Era una muerte anunciada y llegó el día. La unidad Bonaire Petroleum Corporation (BOPEC) propiedad de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la isla caribeña holandesa está en bancarrota y declaró el cese de sus operaciones. La medida constituye la evidencia más reciente del deterioro administrativo de la estatal y de los activos logísticos y de refinación de la estatal en el Caribe.
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BOPEC ―con capacidad para almacenar unos 10 millones de barriles de petróleo― se cobija en excusas. Trata de escudar sus limitaciones para pagar sus deudas y expone su incumplimiento como un hecho que resulta de las restricciones al «acceso al comercio internacional» que derivan de las sanciones impuestas por Estados Unidos, así lo señala la compañía en un expediente judicial presentado ante el Tribunal de primera instancia de Bonaire, asegura Reuters.
Sin embargo, estos argumentos son flojos, debido a que este terminal está en conflictos desde antes de las medidas impuestas por la Casa Blanca. Realmente, entres las causas principales que llevaron a BOPEC a la quiebra estuvieron la subinversión y también la corrupción.
La licencia de PDVSA para operar el terminal de almacenamiento de petróleo en la isla caribeña de Bonaire, perteneciente a Holanda, estaba en riesgo desde 2017 por el incumplimiento en las reparaciones extensivas en los muelles, tuberías, tanques, equipos de extinción de incendios y sistemas eléctricos.
El gobierno de Bonaire exigía desde hace dos años a la empresa bajo el régimen de Nicolás Maduro que desocupara el petróleo almacenado en los tanques de su terminal BOPEC, ante el riesgo de que se produjera un derrame con los consecuentes daños ambientales.
PDVSA funcionaba sin los estándares internacionales e irrespetaba el plan solicitado por la Inspección de Medio Ambiente y Transporte (ILT) de Bonaire.
A medida que avanzaron los preparativos para la transferencia, BOPEC intentó vender combustible venezolano almacenado para pagar las deudas locales bajo los términos de una licencia especial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Pero PDVSA aún como dueño de BOPEC y con la licencia OFAC de Bonaire, vigente hasta diciembre del año pasado, tenía el tiempo en contra para superar los requisitos para la comercialización del petróleo con las sanciones de Estados Unidos en medio del panorama.
Ahora el tribunal señala que BOPEC negocia con «una parte que pueda poner a disposición los activos líquidos necesarios» para permitir que la empresa «satisfaga a sus acreedores preferenciales y ofrezca un acuerdo a sus acreedores no garantizado».
Cadena de conflictos
Además de BOPEC, el contrato de PDVSA para operar la refinería Isla en Curazao con capacidad de 335.000 barriles por día finalizó en diciembre de 2019 y Citgo Petroleum Corp, también unidad de PDVSA, ahora bajo el control de la oposición venezolana respaldada por Estados Unidos, transfirió el año pasado el control de la refinería San Nicolás, en Aruba, al gobierno de la isla.
A ello se agrega que el lío con la compañía ConocoPhillips, con sede en Houston, por el control de los activos petroleros de Venezuela en Bonaire, Curazao y Aruba.
Una corte de Curazao le autorizó a ConocoPhillips embargar 636 millones de dólares en activos de la estatal venezolana PDVSA como parte de un litigio de 2000 millones de dólares por la nacionalización de los proyectos de la petrolera estadounidense en Venezuela hace una década.
La decisión del tribunal otorgó a Curazao el poder para adjuntar «petróleo o productos derivados del petróleo, en los barcos y en los depósitos bancarios».
La petrolera venezolana pretendía resolver por «la vía legal y pacífica» esta decisión de la Cámara de Comercio Internacional, que determinó el monto que le correspondía cancelar a PDVSA por la salida de Conoco de un proyecto petrolero en la rica Faja del Orinoco.
