José Rafael Barreto Hung ha logrado, con un muy bajo perfil público, mantener por largos años una trama de corrupción mediante la cual ha legitimado capitales provenientes operaciones irregulares con Petrozamora, una empresa mixta en la que el 60 por ciento de las acciones pertenece al Estado venezolano, a través de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) y el restante 40 por ciento está en manos Gazprombank Latín América Ventures.
Antilavadodedinero / Miamidiario
El empresario, con su firma bandera Representaciones Barcan C.A. y otras individualidades, como su hija, Gisela Valentina Barreto García, ha configurado un esquema de lavado de dinero que ha ido refinando al haber entretejido una red en la que participan empresas de maletín que contratan con la estatal ventas y suministros que la petrolera paga con sobreprecios. Asimismo, Barreto supo aprovechar el sistema de control cambiario, el cual le permitió acceder a divisas con precio preferencial que luego hacía circular entre compañías ficticias y por diversos bancos.
Barreto opera desde el estado de la Florida, donde tiene propiedades en Estados Unidos. A pesar de las sanciones, el empresario continúa negociando con el estado venezolano al, parecer, sin ningún problema.
En la actualidad —abril de 2020— Representaciones Barcan C.A. mantiene sus actividades, aunque con restricciones debido a la pandemia del Covid-19, tal como lo registra uno mensaje de la firma en su cuenta de la red social Instagram en la que informa los teléfonos a través de los cuales atenderá a sus clientes en sus oficinas de Anaco, Caracas, Ciudad Ojeda y Maturín.
Barreto Hung formaría parte, según revela el periodista Casto Ocando, de las redes secretas que Tareck El Aissami había mantenido en El Salvador en connivencia con funcionarios de PDVSA y otros empresarios aliados del chavismo, para supuestamente lavar dinero proveniente de la corrupción y el narcotráfico. La fiscalía salvadoreña ordenó el allanamiento de empresas del conglomerado Alba Petróleo, bajo el control de Petróleos de Venezuela.
De acuerdo a la información que maneja Ocando, José Rafael Barreto Hung presuntamente operaría como vínculo entre El Aissami y el excomandante guerrillero y exfuncionario gubernamental, José Luis Merino, señalado de supuestamente participar en múltiples hechos de corrupción.
A pesar de dificultades surgidas luego de que Estados Unidos sancionará a PDVSA y sus filiales, José Rafael Barreto y Representaciones Barcan C.A. han logrado mantener sus supuestos negocios irregulares.
Un correo electrónico, que suponemos fue escrito en algún momento en el que comenzaron a vislumbrarse las dificultades que PDVSA experimentaba para realizar sus operaciones, debido a las sanciones, el remitente perteneciente a Representaciones Barcan C.A. hace referencia a una reunión sostenida en PDVSA La Campiña en la que entregaron todas las facturas a César Caraballo y Robiro Molina. Este último ordenó pagarlas y, por tanto, debían “estar extra pendientes para que paguen todas las facturas de una vez”.
Se refiere en el correo que PDVSA evaluaba que los pagos menores a USD 500 mil se hicieran a través de Gazprom. Debían, en consecuencia, anular las viejas facturas y refacturar. Se advierte la necesidad de actuar con prontitud pues PDVSA presentaba problemas de liquidez y contaba con poco dinero para pagar solamente a algunas empresas.
Los ojos de Estados Unidos permanecen atentos a las relaciones de Rusia y sus empresas con el régimen de Nicolás Maduro, tal como lo comprueba el hecho de que el Departamento del Tesoro haya sancionado, en marzo de 2020, a una empresa filial de la estatal rusa Rosneft por su apoyo al transporte y la venta de petróleo venezolano. Se trató de TNK Trading International (TTI), una compañía con domicilio en Suiza que compró casi 14 millones de barriles de petróleo crudo de PDVSA en enero del 2020.
El esquema
Para llevar a cabo sus operaciones irregulares, José Rafael Barreto decidió aplicar un camuflaje a sus movimientos, y para ello estructuró una red de pagos a través de bancos en Rusia, Alemania y los propios Estados Unidos, un mecanismo de perfeccionamiento y refinación del esquema con el que venía operando.
Representaciones Barcan, CA. vende servicios a Petrozamora y luego recibe los pagos canalizados a través del banco ruso PJSC Sberbank, de Moscú, en una cuenta identificada con el número 40820810238049765183, a nombre de Gisela Valentina Barreto García.
Además del citado Sberbank, aparece también VTB, Gazprombank.
Una fuente vinculada a la investigación aseguró que existe un esquema complejo de lavado de dinero que involucra a cuatro países (Rusia, Alemania, Estados Unidos, Curazao y Venezuela), tres bancos (Sberbank de Rusia, Deutsche Handelsbank AG en Alemania, y Bank of America de EE. UU.) y dos empresas (Petrozamora y Representaciones Barcan C.A.).
Es pues, una trama diseñada por quien fue gerente de Barcan, Víctor Bello, apunta la fuente.
Refiere que, como proveedor de la petrolera, Representaciones Barcan C.A. recurre a la vieja práctica de abultar el monto de las facturas que presentan a PDVSA, en este caso a Petrozamora.
El sistema de control cambiario se convirtió en la fuente de extracción de recursos al erario público que operó con la complicidad de empresarios y funcionarios corruptos que catalogaban las importaciones de los primeros como “prioritarias”, a sabiendas de que las facturas presentadas estaban caracterizadas por el sobreprecio.
En el esquema, que aquí presentamos es claramente visible al hacer un cruce entre, por ejemplo, la factura que la empresa Canusa-CPS le entrega a Barcan por USD 41.391,36, los cuales son solicitados a Cadivi.
En esa misma relación de importaciones realizadas en 2014 de la que presentamos a continuación un fragmento, se da cuenta del uso de las divisas otorgadas por el estado venezolano por diferentes vías. Allí es posible ver los nombres de algunas empresas que veremos reseñadas en esta nota.
La fuente indica que las empresas presentaban a Cadivi sus solicitudes de divisas preferenciales respaldadas con facturas con sobreprecios que luego el organismo cambiario cancelaba con precios de hasta un 80 por ciento de incremento. Las empresas que realmente suministraban los equipos recibían por ellos cuando mucho el 20 por ciento de los recursos entregados por el estado venezolano.
