El lavado de dinero afecta la institucionalidad de los gobiernos y puede llevar a la muerte civil de empresas que resultan salpicadas por operaciones con dineros ilícitos, advirtieron expertos que participaron en el foro “Nuevos requerimientos de la Ley contra el Lavado de Dinero”, organizado por HUB-LPG, El Salvador.
Miguel Serafín, jefe del Departamento de Conductas y Gobierno Corporativo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) explicó la legislación que actualmente aplica a las empresas y la regulación cuando se mueve dinero fruto de actividades ilícitas, que van desde delitos como narcotráfico y secuestros, hasta sobornos y evasión fiscal.
Por su parte, Mario Menjívar, experto en prevención de lavado de Auditaxes El Salvador, señaló que “existe la ventaja de que por el momento no se está sancionando, al UIF solo está enviando notificaciones a las empresas que no han completado el proceso, entonces hay tiempo de hacerlo”.
Finalmente, Xóchitl Padilla, abogada penalista mexicana habló sobre la experiencia de su país, y afirmó que las leyes implican una carga mayor sobre las empresas formalmente establecidas, que sobre los verdaderos criminales. “Ustedes me preguntarán, si las leyes en México son tan estrictas, ¿por qué no vemos narcos presos? Pues porque las leyes no están hechas para ellos, sino para ustedes”, afirmó.
Reiteró Padilla que la presunción es inversa: es el acusado el que debe comprobar el origen lícito de sus fondos, por lo que la buena gestión se vuelve doblemente necesaria.
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