Después de un largo proceso legislativo, la Cámara de Diputados de Brasil dio el visto bueno a la PL 3.626/23, que establece el marco legal para el funcionamiento del juego online y las apuestas deportivas en el país.
El proyecto, que ya había sido aprobado por el Senado con algunos cambios, solo necesita la firma del presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, para convertirse en ley.
Se trata de una noticia histórica para el sector del juego del país, que llevaba años reclamando una regulación integral que abarcara todas las modalidades de juego, incluyendo los juegos de casino y poker online.
La iniciativa fue impulsada por el presidente de la Cámara, Arthur Lira, quien argumentó que la prohibición no impedía la existencia del juego, sino que favorecía el mercado ilegal y la evasión fiscal.
Según el texto aprobado, las empresas que quieran ofrecer servicios de juego online y apuestas deportivas deberán cumplir con una serie de requisitos, como pagar el 12% sobre los ingresos brutos (GGR), tener al menos un 20% de capital en Brasil y someterse a la supervisión de los reguladores.
Los jugadores estarán sujetos a un Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 15% sobre sus ganancias, y las actividades de juego y apuestas deberán contribuir con el 2% de sus ingresos a la Seguridad Social.
El proyecto de ley también prevé una distribución de los recursos generados por el juego entre distintas áreas sociales, como la educación (1,82%), el deporte (6,63%) y el turismo (5%).
Por otra parte, la regulación establece límites y restricciones para la publicidad del juego y las apuestas deportivas, que no podrá presentarlos como socialmente deseables o sugerir que influyen en el éxito personal o profesional. Además, las campañas publicitarias deberán incluir advertencias sobre los riesgos del juego compulsivo, y respetar horarios y medios adecuados.
La regulación del juego online en Brasil representa un gran avance para la industria, que puede generar beneficios económicos y sociales para el país. Sin embargo, también se trata de un gran desafío para los operadores, los jugadores y las autoridades, que deberán velar por el cumplimiento de la ley y la protección de los consumidores.
