La causa estaba a punto de prescribir. La Justicia entendió que el dinero no tenía dueño.
Antilavadodedinero / infobae.com
La Justicia federal de Lomas de Zamora decomisó unos 500 mil dólares que habían sido secuestrados en 2008 durante un operativo en el aeropuerto de Ezeiza. Ahora, cuando la causa estaba por prescribir y aunque no haya condena, el dinero se destinará a cubrir las demandas del sistema de salud en la lucha contra el coronavirus. Gran parte del dinero será destinado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y el resto a la cooperadora del Hospital Francisco Muñiz, el principal centro de infectología del país.
Se trata de 503.114 dólares que habían sido secuestrados en agosto de 2008 durante un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ese día, dos hombres de nacionalidad boliviana intentaron trasladar ese dinero en un “bolso de mano”. Cuando les preguntaron, dijeron que el dinero no era suyo, sino que eran empleados de una empresa y que se trataba de una suma destinada a pagar un crédito.
Sin embargo, cuando la justicia reclamó informes a Bolivia para saber los detalles de la empresa, nunca llegaron respuestas. La firma, al parecer, ya no existía. Pero buscando el nombre en internet se toparon con el nombre de esa sociedad aparecía ligados a presuntas estafas, lavado de dinero y defraudación fiscal, dijeron a Infobae fuentes judiciales.
La Unidad de Información Financiera (UIF), además, daba cuenta de un “Reporte de Operación Sospechosa” en donde se planteaba “considerables movimientos de dinero en las cuentas de la empresa una vez cesada la operatoria de esa firma en nuestro país y sin haber presentado su representante ninguna documentación respaldatoria respecto de su origen”.
Así, la causa quedó casi paralizada durante años, sin poder avanzar ante la falta de respuesta internacional que permitiera poder avanzar sobre el origen del dinero. Además, se aplicaba la vieja figura de lavado de dinero, que prevé una pena de 3 años de cárcel porque estaba ligada al encubrimiento de otro delito.
A fin de 2019, con la causa casi paralizada y al borde de la prescripción, la fiscal Cecilia Incardona, con la colaboración de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación, solicitó hacer uso del dinero sin necesidad de condena penal.
En su presentación, la fiscal requirió la aplicación al caso de la figura del “decomiso sin necesidad de condena penal” por entender que que se encontraba acreditado judicialmente el origen ilícito de los activos objeto de decomiso. En ese momento, el abogado que se presentó en la causa se opuso. Dijo que eso no podía ejecutarse, y reclamó que le devolvieran el dinero, acreditando esa supuesta propiedad en un “mutuo” de 400 mil euros.
La decisión sobre qué hacer con el dinero quedó suspendida hasta que apareció la pandemia del coronavirus y se solicitó que esos 500 mil dólares se aplicaran a ayudar a frenar y combatir esta enfermedad. El juzgado de Lomas de Zamora hizo lugar a la propuesta al ratificar que ese dinero “no tiene dueño” y por lo tanto no se podía devolver.
“Resulta forzoso concluir que, además de haber sido retenido en el marco de una investigación por el delito de lavado de activos, el dinero secuestrado al Sr. Hugo Raldes Silva carece de dueño o, cuanto menos, se trata de un bien de dueño desconocido, por lo que, al haber sido aprehendido por el Estado Nacional, es éste quien tiene la potestad exclusiva para disponer de él y otorgarle la finalidad social que estime pertinente”, subrayó el fallo.
La Justicia puso así en vigencia que la estrategia de recuperación de bienes de origen ilícito «serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado”. Y entendió que había que aplicarla para hacer frente a la emergencia sanitaria frente a la pandemia del virus COVID-19.
Según se precisó, la mayor parte del dinero irá destinado al Hospital de Clínicas, que tiene “un sistema muy transparente de cuentas”. Es el hospital referente de la Facultad de Medicina de la UBA y la intención es que se adquieran los kits reactivos, insumos y/o equipamientos que resulten necesarios para colaborar en la extensión del diagnóstico de la infección por COVID-19. En la justicia consideraron que se trata de “una tarea fundamental para el control efectivo de la pandemia de acuerdo a la OMS, tanto en el escenario de una cuarentena estricta como en el supuesto en el que el Poder Ejecutivo Nacional decida ampliar las actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
En tanto, otros 25 mil dólares fueron destinados a la cooperadora del Hospital Francisco J. Muñiz Asociación Civil para la adquisición de los bienes o insumos. “En distintas causas se está aplicando el uso de bienes incautados para darle un destino en medio de esta pandemia, pero acá se trata de una cantidad de dinero muy importante y tratamos de que se le pudiera dar un uso concreto y útil en el contexto de lo que está pasando”, destacaron las fuentes consultadas.
