El Estado de la Ciudad del Vaticano mejoró la eficiencia de su sistema de detección de actividades sospechosas de delitos financieros.
Así lo indica el Informe Anual de la Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, presentado este martes 21 de mayo y que abarca las actividades y estadísticas relativas al año 2018.
Según se explica en el informe, “en 2018 se registraron resultados significativos con referencia al marco regulatorio y al sistema de señalamientos”.
En relación al marco regulatorio que permitiría poner cerco a las actividades delictivas, en el informe se destaca que “la conclusión del proceso de adhesión de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano al ámbito geográfico de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA según sus siglas en inglés) representa un paso importante hacia la armonización y la eficiencia de las transferencias de fondos en el área europea”.
En este sentido, se destaca la primera condena por lavado de dinero dictada por parte del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano como resultado de un informe enviado por la AIF a la Oficina del promotor de Justicia de la Santa Sede, “así como la calidad cada vez mayor de los señalamientos por parte de los sujetos obligados”.
Aunque en el informe no se citan nombres, la condena reseñada se refiere al caso del empresario italiano Angelo Proietti, condenado el 17 de diciembre a 2 años y 6 meses de cárcel por lavado de dinero. Proietti tenía una cuenta bancaria en el Instituto para las Obras de Religión (IOR), más conocido como el “Banco del Vaticano”. La cuenta tenía más de un millón de euros y había sido confiscada por la AIF en 2014.
Esos hitos “indican una eficiencia cada vez mayor del sistema de señalamiento de actividades sospechosa”. Según el presidente de la AIF, René Brülhart, en declaraciones realizadas a los medios de comunicación en la presentación del informe, los logros obtenidos en la persecución de delitos financieros “demuestra los esfuerzos de la Santa Sede para reforzar la transparencia financiera”.
Por otra parte, en el informe se destaca también que “el sistema de señalamiento de actividades sospechosas ha registrado una disminución constante respecto a los años anteriores. En 2018, se enviaron 56 señalamientos de actividades sospechosas al AIF en comparación con las 150 del año precedente”.
Además, en el informe se resalta que “el marco regulatorio se ha fortalecido aún más, en particular con la introducción del Reglamento Nº 3 sobre los servicios de pago, del Reglamento Nº 4 sobre los requisitos de verificación adecuada, y del Reglamento Nº 5 sobre señalamiento de actividades sospechosas”.
ALD/Aciprensa
