El Papa Francisco Bergoglio, promulgó hoy un decreto que cambia radicalmente la política de compras, licitaciones y contratos de El Vaticano.
Antilavadodedinero / lanacion.com
Basta de corrupción, nepotismo, negociados turbios o favores a amigos y parientes. En el marco de la limpieza en curso en las oscuras finanzas del Vaticano -que además, se encuentran en una crisis sin precedente debido al coronavirus-, el papa Francisco promulgó hoy un decreto que cambia radicalmente la política de compras, licitaciones y contratos de la Santa Sede . El objetivo primordial es la transparencia, pero también la centralización de las compras y una drástica reducción de los gastos, más que necesaria en un momento de graves dificultades económicas .
En un nuevo «Motu Propio» que fue fruto de cuatro años de trabajo entre diversos entes vaticanos, el Papa estableció detalladas normas «sobre transparencia, control y competencia en los procedimientos de los contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano» . Se trata de un «Código de contratos» que de ahora en adelante se convertirá en una referencia única para todos los entes, del que se ocupó especialmente en los últimos meses el nuevo «ministro de Economía» del Vaticano, el padre jesuita Juan Antonio Guerrero Alves , sucesor del cardenal australiano George Pell en la Secretaría para la Economía, un cargo considerado una verdadera ‘papa caliente’.
Esta detallada legislación -que consta de 86 artículos, más 12 relativos a la tutela jurisdiccional en casos de contenciosos- «se inscribe en la más avanzada legislación internacional en la materia», subrayó un comunicado del Vaticano. Contempla la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, reemplaza las normativas anteriores y se extiende a todos los entes de la Santa Sede que adolecían de leyes propias para contratos y licitaciones. La nueva ley permitirá una mejor gestión de los recursos y reducirá el peligro de corrupción.
«La diligencia del buen padre de familia es el principio general y de máximo respeto, sobre la base del cual todos los administradores deben atender sus funciones», escribió el Papa en el comienzo del texto, que destaca la «urgente exigencia de una administración fiel y honesta», especialmente a la hora de gestionar biene públicos.
El primer artículo explica el objetivo de la nueva ley, que es el empleo sostenible de los fondos internos, la transparencia de los procedimientos de adjudicación, «la paridad de trato y la no discriminación de los oferentes, en especial, mediante medidas que permitan contrastar acuerdos ilícitos en materia de competencia y la corrupción».
El artículo 5 enumera los principios fundamentales: la ética en las decisiones económicos y en los interlocutores, en el respeto de la Doctrina Social de la Iglesia; la autonomía administrativa y la subsidiariedad; la leal colaboración entre los diversos entes, para obtener «economicidad, eficacia y eficiencia», así como «programación y racionalización del gasto», evitando operaciones no necesarias y, sobre todo, un procedimiento de adjudicación «transparente, objetivo e imparcial».
El nuevo código, que entrará en vigor en treinta días, contempla medidas en contra del conflicto de interés, así como de acuerdos ilícitos en materia de competencia y corrupción. Todo esto para evitar «cualquier distorsión de la competencia y garantizar la paridad de trato entre todos los operadores económicos», subrayó Vatican News.
Quedarán afuera de la inscripción del relativo Registro a instaurarse y de la participación en licitaciones, aquellos operadores económicos que en ese momento están bajo investigación, sometidos a medidas cautelares, condenas en primer grado por «participación en una organización criminal, corrupción, fraude, delitos terroristas, reciclaje de fondos provenientes de actividades ilícitas». Tampoco podrán participar evasores fiscales o operadores residentes en Estados con «regímenes fiscales privilegiados», es decir, en paraísos fiscales.
Para evitar derroches y siempre con el objetivo de la transparencia, el nuevo código implica una centralización de la gestión. Salvo excepciones, «todos los bienes y servicios, bajo pena de nulidad del relativo contrato, son ordinariamente adquiridos de modo centralizado», dice el texto. Las «autoridades centralizadas» son por un lado el APSA (Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica), que incluye los dicasterios de la curia romana y las instituciones relacionadas con la Santa Sede y por otro, el Governatorato -la administración de la Ciudad del Vaticano.
La Secretaría para la Economía, que dirige Guerrero Alves, en coordinación con el APSA y el Governatorato, cada seis meses publicará y aggiornará «la lista de los precios y los correspondientes de referencia de bienes y servicios», junto al costo del trabajo de los profesionales inscriptos en el Registro. En lo que supone otra inmensa novedad, los entes vaticanos deberán planear sus gastos antes del 31 de octubre de cada año.
En la Secretaría de la Economía también se creará un registro de empleados permanentes y temporarios habilitados para la función de proyectista perito y de miembro de una comisión evaluadora. Serán sorteados y participarán de forma rotativa en comisiones de acuerdo a sus calificaciones profesionales. En este marco, se detallan diversas «incompatibilidades» para ser inscripto, entre las cuales, ser familiar «hasta el cuarto grado» o la afinidad «hasta el segundo grado» de un operador económico que haya presentado una oferta, o haya sido socio en los cinco años anteriores.
El doctor Giuseppe Pignatone, presidente del tribunal del Vaticano, destacó en L’Osservatore Romano la importancia de la nueva ley. «Constituye una nueva e importante manifestación de la voluntad del papa Francisco y por ende, de la Santa Sede, de ser parte activa de la comunidad internacional, compartiendo y aceptando las reglas que han inspirado en estos años importantes reformas en varios campos del ordenamiento jurídico vaticano», dijo, al destacar que los objetivos son tres. «Primero, realizar notables reducción de gastos como resultado de una más amplia y correcta competencia entre los operadores económicos interesados, que podrán inscribirse en un registro, algo muy necesario en este momento, lamentablemente destinado a durar, de graves dificultades económicas en el mundo, pero también para el Vaticano; segundo, una eficiente gestión de los recursos; tercero, un renovado empeño en contra del riesgo de corrupción».
