer un uso instrumental de la violencia.
Según, también se condenará a varios de los ex miembros del Govern por malversación de caudales públicos. Además, los doce acusados serán inhabilitados para ejercer en cargos públicos.
ALD/Publico