La empresa que dirigía una tienda de Beverly Hills que alquilaba cajas de seguridad ha acordado declararse culpable de conspirar con los clientes para el lavado de dinero del narcotráfico.
Antilavadodedinero / Latimes
Según el acuerdo de declaración de culpabilidad con U.S. Private Vaults Inc, la oficina del fiscal de Estados Unidos en Los Ángeles acordó no presentar cargos penales contra los dos propietarios de la empresa. Esta decisión va en contra de una política reciente del Departamento de Justicia que exige a los fiscales que sean más agresivos a la hora de responsabilizar a las personas por las infracciones cometidas por las empresas.
La empresa admitió que entre sus clientes había narcotraficantes y que utilizaba las ganancias ilícitas para hacer funcionar el negocio. También reconoció que personas de la empresa vendían cocaína, organizaban tratos con drogas en la tienda y daban instrucciones a los clientes sobre cómo estructurar las transacciones en efectivo para eludir los requisitos de declaración de divisas.
Thom Mrozek, portavoz de la oficina del fiscal general, declinó hacer comentarios sobre el acuerdo, que se firmó en noviembre y se presentó ante el tribunal el miércoles.
El gobierno tendrá dificultades para cobrar las multas que puedan imponerse en la sentencia; U.S. Private Vaults prácticamente no tiene activos, según Michael Singer, el abogado de Nevada que negoció el acuerdo para la empresa.
La tienda U.S. Private Vaults, situada en Olympic Boulevard, dejó de funcionar en marzo de 2021, cuando los agentes federales que ejecutaban una orden de registro se llevaron todas sus cajas de seguridad, junto con al menos 86 millones de dólares en efectivo y millones de dólares más en joyas y objetos de valor que los clientes guardaban en su interior.
El ayudante del fiscal Andrew Brown, que dirige la investigación, ha calificado a la mayoría de los aproximadamente 800 clientes de la tienda como “delincuentes” en los documentos judiciales. Pero el gobierno no ha acusado a ningún cliente de delito alguno.
El juez que aprobó la orden de registro prohibió explícitamente al gobierno llevar a cabo cualquier “registro criminal o incautación del contenido de las cajas de seguridad”, ordenando a los agentes que identifiquen a los propietarios y devuelvan sus pertenencias.
Sin embargo, el FBI y la fiscalía han intentado confiscar el contenido de 369 de las cajas incautadas, alegando que el dinero, los metales preciosos, los relojes y otros bienes que contenían eran fruto de una actividad delictiva no especificada.
Tras una serie de demandas en las que se acusaba a los fiscales de pisotear los derechos de los titulares de las cajas, el gobierno ha devuelto decenas de millones de dólares en efectivo y objetos de valor a los clientes que decían haber sido acusados falsamente de haber cometido un delito.
