Para trabajar, hay que trabajar durísimo. Esta inocente tautología caracteriza el triste drama que viven, día con día, las pequeñas empresas y micro-negocios latinoamericanos, donde prosperar y querer salir adelante parecería requerir un doctorado en teoría de juegos—tan solo para aprender a navegar dentro del complicadísimo laberinto regulatorio que impone la expansión de la burocracia moderna.
Antilavado de Dinero / El Nuevo Herald.
Desde el norte de México hasta la Patagonia, los ciudadanos en países latinoamericanos que buscan mejorar su nivel de vida deben primero lidiar con el virus rampante de la tramitología. Estos son, irónicamente, un ejemplo de heroísmo empresarial, pequeñas empresas de dos o tres personas que, a pesar de pesadillas burocráticas, arriesgan capital escaso, atreviéndose a vender, ahorrar e invertir.
Esto puede venir por medio de un presidente municipal, o su “asesor” local, los virreyes de la burocracia tropical, o por algún vividor tradicional del Estado, empiecen a “negociar” los costos de entendimiento — si los sobornos se dan por fuera, o contra factura de alguna empresa con pérdidas, o donaciones a una causa de algún familiar. Este proceso parece similar a la negociación del secuestro de un familiar: un estira y afloja fulminante.
Esa es, tristemente, la realidad de la “burro-cracia” latinoamericana: los empresarios cotidianos deben dedicar una gran cantidad de tiempo en la formalización de operaciones, en estar al día con los cambios recientes en la normatividad, o en subcontratar servicios básicos que permitan circular en el vasto océano regulatorio. Ello conlleva altos costos de oportunidad, ya que los pequeños empresarios se ven obligados a dedicar la mayor parte de la jornada laboral en manejar riesgos derivados de la falta de un sistema de derecho facilitador.
Estas son las conclusiones de un reciente e importante estudio multi-institucional intitulado el Índice de Burocracia en América Latina, publicado por el Centro Latinoamericano de Atlas Network. Este estudio confirma que el número de horas que, en promedio, una empresa pequeña dedica para cumplir con la carga administrativo-burocrática, en una muestra representativa de seis países, es sumamente elevado en comparación con los promedios observados en regiones desarrolladas, como Europa.
Por ejemplo, resulta que Brasil, país típicamente asociado con el trámite burocrático, arroja un promedio de 115 horas por año para lidiar con reglas y reglamentos burocráticos. Ello es producto de un esfuerzo reciente por flexibilizar y dar oxígeno a las pequeñas y medianas empresas. España, quién también participó en la muestra, arroja un promedio de 332 horas por año. México y Colombia, por contra, se encuentran en rangos de 500 horas anuales, destacando en ellos el peso que representan los trámites asociados al mercado laboral, como es el pago de salarios, contratación y despido, así como contribuciones tributarias.
Los campeones en estos rubros, lamentable pero predeciblemente, son Argentina y Venezuela, con una elevadísima carga de casi 1,000 horas por año para cumplir con la tramitología burocrática. La OCDE calcula que la jornada laboral anual oscila entre 1,300 y hasta 2,200 horas, lo que significa que la carga burocrático-administrativa representa en estos países entre un 20 % y un 50 % del tiempo laboral anual de un trabajador.
Una conclusión del estudio es que, en la medida en que son más numerosos, complejos y cambiantes los trámites, empresas tienden a subcontratar gestores especializados, y en muchos casos emergen las vías informales, opacas e incluso no legales, que alimentan los incentivos perversos y las redes de la corrupción.
En otras palabras, para los ciudadanos latinoamericanos, el acto de prosperar es una actividad extraordinariamente costosa ante un entorno de asfixia regulatoria. El fenómeno no discrimina, se da con la misma frustración a lo largo de todos los sectores económicos.
Una de las principales bondades del reporte anual Doing Business in the World del Banco Mundial era, justamente, poner en evidencia las cargas burocráticas de gobiernos alrededor del mundo—algo que, para los países latinoamericanos, resultaba clave para medir e identificar los cambios regulatorios requeridos para facilitar la generación de empresas, y crear condiciones de prosperidad incluyente. El Índice de Burocracia en América Latina no pretende llenar el vació que deja la imposición de Doing Business, pero sí ayudar a sostener una conversación vigorosa y abierta sobre lo que requieren nuestros países para poder salir adelante, bajo un enfoque de “leyes sencillas para nuestro mundo complicado.”
O, en leguaje cotidiano, para dejar trabajar.
Los resultados del Índice muestran la imperiosa necesidad de replantear la forma en la cual debe funcional la burocracia moderna, y con ello diseñar las reformas exigidas en nuestros países para generar mayor innovación y productividad. En las palabras de Montesquieu, “leyes innecesarias debilitan leyes necesarias”. Es esencial que, con estos datos, y las mediciones del estudio, nos demos a la tarea de identificar los cambios que nuestros países requieren para eliminar obstáculos al comercio, la innovación y el progreso humano.
Nuestro mensaje es claro y contundente: déjame trabajar…
Por: Sary Levy-Carciente y Roberto Salinas León.
Sary Levy-Carciente es la coordinadora general del Índice de Burocracia en América Latina, y Asesor Senior de Cedice Libertad en Venezuela. Roberto Salinas León es Director Ejecutivo del Centro Latinoamericano de Atlas Network.
