Una nueva investigación de la Fiscalía General de Colombia, reveló la oscura mancha detrás de los ingresos de una de las comercializadoras de oro más grandes del país y sus maniobras para limpiar el dinero extraído de la minería ilegal.
En la segunda fase de la operación “Leyenda del Dorado”, la Dirección Especializada de Lavado de Activos de la Fiscalía desmanteló un carrusel de supuestos proveedores de oro, en el cual participó una reconocida comercializadora de oro con sede en la ciudad de Medellín, de nombre C.I.J Gutiérrez o Fundición Gutiérrez.
La directora de esta unidad especializada, Luz Ángela Bahamón afirmó: “En primer lugar, que la comercializadora (C.I.J Gutiérrez) conformó un carrusel de proveedores alrededor de ella, sin capacidad económica o fachadas, empresas o personas con muchísimo dinero circulando, pero con bajos niveles de utilidad”.
En la revisión de las transacciones de los últimos 10 años de esta empresa, descubrieron varias operaciones ficticias que involucran el lavado de activos de alrededor de US$740 millones (2.4 billones de pesos). Estos recursos, harían parte de una serie de maniobras ilícitas a las que habrían incurrido grandes comercializadoras para exportar toneladas de oro producto de la minería ilegal.
El elevado crecimiento que sufrieron las exportaciones de esta reconocida empresa entre 2006 y 2012, la cual según datos reportados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), pasó de exportar US$146.070 en el año 2006 a US$453.433 en el año 2012, mostrando un crecimiento del 210.4 por ciento en el periodo en mención y abriendo interrogantes en las autoridades sobre su repentino enriquecimiento.
Mientras las dragas y las retroexcavadoras se llevan la atención de las autoridades en la lucha contra la minería ilegal debido a su fuerte impacto medioambiental, la Fiscalía dejó en evidencia una estrategia más discreta, la cual hace parte de una maniobra clandestina que sustrae beneficios de la minería ilegal bajo el marco normativo de la institucionalidad colombiana.
Para legalizar el oro con fines de exportación, las empresas deben demostrar el origen legal del mineral a través de explotadores autorizados por el Código de Minas. Dentro de ese listado, están los mineros de subsistencia, o también conocidos como ‘Barequeros’.
Los denominados ‘Barequeros’ son aquellos pequeños mineros que viven de extraer el recurso mineral en las orillas de los ríos sin ninguna ayuda de maquinara y venden pequeñas fracciones de oro como forma de subsistencia. Son considerados como el eslabón más frágil de la cadena de la minería ilegal y pieza manipulable para al andamiaje criminal de las organizaciones ilegales.
Una investigación del Ministerio de Minas y Energía en 2016, descubrió en un registro de la Agencia Nacional Minera (ANM) que 8.000 Barequeros, de los 100.000 registrados con permisos de explotación, se encontraban fallecidos o eran personas inexistentes. Este tipo de práctica, ya se había registrado en la Fiscalía, cuando en el 2015 capturaron a representantes de C.I. Goldex, acusados de simular millonarias transacciones por medio de falsificación de firmas y suplantación de huellas digitales.
A pesar que las medidas legales se fortalecieron para evitar este tipo de trampas, la Fiscalía determinó que la comercializadora C.I.J Gutiérrez era una de las principales promotoras de este tipo de prácticas en la actualidad. Una de las primeras pistas —según el documento de la Fiscalía— fue el registro de una serie de compras por un valor de US$492.000 a proveedores quienes no aparecían en registros oficiales o ya estaban muertos según la investigación.
La identificación de personas fallecidas en esa lista de proveedores de oro, se logró establecer por medio de dos asesinatos que a primera vista no tenían relación alguna y se habían perpetrado en partes diferentes del país, una en Barranquilla al norte de Colombia y la otra en el Bajo Cauca antioqueño en el occidente. Finalmente, se estableció que compartían una particularidad, ya que meses después ambos aparecieron como barequeros y proveedores de oro de la empresa mencionada, también señala el reporte de la Fiscalía.
Asimismo, el material probatorio del ente investigador, reveló transacciones elevadas con proveedores sin capacidad económica (barequeros) para respaldar millonarios negocios que representaron la suma de US$218.000.000. Este tipo de suplantaciones tienen dos propósitos esenciales: el primero es simular envíos de oro “fantasma” que permitan legalizar grandes movimientos de dinero en el extranjero, y por otro lado están aquellas exportaciones de oro ilegal camuflado que pueda ser distribuido en los mercados de Estados Unidos y Europa de forma legal.
Lo anterior hasta hora es la etapa preliminar de una investigación que aun tiene mucho por revelar, sobre todo en el plano de las conexiones a nivel internacional. Queda la interrogante de por qué Colombia sigue siendo un país que exporta más oro del que produce, con 41 toneladas de oro producidas en 2017 según la ANM, frente a las 58 toneladas exportadas en el mismo año.
