La idea es prohibir el pago en efectivo cuando las transacciones comerciales o financieras superen las 50 UF, es decir, alrededor de 1 millón 800 mil pesos y de ese modo restringir el uso de grandes sumas de dinero.
Con el objeto de contar con medidas que permitan enfrentar el lavado de dinero, los senadores Ximena Rincón, Luciano Cruz-Coke, Rojo Edwards, Kenneth Pugh y Gustavo Sanhueza, presentaron un proyecto de ley para restringir el uso de dinero en efectivo en transacciones que superen las 50 UF, es decir, 1 millón 800 mil pesos.
Asimismo, la iniciativa propone sanciones de multas equivalentes al 25% del monto total de la operación a quienes paguen o reciban cantidades en efectivo por ese valor.
El proyecto, que fue remitido a la Comisión de Economía para su estudio, señala que es urgente formular estrategias eficaces de lucha contra el lavado de dinero y el consecuente financiamiento de estas actividades criminales.
Según sus autores «conscientes de la necesidad de adoptar medidas efectivas para combatir estas amenazas, es que se busca establecer límites a las transacciones en efectivo, promoviendo el uso de medios electrónicos y bancarios y/o mediante instituciones financieras, que permitan garantizar la trazabilidad, transparencia y seguridad de las operaciones financieras».
Agregan que «la detención y reporte de transacciones sospechosas son actuaciones esenciales que demuestran el esfuerzo para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento de la criminalidad organizada, requiriendo mecanismos que colaboren en identificar y reportar actividades financieras ilícitas, por lo que resulta necesario adecuar nuestra legislación a estas medidas adoptadas en el derecho comparado en orden a restringir el uso de grandes sumas de dinero en efectivo».
A juicio de los senadores, aún quedan espacios donde que el orden jurídico debe atender con mayor rigurosidad, toda vez que aún no resulta posible atajar a la piedra angular del crimen organizado y narcotráfico, como «los excesos de dineros mal habidos que provienen de este enriquecimiento ilícito, derivado de la trata de personas, prostitución, venta de drogas, el contrabando de armas, extorsiones y una serie de redes asociadas a diversas actividades ilícitas».
