Una sociedad en la que Rocío del Valle Maneiro tenía plenos poderes firmó un contrato con los expoliadores para cobrar hasta 15 millones. La trama también tuvo en nómina a un exalto cargo de la seguridad de Caracas, al que pagó 1,6 millones.
Una sociedad panameña en la que la embajadora de Venezuela en el Reino Unido, Rocío del Valle Maneiro, tenía plenos poderes firmó en 2012 un contrato para prestar supuestos servicios de asesoría y cobrar hasta 15 millones de dólares (14 de euros) de la trama de exviceministros chavistas investigada por saquear 2.000 millones de la principal firma estatal del país latinoamericano, Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa), según un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Cuando suscribió el acuerdo, la diplomática era la máxima responsable de la legación de Venezuela en China. Un cargo que ocupó entre 2004 y 2013.
Una treintena de miembros de la red de expolio están procesados en Andorra –donde ocultaron su botín gracias al manto protector del secreto bancario vigente hasta 2017- por cobrar sobornos a empresas extranjeras, principalmente chinas, que después conseguían millonarias adjudicaciones de la petrolera. Los saqueadores operaron entre 2007 y 2012.
La firma instrumental (sin actividad) panameña Valden Overseas S. A., representada por la embajadora, y en la que su hijo Juan Páez Maneiro controló el 100% del capital en 2013, fue el vehículo usado por la diplomática para suscribir el acuerdo. La embajadora fue contratada por la mercantil panameña High Advisory and Consulting S. A. pilotada por el empresario y presunto hombre de paja de la organización corrupta, Luis Mariano Rodríguez Cabello. El contrato tuvo una vigencia de dos años.
Aunque se desconoce cuánto ingresó Del Valle Maneiro por sus supuestos servicios de asesoría, los documentos revelan que la mercantil panameña vinculada a la diplomática emitió siete facturas en dos días de mayo de 2012 por un total de nueve millones de dólares (8,4 de euros) al testaferro de los expoliadores de PDVSA. “Pago de servicios de asesoría de administración de negocios en China”, recogen las facturas de la mercantil en la que la alta funcionaria tenía plenos poderes.
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Los investigadores de la Uifand, un organismo público del país pirenaico que lucha contra el blanqueo y que indaga los manejos de los expoliadores de la energética, cuestionan en un informe confidencial, fechado en noviembre de 2022, la veracidad de los trabajos de Del Valle Maneiro a la red. Y conectan los cobros con un mecanismo corrupto “[El contrato] no especifica las modalidades y condiciones de los servicios de asesoría a prestar”, recogen los agentes, que tildan el acuerdo de “ambiguo e impreciso”.
La Uifand también sostiene que Del Valle Maneiro, tal y como reveló este diario, manejó cuatro cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) con cuatro millones de dólares (3,7 de euros). Y que, para enmascarar el rastro de los fondos bajo sospecha, recurrió a una constelación de firmas panameñas creadas ad hoc por el banco. En su maniobra, la embajadora transfirió después, en 2013, 1,7 millones a sendas cuentas en Suiza y Miami a nombre de uno de sus hijos, según los investigadores.
El abogado de la diplomática en Andorra, Jordi Segura, niega el origen irregular de los fondos que Del Valle Maneiro depositó en la BPA.
Como su letrado, la embajadora siempre ha defendido la legalidad de su actuación. Cuando declaró como imputada ante un juzgado de Andorra, en septiembre de 2018, justificó que el dinero que ingresó en la BPA procedió de una venta en 2011 de unos derechos de herencia –donde figuraba entre 14 beneficiarios- de un terreno de 19.000 hectáreas que su familia tenía en el Estado venezolano de Sucre.
Alegó que cobró cinco millones tras la transacción y que el “comprador” fue Diego Salazar, miembro de la red y primo del exministro chavista de Energía, expresidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez. “Nunca he estado en una sociedad ni en una empresa de ningún tipo. Esto choca con las funciones que he tenido toda mi vida, de 38 años de servicio. Soy funcionaria de carrera, tengo una licenciatura, un máster y un doctorado […]. Nunca he actuado como intermediaria o auxiliadora ni como nada de Diego Salazar en ninguna empresa ni Gobierno… He cometido el pecado de ser amiga de toda la vida de la familia de Diego y de haberle vendido mis derechos sucesorios”, defendió hace cinco años la diplomática ante la instructora.
Al ser preguntada sobre si conocía a Rodríguez Cabello, la embajadora respondió que sí. Y señaló que este, presunto testaferro de la red –que movió 1.144 millones a través de 11 cuentas opacas en la BPA-, “formaba parte del equipo de Diego”, en alusión a Salazar, quien se hizo con 154 millones en contratos de empresas chinas.
Los investigadores andorranos conectan los ingresos de Del Valle Maneiro con el denominado Gran Volumen, un acuerdo de 20.000 millones de dólares (18.597 de euros) suscrito en 2010 entre Venezuela y China que permitió a empresas del gigante asiático hacerse con contratos del país latinoamericano. El grupo aprovechó la iniciativa presuntamente para hacer pasar por caja a los empresarios que aspiraban a las adjudicaciones.
Sueldo de 1,6 millones y plus de productividad para un exalto cargo de Caracas
La embajadora de Venezuela en el Reino Unido no fue la única funcionaria del país latinoamericano a sueldo de la organización corrupta. El que fuera secretario de seguridad ciudadana de Caracas Ramón Elías Morales Rossi cobró entre 2014 y 2015 un total de 1,6 millones de dólares de la trama de saqueadores, según los documentos a los que ha tenido acceso este diario.
A través de la sociedad instrumental Laurentis Group Inc, el exalto funcionario caraqueño firmó un contrato con la firma del testaferro de la trama Rodríguez Cabello. Vigente entre 2011 y 2019, el acuerdo recogía que Morales Rossi percibiría 300.000 anuales durante este periodo. Y abría la puerta a ingresar hasta un máximo de 500.000 dólares por ejercicio en concepto de productividad.
El que fuera secretario de seguridad ciudadana de Caracas emitió entre 2014 y 2015 dos facturas por un total de 1,6 millones a la trama con conceptos como “salario de 2013″ y “bonificaciones de productividad”.
Para justificar sus ingresos, Morales Rossi indicó a la BPA que el dinero era la contraprestación por su trabajo como consultor de la firma Inverdt asesores de negocios CA. Tras esta mercantil, se encontraba el ingeniero caraqueño José Enrique Luongo Rotundo, que está procesado en Andorra por pertenecer a la red.
Los investigadores andorranos, de nuevo, cuestionan el contrato del exalto funcionario. Y sostienen que no existen pruebas para acreditar la veracidad de sus supuestos trabajos. “No se observa ningún documento firmado en el que se identifiquen los proyectos o servicios prestados por Morales Rossi”, señalan los agentes de la Uifand.
Este diario ha intentado sin éxito recabar la versión de Ramón Elías Morales Rossi.
Formada por más de una treintena de exfuncionarios de la poderosa firma estatal y exdirigentes chavistas, entre los que figuran los que fueran hombres fuertes del expresidente Hugo Chávez (1999-2013), los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado, la red que saqueó PDVSA ideó un alambicado esquema por el que percibió comisiones de hasta el 10% de empresarios. Las firmas que desembolsaban los sobornos, especialmente chinas, resultaban después agraciadas con contratos de energética.
Para enmascarar la huella del dinero, la organización ocultó su botín a través de una opaca telaraña de cuentas en la BPA, a 7.400 kilómetros de Caracas. El caudal de fondos circuló a través de una treintena de sociedades en Suiza y Belice.
Para no levantar sospechas y revestir de legalidad el latrocinio, los ingresos se camuflaron bajo el paraguas de unos trabajos de asesoría que, según los investigadores, no existieron. La Justicia Andorrana atribuye a los miembros de la organización blanqueo de capitales en establecimiento bancario. Y la BPA, la entidad del pequeño país pirenaico que acogió el caudal de dinero sucio, fue intervenida en 2015 por las autoridades de este país por el supuesto lavado de capitales de grupos criminales.
El abogado de la diplomática: “Del Valle Maneiro ha acreditado el origen de sus fondos”
Jordi Segura, abogado en Andorra de la embajadora de Venezuela en el Reino Unido, Rocío del Valle Maneiro, asegura que su clienta ha justificado la procedencia de los cuatro millones que depositó en el principado pirenaico. “Se acreditó documentalmente su origen, que absolutamente nada tiene que ver con los aspectos que indica en su mensaje”, precisa el letrado al ser preguntado por el último informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), que conecta el dinero de la diplomática con la trama que saqueó Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA).
Según Segura, Del Valle Maneiro no está procesada en la denominada causa Venezuela, que indaga el presunto latrocinio de 2.000 millones de la energética pública entre 2007 y 2012, y su ocultación a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA).
El letrado sostiene que, tras su declaración en un juzgado de Andorra en este procedimiento como investigada, en septiembre de 2018, la diplomática no ha modificado su estatus procesal. “La señora Maneiro no ha sido procesada en dicha causa, ni se le ha requerido con posterioridad para prestar otra declaración, ni participar en ninguna diligencia de ninguna naturaleza”, defiende. “En la actualidad, la situación de la señora Del Valle Maneiro es exactamente la misma”, subraya.
Segura niega que su clienta haya sido interrogada judicialmente por el millonario contrato que firmó con la red de saqueadores. “En ningún momento, Del Valle Maneiro fue preguntada por estos aspectos y contestó [en su declaración judicial de 2018] con precisión y claridad a todas las cuestiones”, añade.
El letrado quita hierro al informe confidencial de la Uifand, del pasado mes de noviembre, que conecta a Del Valle Maneiro con un contrato que abría la puerta a cobrar hasta 15 millones de la red de saqueadores cuando la diplomática era embajadora de Venezuela en China. “Es únicamente una declaración de sospecha de la Uifand, no ninguna decisión o acto jurisdiccional. Lo que importa es lo que dice el batlle (juez), no lo que dice la Uifand. No se es investigado judicialmente por el hecho que la Uifand haga una declaración de sospecha”, concluye el Segura.
